La SIDE a juicio por delitos cometidos en la última dictadura

Se juzga la responsabilidad de cuatro agentes de la banda de Aníbal Gordon, uno de ellos involucrado también en el encubrimiento del atentado a la AMIA.

Comienza un juicio más por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención Automotores Orletti y Base Pomar durante la última dictadura militar. Estos lugares estaban bajo el control operacional de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y particularmente de la banda de Aníbal Gordon.

En esta oportunidad, el Tribunal Oral Federal 1 de CABA juzgará la responsabilidad de cuatro agentes orgánicos e inorgánicos de “La Casa”, como le decían a la SIDE —César Estanislao Albarracín, Rubén Héctor Escobar, Patricio Miguel Finnen y Julio César Casanova Ferro— en la privación ilegítima de la libertad y tortura de militantes políticos. Por primera vez se tratarán los casos de ocho militantes del Partido Comunista que estuvieron secuestrados en Base Pomar, entre ellos el ex diputado nacional Juan Carlos Cominguez. Además, se juzgará el caso del secuestro y ocultamiento de niños y niñas, en particular del caso Julien Grisonas. Desde el CELS formamos parte de la querella junto a Kaos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos que actuarán en representación de la familia Cervera Novo.

Automotores Orletti y Base Pomar

La mayoría de los casos que serán juzgados son de personas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención Automotores Orletti que funcionó entre junio y noviembre de 1976 al mando de la SIDE.

Estaba ubicado en un taller mecánico en Venancio Flores 3519, en el barrio porteño de Floresta. Automotores Orletti fue también la base desde dónde operaron los represores locales e internacionales coordinados por el Plan Cóndor.

El hombre al mando de la patota era Aníbal Gordon, un hombre que había iniciado sus actividades delictivas en los años 50 y que fue parte de la banda paraestatal de ultraderecha, Triple A. Después de la dictadura se dedicó a los secuestros extorsivos, hasta que en 1984 fue detenido por el secuestro del político Guillermo Patricio Kelly.

Después del cierre de Orletti, Gordon y su banda buscaron nueva base operativa donde operar. El destino fue un depósito en Gregorio Pomar 4171, en el barrio de Nueva Pompeya. Este lugar fue identificado como un centro clandestino de detención recién en 2022.

Este juicio tiene como casos las privaciones ilegítimas de la libertad y torturas de al menos siete militantes del Partido Comunista Argentino (PCA), secuestrados el 20 de mayo de 1977 en Comité Capital, ubicado en avenida Callao. Entre ellos está el exdiputado de la nación, elegido en 1973, Juan Carlos Cominguez. También se juzga el secuestro del empresario Pedro León Zavalía, privado de su libertad el 14 de junio de ese mismo año.

Infancias del Cóndor

Más de un centenar de personas fueron víctimas del Plan Cóndor, la mayoría de ellas fue secuestrada, asesinada y desaparecida en Argentina. Muchos militantes de la región habían venido a nuestro país escapando de las dictaduras en sus propias naciones. Muchas de esas personas pasaron por Automotores Orletti. La investigación sobre Plan Cóndor determinó que el blanco de la represión no fueron solamente las personas que militaban, sino también sus familias. Hay al menos 18 niños y niñas, de entre 9 años y 20 días de vida, que fueron secuestrados y algunos de ellos, apropiados por el Cóndor.

Uno de esos casos es parte de este juicio. En diciembre de 1976, Anatole de 4 años y su hermana Eva de 16 meses fueron abandonados en una plaza de Valparaíso, Chile. Tres meses después los adoptaron sin saber que eran hijxs de Mario Julien y Victoria Grisonas, militantes de Uruguay desaparecidos en septiembre de 1976, en Argentina. En 1979, Anatole y Eva se reencontraron con sus familias de origen. Se trata de uno de los primeros casos de restitución de identidad.

De la dictadura a la AMIA

Uno de los agentes que será juzgado es Patricio Finnen, quien cumplió funciones en La Casa desde 1974 y que como subdirector del área de Contrainteligencia de la SIDE fue clave en la investigación sobre el atentado ocurrido en julio de 1994 contra la AMIA y también en el pago de 400 000 dólares, a pedido del juez Galeano, para que Carlos Telleldín, denuncie falsamente a un grupo de policías bonaerenses como parte del hecho. En el juicio por el encubrimiento del atentado, Finnen fue absuelto por el tribunal oral, decisión que luego fue revertida por la Cámara Federal de Casación Penal.

Foto: María Eugenia Cerutti