A partir de la denuncia de una familia por un desalojo en Barracas, se inició una causa en el juzgado de Roberto Gallardo. El juez hizo lugar a una cautelar presentada por legisladores y organizaciones de la sociedad civil y amplió la investigación para incorporar otros casos similares. Entonces, desde el CELS nos sumamos a la causa colectiva, a nivel institucional y como representantes de tres familias afectadas para pedir que se declare la inconstitucionalidad de esta política y que se elabore un protocolo de actuación para esas intervenciones.

El fallo de Gallardo establece las reglas que deben tener los operativos y exige que haya control judicial, que se garantice el debido proceso y los derechos de las familias. También plantea que se puedan revisar técnicamente los informes sobre el riesgo edilicio y que el Gobierno de la Ciudad debe asegurar las respuestas habitacionales. Mientras la Cámara resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno local, esta medida está plenamente vigente.

En lo que va de la gestión de Jorge Macri ya se realizaron casi 800 desalojos, 60 fueron con esta modalidad. Y en los últimos meses aumentaron los casos de familias que resisten en sus viviendas el hostigamiento de las fuerzas de seguridad. A algunas las amenazan con cortarles los servicios si no dejan sus casas e impiden el ingreso de abogados o instituciones que podrían asistirlas. Luego de los desalojos, muchas de estas familias ven cómo todas sus pertenencias quedan apiladas en depósitos sin ningún cuidado.

A los hogares desalojados se les ofrece un monto de emergencia de 200 mil pesos para resolver la situación de su vivienda. Las familias deben procurarse un subsidio por sus propios medios, ya que en los operativos no participan los equipos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA. En el caso de que los consigan, el monto tampoco les alcanza para acceder a una vivienda digna.

Ante la imposibilidad de alquilar, por las condiciones excluyentes del mercado inmobiliario formal, las familias terminan en hoteles y pensiones alejadas de donde eran sus destinos cotidianos como el trabajo y la escuela de sus hijas e hijos.