Con el mensaje de que el ajuste económico no puede ser una excusa para restringir derechos participamos de la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Frente a distintos relatores especiales analizamos las medidas tomadas por Javier Milei desde el comienzo de su gobierno, que provocaron un deterioro de las condiciones de vida de la población en Argentina, en especial en los sectores más desprotegidos.
En nuestro país, una de cada tres familias vive en viviendas deficitarias y más de 5 millones de personas viven en asentamientos sin acceso a servicios básicos. Un 20% de la población tiene que alquilar para poder tener un techo. La desregulación de la política habitacional deja a la población vulnerable frente a las condiciones abusivas del mercado. Por eso, en un diálogo con el Relator Especial sobre una vivienda adecuada planteamos que a partir de la derogación de la Ley de Alquileres y el desfinanciamiento de las obras de infraestructura para miles de asentamientos informales en todo el país, el Estado argentino abandonó su deber de garantizar el derecho a la vivienda. También le pedimos al relator que siga de cerca la situación e inste al Estado argentino a abstenerse de adoptar medidas regresivas en materia de derecho a la vivienda.
Luego, ante la Experta Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa, señalamos que las políticas del actual gobierno son opuestas a las recomendaciones que realizó durante su última visita a la Argentina en 2022. El ajuste del gobierno está llevando al país a números récord de devaluación de la moneda, inflación y caída del salario real para destinar buena parte del ahorro fiscal al pago de la deuda externa sin tomar medidas suficientes de contención social. La séptima revisión del acuerdo con el FMI es un hecho preocupante al que la experta debe atender con el fin de profundizar la articulación entre los organismos de protección de derechos y las Instituciones de Financiamiento Internacional.
También describimos el avance del Poder Ejecutivo sobre los derechos de quienes se manifiestan, atacando la organización colectiva y retrocediendo en aspectos centrales del derecho a la protesta social. En nuestra participación frente al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, expresamos preocupación por el Protocolo emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación que considera el corte de calles como un delito, establece el cobro de multas a organizaciones sociales por protestar, deroga la prohibición de portar armas de fuego en protestas para las fuerzas federales y desconoce el derecho de les niñes a manifestarse. A esto se suma la amenaza a quienes van a una protesta de que ya no podrán cobrar beneficios sociales y la constante estigmatización de defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, todo lo cual está dirigido a desmovilizar. Por eso pedimos a la Relatoría que haga una visita oficial a la Argentina para asegurar que el Estado respete el derecho a la protesta.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne en Ginebra, Suiza. Este es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos. Tiene la capacidad de discutir todas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención. El Consejo está compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.