Causa comedores: la Cámara Federal confirmó el incumplimiento del gobierno

La sentencia ratifica que Capital Humano tiene la obligación de garantizar la política alimentaria en los espacios comunitarios y debe impulsar acciones concretas en articulación con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. El Juzgado Contencioso Administrativo 7 además intimó al Ministerio a incorporar ocho comedores más de la Federación Cooperativa de Reciclado Limitada.

  

Obras en los barrios: un juzgado federal vuelve a intimar al Ministerio de Economía 

Desde hace cinco meses el gobierno tiene pendiente el cumplimiento de una orden judicial. El juzgado de Pehuajó lo intimó a presentar un plan para continuar con las obras de acceso a servicios en barrios populares. El ministro Caputo ya recibió dos intimaciones. Ahora tiene 20 días más para cumplir. La decisión de interrumpir las obras afecta a 334.000 familias.

  

Grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional en la Corte Suprema

La designación de dos jueces para el máximo tribunal mediante el decreto 137/2025 es un abuso por parte del Poder Ejecutivo. La decisión no respeta la división de poderes, compromete la legitimidad de la Corte, afecta su deber de garantizar la igualdad de género e ignora las múltiples objeciones expresadas sobre los candidatos. Comunicado conjunto de organizaciones de la sociedad civil.

  

No necesitamos más armas

El gobierno impulsa un proyecto de ley para regularizar la tenencia ilegal de armas de fuego. Al mismo tiempo, se desentiende de perseguir su tráfico. Estas decisiones aumentan la violencia y nos ponen en riesgo a todos. La iniciativa se trata en la Cámara de Diputados.

  

El Gobierno reafirmó ante la CIDH su política de criminalización de la protesta y defendió la represión

En la audiencia pública solicitada por organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el protocolo del Ministerio de Seguridad y la estigmatización de manifestantes y organizaciones sociales.

  

La protección contra la violencia de género es un compromiso con toda la sociedad

En Argentina muere una mujer cada 35 horas, víctima de femicidio. Sin embargo, el gobierno nacional decidió cerrar la Subsecretaría de protección contra la violencia de género. Organizaciones de distintos sectores exigimos al Poder Ejecutivo que esté a la altura de la urgencia y designe inmediatamente una estructura adecuada para dar respuesta a un problema que no cesa.

  

La democracia se cuida dentro y fuera del Congreso

Con otras organizaciones de la sociedad civil firmamos un pronunciamiento luego de la represión en el Congreso. Entendemos que las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.

  

Ley ómnibus: solicitamos al Congreso que respete la deliberación y la participación ciudadana

Con distintas organizaciones de la sociedad civil pedimos que el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” continúe en sesiones ordinarias para que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que se amplíen las instancias de participación para que la ciudadanía pueda expresarse sobre las reformas que propone.

  

Sobre el proyecto de “ley ómnibus”

El gobierno de Milei pretende desactivar procedimientos claves y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia. En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley “Bases…”, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal. El Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar esta propuesta.

  

El gobierno busca modificar la Constitución por decreto

El DNU que anunció el presidente Milei en la noche del 20 de diciembre, avanza sobre el Congreso y viola la división de poderes de forma antidemocrática. Con su entrada en vigencia, ningún derecho quedará sin ser atacado: ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda.

  

Con más de 1700 firmas de organizaciones, denunciamos el protocolo contra la protesta en la ONU y la CIDH

Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales.