El delegado gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación, Luis Bastidas, recibió un disparo con bala de plomo durante una protesta en la sede del Ministerio de Trabajo de Neuquén. Un agente de policía que custodiaba el lugar le disparó con su arma reglamentaria.
Nuevamente la policía neuquina reprime una protesta social. El 3 abril de 2007 el docente Carlos Fuentealba recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia durante un corte en la ruta 22. Falleció al día siguiente. En agosto de 2013 durante una protesta contra el acuerdo YPF-Chevron, la policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma. En esa oportunidad, otro docente, Rodrigo Barreiro, recibió una herida de plomo y al menos 40 personas terminaron lesionadas por el accionar policial.
Resulta indispensable que los gobiernos, a nivel nacional y provincial, regulen la prohibición de portar armas de fuego de las fuerzas de seguridad que intervienen en las protestas, tal como lo establecen los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, vigentes a nivel nacional desde 2011 y a los que adhirió la provincia de Neuquén.
Frente a episodios de esta gravedad, el gobierno nacional debe dar un mensaje claro de condena y ratificar la vigencia de esos principios puestos en duda por el nuevo protocolo de intervención en manifestaciones impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.