Reunión de la Mesa de organismos con Cancillería por las niñas asesinadas en Paraguay
Tanto el asesinato de las niñas argentinas como la desaparición más reciente de su prima son violaciones de los derechos humanos que requieren una investigación inmediata, independiente y efectiva.
Lear: Las personas procesadas deben ser sobreseídas
La Cámara Federal de San Martín realizará una audiencia para analizar los procesamientos de nueve manifestantes que en 2014 reclamaban contra despidos en la automotriz. El CELS se presentó en la causa para pedir los sobreseimientos.
La Carcova: a 10 años de la masacre sigue el reclamo de justicia
Recién en junio de 2021 se realizará el juicio contra el ex policía bonaerense Sebastián Rey por los homicidios de Franco y Mauricio. Sus familias siguen esperando justicia. Mientras tanto, el poder judicial demuestra no tener apuro en juzgar a integrantes de fuerzas de seguridad.
A cuatro años del decreto de deportación exprés de migrantes
A cuatro años del DNU 70/2017, el Estado argentino tiene que anularlo. La política migratoria debe estar basada en la regularización para asegurar más igualdad de derechos, sobre todo en el contexto de la pandemia.
Bolivia. Un golpe con el sello de la OEA
Autor/a: CELS
9 páginas
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El aborto legal debe ser aplicado plenamente en todo el país
Organizaciones de la sociedad civil exigimos, luego del fallo de una jueza de feria en Chaco, que se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de un derecho conquistado en un proceso democrático, tras un largo debate en el Congreso.
Luciano Arruga: sin verdad y sin justicia
Se cumplen doce años de obstáculos y de falta de respuestas. La investigación sobre qué pasó con Luciano sigue en etapa de instrucción. El jury contra las fiscales Castelli y Cejas y el juez Banco sigue demorado.
Nuevo informe de INCLO sobre tecnologías de reconocimiento facial
La publicación es una recopilación de historias que muestra cómo el uso de estos programas de vigilancia afecta los derechos y la vida cotidiana de los ciudadanos en 13 países de América, África, Europa, Asia y Australia. Destaca la necesidad de más protección de nuestros derechos.
Milagro Sala: 5 años de detención arbitraria y criminalización de la protesta social
El 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida por participar de una protesta social. Desde entonces permanece privada de la libertad de manera arbitraria. Comunicado de Andhes, Amnistía Internacional y el CELS.
La justicia federal sobreseyó a Kevin Guerra por sus expresiones en Twitter
Kevin Guerra fue denunciado por Gendarmería Nacional como consecuencia de actividades de vigilancia masiva llamadas “ciberpatrullaje”. Fue sobreseído a fines de 2020.
Declaración en contra de los ataques a la democracia en EEUU por parte de Donald Trump
Organismos de derechos humanos de toda la región condenamos las embestidas contra la estabilidad democrática instigadas por el presidente saliente.
Salud mental: la historia del trabajo del CELS
Autor/a: CELS
28 págs.
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Mendoza: el cierre de la Escuela Campesina vulnera los derechos de las comunidades rurales
El gobierno de la provincia de Mendoza informó que rescindirá los convenios que dan marco a los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) de gestión social. Esto implica el cierre de la Escuela Campesina de Agroecología.
Más derechos para las comunidades indígenas por una nueva interpretación de la sentencia de Lhaka Honhat
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Argentina debe elaborar una ley de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas sobre asuntos relativos a su territorio ancestral, independientemente de la existencia o no de un título de propiedad.
Comunidad mapuche Buenuleo
Durante 2020, las comunidades mapuche sufrieron el embate de intereses privados, terratenientes y extractivistas.
CSJN: Demoras injustificadas que afectan gravemente el proceso de justicia por delitos de lesa humanidad
El paso del tiempo atenta contra la justicia. Es necesario y urgente que la Corte, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, se imponga a sí misma la obligación de resolver a la brevedad todas las causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes.
