El 20 de octubre de 2010, Mariano Ferreyra, de 23 años, junto a militantes de su espacio, participaron de una protesta en apoyo a los trabajadores ferroviarios que reclamaban por las condiciones precarias de contratación y protección de los tercerizados de la Línea Roca. Una patota del sindicato Unión Ferroviaria, atacó a los manifestantes con botellazos y piedras. También con disparos de armas de fuego. Mariano murió alcanzado por una bala en el abdomen, otras tres personas resultaron heridas. El ataque dejó al descubierto un entramado de relaciones entre sectores del sindicalismo, del poder político y judicial, y de las fuerzas de seguridad.
Por el crimen de Mariano fueron condenados en 2013 miembros del sindicato, entre ellos su titular José Pedraza, y agentes de la Policía Federal. Pero, quedó pendiente un eslabón más en la búsqueda de justicia: mientras se investigaba el homicidio, se descubrió una maniobra para que José Pedraza y los demás responsables del homicidio quedaran impunes.
Hay prueba para afirmar que el plan estuvo orquestado entre integrantes de la Unión Ferroviaria, un ex agente de inteligencia, el estudio jurídico de un ex juez federal, un funcionario judicial y uno o varios jueces de la Cámara de Casación Penal.
Las personas que finalmente están siendo juzgadas desde el 19 de agosto son el ex juez federal, Octavio Aráoz de Lamadrid; Ángel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas; Susana Planas, directiva de Belgrano Cargas; y Luis Ameghino Escobar, prosecretario administrativo de la Secretaría General de la Cámara de Casación Penal y uno de los que manejaban el sistema informático de sorteos. Están procesados desde 2012.
El ex agente de la SIDE Juan José Riquelme también estaba imputado, pero falleció poco tiempo antes de que comenzaran las audiencias. Él era quien estaba acusado de ser el enlace entre todas las partes que conformaban la conspiración. Según la hipótesis de la acusación, le habría ofrecido a los dirigentes de la Unión Ferroviaria mover sus contactos para que la causa tramite en un tribunal “amigo” y que así pudiera revocarse el procesamiento de los involucrados.
Otro punto clave del juicio, en el que somos querellantes en representación de la familia de Mariano, fue la declaración del jefe de Seguridad de la empresa Belgrano Cargas. Confirmó que fue citado por Stafforini para encontrarse con Planas en el banco donde retirarían una suma de dinero destinada al pago del soborno a Aráoz de Lamadrid quien, a su vez, utilizaría sus contactos para influenciar al juez de la Sala III Eduardo Riggi para que el plan pudiera concretarse. En el allanamiento realizado al estudio de Aráoz de Lamadrid se halló un sobre los 50 mil dólares. Durante el juicio, el ex secretario de Cámara intentó excusarse diciendo que ese dinero se lo había dado su hermano.
En esta causa además estuvo procesado José Pedraza, quien falleció en 2018, dos años antes de que esta causa fuera elevada a juicio. En cuanto a Riggi, fue sobreseído por el juez federal Oyarbide sin siquiera haber sido citado a declarar, a pesar de que los acusados lo visitaban y lo mencionaron en repetidas conversaciones.
Avance del juicio
Para que esta maniobra fuera posible, alguien debía manipular el sorteo en la Cámara de Casación Penal. El acusado de hacerlo es Ameghino Escobar. Durante las audiencias ya declararon testigos que pudieron dar indicios de que efectivamente el sorteo pudo haber sido manipulado y lo que es preocupante: el sistema es manipulable. Uno de los testigos era compañero de trabajo de Ameghino Escobar, quien declaró que al momento de ingresar la causa por el crimen de Mariano Ferreyra para su sorteo, el imputado la tomó del escritorio y pidió sortearla él mismo.
Pero fueron los testimonios de quienes trabajan en el Departamento de Organización y Sistemas de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura quienes explicaron ante el tribunal cómo funcionaba el sistema de sorteos, y dejaron en evidencia las formas posibles para manipularlo y que una causa cayera en manos de la Sala III, donde, según los imputados, se garantizaría la impunidad.
Desde el CELS acompañamos a la familia de Mariano Ferreyra desde el primer momento. Buscamos justicia por su muerte y ahora esperamos no solo que se repare judicialmente el intento de encubrimiento, sino poner en discusión los pactos opacos que toleran, en el mejor de los casos, y habilitan, en los peores, las prácticas estatales más violentas y contrarias a la vigencia de los derechos.