En Argentina la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho para niñas, mujeres y todas las personas con capacidad de gestar hasta las 14 semanas de un embarazo. Así lo establece desde 2020 la Ley 27.610. Sin embargo, las medidas de ajuste y reforma del Estado del gobierno de la Libertad Avanza pusieron al límite las posibilidades de acceder a un aborto legal así como a otros servicios de salud integral, incluidos los que garanizan los derechos sexuales y los derechos reproductivos, todos protegidos por la Constitución Nacional.
Según la ley, toda persona que cumpla las condiciones debería poder acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo (IVE) en cualquier hospital público y privado del país en un plazo de 10 días. El método depende de la edad gestacional, las posibilidades del centro asistencial y el propio deseo de la persona. Entre los más habituales y seguros, está la prescripción o receta de misoprostol y la mifepristona. Pero durante todo 2024 el Estado nacional no encargó compras ni distribución de estos medicamentos y ya informó que no lo hará en 2025. Así, brindar el acceso a un aborto en la salud pública queda a critero de cada provincia según sus recursos, genera desigualdad entre quienes viven en distintas partes del país y muchas veces termina dependiendo del activismo de quienes trabajan en salud.
Esas compras deberían hacerse dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsablo, como parte de la Ley 25.673. Ante su falta, en febrero presentamos una acción contra el Ministerio de Salud de la Nación para que asegure misoprostol y mifepristona a las provincias. La respuesta aún está en trámite.
Garantizar que las mujeres puedan tener autonomía sobre su cuerpo y su salud es también una obligación del Estado. Debería cumplirla a través de servicios y prestaciones que permitan acceder a asesoramiento e insumos para tomar decisiones. Hace más de 20 años que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva definió que el Estado nacional asumiera un rol central en el acceso a métodos anticonceptivos. Pero con el monitor de La Cocina de los Cuidados diagnosticamos que también están en riesgo las políticas vinculadas a ese derecho. En 2025 la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva sufrió importantes recortes y el ajuste impactó, en particular, en el Programa Remediar que brindaba acceso y distribución directa de medicamentos en centros de salud pública en las provincias. Mientras que el Plan ENIA, que había logrado reducir en un 50% los embarazos durante la adolescencia, fue directamente eliminado. El gobierno argumentó que fue un fracaso.
Cuáles son los derechos y cómo acceder
En este sitio especial, ofrecemos información clave para que todas las mujeres y personas gestantes puedan conocer cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos y a qué servicios de salud deberían acceder según las leyes argentinas. Es un material útil para compartir en organizaciones, escuelas y espacios barriales y para tener a mano para cuando alguien necesita ayuda, contención, asesoramiento.
Las obras sociales o prepagas tienen la obligación de garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Para quienes no tienen, los métodos anticonceptivos y el acceso a la IVE son parte de la cobertura universal del sistema público de salud.
En este contexto de recortes, recordamos que el equipo del CELS y la Clínica Jurídica brinda asistencia legal para quienes sufren obstáculos para acceder a estos derechos. Se puede consultar directamente completando este formulario.
Actualización septiembre 2025
En la causa en la que, junto con el Colectivo de Abogados y Abogadas Populares La Ciega, accionamos contra el Ministerio de Salud de la Nación para que adopte medidas urgentes para la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, nos encontramos a la espera de una definición de la Cámara de Apelaciones. El juez había ordenado su inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dispuesto medidas de publicidad para garantizar que todas las personas potencialmente afectadas tomen conocimiento del proceso a cargo del Ministerio. Apelaron y la resolución aún está en trámite.
Foto: María Eugenia Cerruti / CELS