El Estado argentino intentó justificar el DNU 70/2017 que estableció un procedimiento exprés de detención y deportación que viola los estándares internacionales. Fue durante el 35˚ período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El DNU de migrantes asocia la migración con la delincuencia sobre un diagnóstico basado en datos parciales y descontextualizados, lo cual promueve la xenofobia y la estigmatización de las personas migrantes.
La reforma de la Ley Nacional de Migración mediante un decreto, busca vincular la migración con el delito y endurecer el control de la población migrante.
Más de 150 organizaciones le solicitamos al Jefe de Gabinete Marcos Peña que nos reciba de manera urgente para plantearle la necesidad de que cualquier modificación de la ley de Migraciones sea debatida en los múltiples espacios que existen a tal fin, desde mesas de trabajo hasta el propio Congreso.
El gobierno utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria. Las organizaciones pedimos diálogo ante la inminencia de una reforma por DNU de la actual Ley de Migraciones. Opinión de Gastón Chillier y Diego Morales.
El proyecto de decreto de necesidad y urgencia al que accedimos cambia el paradigma de la ley actual y es una regresión para los derechos de las personas migrantes.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial difundió observaciones sobre la Argentina y recomendaciones para el Estado.
El Comité CERD de la ONU evalúa el cumplimiento de la convención internacional sobre la eliminación de la discriminación racial.
Reunión plenaria de alto nivel sobre la respuesta a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes. Asamblea General de las Naciones Unidas.
El gobierno construirá y habilitará un centro para la detención de migrantes, como herramienta para “combatir la irregularidad” y para supuestos distintos a los establecidos de manera precisa por la ley de Migraciones y su reglamentación.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registra al menos 1097 personas colombianas deportadas producto del cierre de la frontera en varios municipios del estado Táchira en Venezuela.
Al menos 7500 personas han fallecido al intentar cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa desde principios de 2013, lo cual refleja la extrema desprotección de las personas migrantes.
El CELS y otros actores sociales de la región impulsamos un profundo cambio de paradigma de las políticas públicas para proteger los derechos humanos de las personas migrantes.
El CELS adhirió al documento difundido por un grupo de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que alerta sobre la situación de niños y niñas migrantes que llegan a Estados Unidos y México.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes presentaron un amicus curiae en el caso Benito Tide Méndez y otros contra República Dominicana que se tramita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este cuaderno detalla el desarrollo del trabajo histórico del CELS con migrantes y refugiados, los avances y deudas en la política migratoria, los cambios que introdujo en Argentina la nueva ley de migraciones y el rol central de las organizaciones sociales y movimientos de derechos humanos en el proceso.
El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, en representación de la Red Sudamericana Espacio Sin Fronteras (ESF) participó, en Nueva York, de las Audiencias Interactivas preparatorias del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo que se celebrará el 3 y 4 de octubre de 2013.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (CDH-UNLa), el CELS y el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados (CAREF), presentaron, al Senado de la Nación, un documento conjunto con el fin de acercar argumentos sobre la importancia de reconocer el derecho al voto de los migrantes que viven en Argentina.
De acuerdo al Censo Nacional de Población de 2010, el número de residentes extranjeros en la Argentina aumentó en los últimos diez años del 4,2 al 4,5% del total de la población.
El informe realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) da cuenta de los avances de la nueva normativa argentina en materia de migraciones así como también de las normativas, políticas y prácticas que todavía deben ser modificadas.
En este capítulo se exponen, las consecuencias de la ausencia de reglamentación de la Ley de Migraciones en el acceso a derechos de las personas migrantes; se analiza la implementación del programa Patria Grande, orientado a garantizar el derecho a la identidad de la población migrante y se hace referencia a la sanción de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, que constituye un avance en el reconocimiento formal de los principios y estándares del derecho internacional de los refugiados.
En este capítulo se describen las idas y venidas del proyecto de Reglamento elaborado por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la participación de la sociedad civil en dicho proceso y la situación actual.
En este capítulo se desarrollan los desafíos que introdujo la nueva legislación y se da cuenta de las acciones necesarias para su implementación.
Este cuadernillo fue publicado para una actividad de capacitación, destinada a organismos e instituciones involucrados en la atención a migrantes y peticionantes de asilo en zonas de frontera y control migratorio, para contribuir a la protección de los derechos de migrantes y refugiados desde una perspectiva de Derechos Humanos.
En 2002 y 2003 se mantuvieron prácticas administrativas que vulneran los derechos de las personas migrantes en el país.
En este capítulo proponemos hacer un nuevo llamado de atención sobre la situación de los inmigrantes en Argentina, en un momento en el cual la grave crisis económica y social del país ha generado, entre otras cosas, la emigración de un número cada vez mayor de argentinos hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida.
La ley de migraciones vigente hasta el año 2001 violaba sistemáticamente el derecho de los extranjeros al debido proceso y al acceso a la jurisdicción, además del derecho a la salud, al trabajo y a la educación.
Esta publicación es una referencia y un instrumento de trabajo esencial para contribuir desde el ámbito andino y sudamericano a la adopción de medidas que garanticen la vigencia de los derechos humanos de los trabajadores inmigrantes y en desarraigo.
En este capítulo se presenta un examen sistemático de los cambios que se operaron en los aspectos normativos de la política inmigratoria.
La situación de vulnerabilidad de los inmigrantes, a la que nos hemos referido en Informes anteriores, no experimentó la mejora que debería haber tenido lugar en un régimen democrático.
La Argentina en 1997 exhibía serios problemas en materia de derechos humanos de los inmigrantes, tanto en lo que se refería a la política inmigratoria como al marco legal.
Este capítulo describe problemas vinculados a la normativa vigente en ese momento y las dificultades experimentadas por los migrantes en distintas dependencias estatales.
Las migraciones internacionales constituye uno de los factores de conformación del país y por ello es uno de los temas más debatidos a lo largo de nuestra historia.