El 8 de marzo de 2017, cuando la movilización del Paro Internacional de Mujeres ya había terminado, efectivos de las policías Federal y de la Ciudad desplegaron un operativo represivo en el que detuvieron de manera arbitraria a 21 personas. Las detenidas fueron agredidas física y verbalmente, y luego trasladadas a distintas comisarías donde sufrieron requisas vejatorias. A todas se las imputó falsamente por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones, acusaciones que más tarde fueron descartadas. Once meses después, todas fueron sobreseídas.
A más de ocho años, pedimos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59 que dicte el procesamiento del comisario mayor Héctor Cajida, el subcomisario Javier Monteamores, el comisario inspector César Darío Gambarte, el subcomisario Octavio Mazzoni, el comisario Mario Andrés Camacho y el subcomisario Víctor Manuel Leyes por los delitos de privación ilegítima de la libertad -agravada por mediar violencia- e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En los casos de Leyes y Mazzoni, el incumplimiento incluye sus responsabilidades por el trato vejatorio que las personas detenidas recibieron en las comisarías.
Hasta ahora los responsables de la represión del 8M no enfrentaron ninguna consecuencia. La causa se dilató por años por la falta de impulso fiscal, por maniobras dilatorias de las defensas y porque el juzgado se declaró incompetente e intentó derivar la causa a la justicia federal. Finalmente, hace algunas semanas, los imputados declararon por primera vez.
Durante sus declaraciones, intentaron desdibujar responsabilidades con argumentos inconsistentes. Presentaron las órdenes que dieron aquella tarde como “legítimas”, se deslindaron de las decisiones operativas y exageraron el contexto para justificar las detenciones al voleo.
Pero la prueba reunida en el expediente es contundente. Está acreditado que el entonces comisario mayor Cajida y el subcomisario Monteamores, desde la Sala de Situación, impartieron órdenes precisas para desalojar la Plaza de Mayo mediante el uso de gases, balas de goma y un carro hidrante, y para detener a cualquier persona que permaneciera en el lugar. En el terreno, el entonces comisario inspector Gambarte, el subcomisario Mazzoni y el comisario Camacho ejecutaron esas directivas y habilitaron una razzia ilegal que terminó con 21 personas detenidas, entre ellas mujeres, lesbianas y bisexuales que no habían cometido ningún delito ni contravención. Todas estas personas debieron soportar un proceso penal de criminalización por varios meses, hasta que se las sobreseyó.
Asimismo, los subcomisarios Mazzoni y Leyes, como jefes de las comisarías donde fueron trasladadas las detenidas, son responsables por los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidas. Bajo su mando se realizaron requisas vejatorias, se las mantuvo sin abrigo, en condiciones insalubres y fueron maltratadas verbal y psicológicamente. Estas violencias fueron una extensión de la represión en la calle.
Pese a la gravedad de los hechos, algunos de los imputados siguen en funciones dentro de las fuerzas de seguridad. Héctor Cajida, uno de los principales responsables, está actualmente a la cabeza de la Subsecretaría de Despliegue Territorial de la Policía Federal Argentina, desde donde continúa interviniendo en la planificación operativa y ejecución de despliegues policiales durante las protestas de cada miércoles.
La continuidad de Cajida en un puesto de conducción táctica y política, nombrado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, mientras está formalmente acusado de delitos y bajo investigación por su rol en la represión del 8M, deja en evidencia la persistencia de una política de seguridad que premia la violencia institucional y garantiza impunidad a quienes la ejercen.
Mientras los responsables siguen ocupando cargos en las fuerzas de seguridad y hasta se convierten en autoridades de conducción política de estas fuerzas, las escenas de represión en las calles se repiten. La impunidad de aquellos hechos no sólo afecta a quienes fueron detenidas sin motivo, sino que habilita la continuidad de las mismas prácticas que hoy vuelven a desplegarse frente a la protesta.
En la causa, el CELS representa a Laura Arnés, Agostina Invernizzi, Natalia Milduberger y Pilar Otero quienes fueron detenidas, agredidas y sometidas a tratos vejatorios durante aquella jornada. El Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN) patrocina a Silvana Lallana.
Foto: David Kurlat