El viernes 27 de mayo la policía de la provincia de Chubut y la Gendarmería Nacional realizaron un operativo violento en la Lof Cushamen, una comunidad mapuche, en el que detuvieron a ocho personas y golpearon a mujeres y niños con el fin de desalojarlos del lugar en el que viven. Además, la Gendarmería tomó posesión de las viviendas de las familias y las obligó a dormir a la intemperie. Esta comunidad lleva adelante un proceso de recuperación de tierras ancestrales cerca de la localidad de Leleque, provincia de Chubut, en conflicto con la empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de la familia Benneton.
El operativo fue justificado en la necesidad de detener a un integrante de la Resistencia Ancestral Mapuche, Francisco Jones Huala, quien tiene un pedido de captura internacional. Sin embargo, esta represión es un episodio más de una serie de persecuciones de las que vienen siendo víctimas las y los miembros del Lof Cushamen y que se extiende a aquellos sectores de la sociedad civil de Esquel que demuestran simpatía con el reclamo de la comunidad. En 2015, cuando la comunidad se asentó en el predio, se sucedieron graves hechos de violencia. En abril, un grupo de personas de civil atacó a balazos a a quienes se hallaban en el terreno. En agosto, el grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de la policía de la provincia, en un intento de desalojo, les disparó balas de goma. También en agosto de ese año, se denunció que a la causa penal iniciada por la empresa Benetton se incorporaron fichas de inteligencia con información sensible sobre militantes, periodistas y activistas ambientales. A raíz de esta denuncia, en abril de 2016, un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue procesado por violación a la ley de inteligencia. Además, el Ministerio Público Fiscal de la provincia pretendió aplicarle a los integrantes de la comunidad la ley antiterrorista, pretensión que fue rechazada por la Corte Suprema en diciembre de 2015.
El conflicto por la tierra se ha canalizado a través de la justicia penal y de desalojos violentos en los que intervienen fuerzas provinciales y federales. Estas intervenciones muestran un patrón de criminalización y violencia contra la comunidad que debe ser denunciado e investigado.