Entre 1996 y 2002 los sucesivos gobiernos, lejos de adoptar políticas que buscaran revertir la pobreza y el desempleo, profundizaron la exclusión y paliaron la emergencia con planes de asistencia social que se consolidaron como moneda de cambio para controlar el descontento y desarticular temporalmente los cortes de ruta y distintas formas de reclamo. La reacción estatal se caracterizó, además, por la represión de las protestas y la persecución penal de sus protagonistas. Muchas personas murieron o resultaron heridas y centenares fueron procesadas o condenadas en procesos penales que buscaron controlar ilícitamente la acción política en el campo popular.
En estas páginas analizamos el modo en que el Estado enfrentó las sostenidas y novedosas formas de reclamo -piqueteros, cortes de rutas y calles-, con la intención de promover la reflexión y proponer reformas legislativas e institucionales.
Índice
1
Presentación
2
Contexto socioeconómico y articulación de las protestas sociales
3
Políticas sociales y protestas
4
Criminalización de la protesta social
5
La represión de la protesta social
6
Conclusiones y recomendaciones
7
Reseña de casos de represión y criminalización de la protesta social
8
Casos emblemáticos
9
Siglas
