Nueve expertos y expertas de Naciones Unidas le enviaron una carta al gobierno de Javier Milei en la que expresan su preocupación por la represión en Argentina desde diciembre de 2023 y alertan por la “calificación política de las protestas por parte de las autoridades como actos de terrorismo o delitos contra la seguridad nacional”.
También hicieron hincapié en el “esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor, lo que parece ser un ataque directo a la independencia del poder judicial”, en alusión a quienes ordenaron la liberación de manifestantes.
“Nos preocupa la ampliación de las leyes contra la financiación del terrorismo para incluir amenazas vagas y excesivamente amplias a la seguridad nacional, determinadas a discreción sustancial del Ministerio de Seguridad”, señalaron. Y pusieron alerta en que “la enmienda parezca tener por objeto congelar los bienes y estigmatizar a las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica en virtud del derecho internacional”.
Durante más de un año, las distintas relatorías especiales y grupos de trabajo de ONU documentaron denuncias por el uso de armas menos letales sin protocolos, operativos policiales desproporcionados, heridas graves a manifestantes, violencia policial, detenciones arbitrarias y en condiciones inhumanas y judicializaciones de forma preventiva, incluido trabajadores de prensa. A partir de esos informes elevaron las observaciones y preocupaciones presentadas al Estado argentino.
A su vez recordaron que el derecho de reunión pacífica es una herramienta utilizada para reconocer y hacer efectivos otros derechos, como los económicos, sociales y culturales, y que los Estados deben facilitar y proteger el derecho a la protesta. “La falta de respeto y garantía del derecho de reunión pacífica suele ser un indicador de represión”, indicaron en la carta que se hizo pública el 11 de julio pero que fue enviada dos meses antes.
Las relatorías especiales que firmaron la carta son: la de derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la de promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la que interviene sobre la situación de los defensores de derechos humanos; la de independencia de los magistrados y abogados; la de promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; la de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; junto a la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad y el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.
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