A Mariano Ferreyra lo asesinó una patota de la Unión Ferroviaria (UF) en octubre de 2010. Por el crimen fueron condenados agentes de la Policía Federal e integrantes del sindicato, entre ellos su titular, José Pedraza. Mientras se investigaba el crimen se descubrió un plan ejecutado por funcionarios judiciales, un espía y sindicalistas para revocar el procesamiento de Pedraza. Después de 15 años y de que 14 jueces se excusaran, la investigación de esa trama llegó a juicio oral. En este proceso, al igual que ocurrió con el del homicidio de Mariano, acompañamos y representamos a sus familiares. Durante las audiencias pudimos reconstruir las relaciones habituales de un sector de Comodoro Py con el sistema de inteligencia, para influir sobre las decisiones de la justicia federal.

Quienes llegaron a este juicio procesados por participar de la maniobra para beneficiar a Pedraza son el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, el contador de la UF y vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini; la directiva de la misma empresa, Susana Planas; y Luis Ameghino Escobar, prosecretario administrativo y uno de los que manejaban el sistema informático de sorteos en la Cámara de Casación Penal. Pedraza y el espía Juan José Riquelme, dos de los principales actores de esta trama, no llegaron a juicio porque fallecieron.

El plan se puso en marcha prácticamente desde el día del crimen de Mariano. Pedraza, Stafforini y Planas ofrecieron dinero a Riquelme y a Aráoz de Lamadrid para que movieran sus influencias y la situación del líder sindical se resolviera en la Sala III de Casación, que integraba Eduardo Riggi, un viejo conocido al que pretendían influenciar. Para eso también tenían que convencer a Ameghino Escobar.

Riquelme hablaba por teléfono con jueces, los visitaba en sus despachos, compartía almuerzos y les hacía regalos. Esas relaciones luego las utilizaba para intentar influir en las decisiones que tomaban los magistrados. Por esa tarea cobraba dinero. En las escuchas de sus conversaciones se revela que vende sus servicios y explica su operatoria. “Si a mí me llaman y me dicen: ’Juan José, tengo este problema, ¿me lo podés solucionar?’ Y bueno, yo tengo relaciones desde hace muchos años en la justicia de todos los niveles. A mí no me interesa lo que hicieron o dejaron de hacer, me interesa lo que a mí me llega”, relataba sin saber que lo estaban escuchando.

Riquelme siguió con Aráoz de Lamadrid la estrategia acordada. Luego de que los abogados de Pedraza apelaran los procesamientos de los otros autores del crimen ante Casación, Riquelme habló con el ex juez para entender en qué momento iba a intervenir. Esa conversación también forma parte de las pruebas que lo incriminan. Aráoz de Lamadrid, por otra parte, resultaba fundamental para cumplir el objetivo porque era muy cercano a Riggi, con quien había trabajado 13 años y lo unía una relación cercana.

El espía Riquelme articuló todas las partes. Hablaba en Comodoro Py, informaba a Pedraza o a sus asistentes del curso de los acontecimientos. Por ejemplo, en una escucha explicaba que las personas que iban a intervenir en la maniobra querían cobrar en dólares. “Este es un mensaje para Don José (Pedraza). Informan del otro lado que son verdes, reitero, son verdes y que Ángel (Stafforini) se comunique sin ningún inconveniente”, avisó.

En ese punto entró en juego Ameghino Escobar que ingresó al sistema de sorteos con su usuario personal. Conociendo el estado del “bolillero virtual”, manipuló los tiempos para asegurar que la causa fuera asignada a la sala que pretendían. En otra conversación incluida en la prueba, Riquelme le preguntó a Aráoz de Lamadrid si “el señor de las teclas había hecho su tarea”. Este se lo ratificó.

Los pagos se realizaron el 1 de febrero de 2011. Stafforini y Planas pagaron al menos 50.000 dólares. Los movimientos quedaron registrados: hubo reuniones en estacionamientos, ingresos al estudio de Aráoz de Lamadrid y mensajes que confirmaban que la tarea estaba hecha. Con todas las condiciones dadas para que Riggi interviniera de la manera que habían planeado, ese mismo día el juzgado de instrucción allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid y alertó, así, a todos los involucrados de la existencia de la investigación.

El plan se frustró antes de la intervención de Riggi y los imputados cortaron las comunicaciones. A pesar de que todos los imputados señalan a Riggi como quien podía garantizar la impunidad de Pedraza, la decisión judicial no permitió determinar su participación. Riggi fue sobreseído del proceso.

Al finalizar la exposición de nuestro alegato, pedimos que el tribunal condene a Aráoz de la Madrid por tráfico de influencias y cohecho a la pena de 8 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos; a Stafforini y a Ameghino Escobar, a 6 años, y a Susana Planas a 4 años, por los mismos delitos.

Durante estos 15 años hubo maniobras de las defensas para dilatar los tiempos, como la reedición de nulidades y los planteos de prescripción improcedentes. También hubo jueces que dieron lugar a todas esas demoras. Eso muestra las resistencias corporativas para profundizar una investigación clave sobre el funcionamiento de la propia justicia.

Llegamos al juicio en un contexto en el que las actividades ilegales de los servicios de inteligencia, su vinculación con operadores judiciales y su injerencia en causas sensibles continúan ocupando un lugar central en la discusión pública. Este proceso es una oportunidad para reparar judicialmente el intento de encubrimiento del asesinato de Mariano Ferreyra, pero también para poner en primer plano esos pactos y la necesidad de que se desarmen.