En Fiske Menuco, General Roca, comienza el juicio oral contra cinco efectivos de la Prefectura Naval Argentina por el crimen de Rafael Nahuel, un joven de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Bariloche. Rafael fue asesinado el 25 de noviembre de 2017 dentro del territorio ancestral ubicado en el kilómetro 2.006 de la ruta nacional 40, cerca del lago Mascardi, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Los prefectos acusados por el homicidio son Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Sergio Damián García y Juan Ramón Obregón. Ellos formaron parte del grupo táctico Albatros que ingresó al predio que la comunidad reclamaba como propio para realizar un rastrillaje y detener a varias personas que habían huido a las montañas cuando, dos días antes, efectivos de la Policía Federal y de Prefectura habían desalojado a la comunidad y detenido a varios de sus integrantes, entre ellos mujeres y niños, a quienes mantuvieron precintados durante varias horas.
Ese 25 de noviembre, Cavia, Pintos, Sosa, García y Obregón volvieron a ingresar al territorio y ante la presencia de varias personas en una de las montañas circundantes, comenzaron a disparar contra un grupo de jóvenes, primero con marcadores de pintura y luego con armas cargadas con balas de plomo. Uno de esos disparos alcanzó a Rafael Nahuel, de 22 años, mientras se escapaba de los tiros montaña arriba. El proyectil le entró de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba, por la cadera izquierda, le atravesó varios órganos vitales y quedó alojado debajo de su axila derecha. Rafael murió casi de inmediato. También hubo cuatro heridos. En la escena del hecho se encontró evidencia que confirma que los prefectos realizaron, por lo menos, 130 disparos mortales.
El homicidio de Rafael Nahuel se produjo en medio de una campaña contra las comunidades indígenas mapuche por parte de la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien alimentaba y aún hoy alimenta la idea de que los mapuches son un “enemigo interno” y una amenaza para la soberanía el Estado. En el mismo sentido, desde ese Ministerio se buscó instalar una versión falsa de los hechos según la cual la muerte de Rafael Nahuel se produjo durante un enfrentamiento entre los acusados y el grupo de mapuches. Junto con la muerte de Santiago Maldonado, son dos ejemplos de las consecuencias de la criminalización de los conflictos sociales.
La fiscal federal de Bariloche Sylvia Little hizo propia esa versión. Por eso los prefectos llegan a juicio imputados como coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa.
Este juicio es una oportunidad histórica para esclarecer qué pasó, acercar un poco de justicia a Rafael Nahuel, a sus familiares y demás miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, y fijar límites claros al accionar de las fuerzas de seguridad en contextos de conflictos sociales, como lo son los reclamos y las acciones de los pueblos indígenas en defensa de sus derechos y su territorio.
Foto: Euge Neme