Las organizaciones que participamos como amicus curiae en el proceso contra Belén, la joven tucumana que tras un aborto espontáneo estuvo más de dos años encarcelada, solicitamos al gobernador Manzur que retire el pliego del fiscal Washington Navarro Dávila como candidato a Ministro de la Defensa de Tucumán.
Justamente este candidato es quien como fiscal a cargo de la investigación, acusó a Belén de “aborto seguido de homicidio”, una figura penal inexistente, y luego modificó la acusación por la de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, calificación que la legislación penal reprime con una pena de prisión perpetua. En abril de 2016 fue condenada a 8 años de prisión en un proceso judicial en el que se vulneraron sus derechos. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de Tucumán dispuso su libertad y anuló su condena, lo que reveló las arbitrariedades que se cometieron con Belén. Su caso es un paradigma de cómo la criminalización del aborto recae de manera desigual y discriminatoria sobre las mujeres pobres y jóvenes, y cómo la política penal obtura su derecho a la salud.
Desde distintos enfoques cuestionamos la labor del fiscal Navarro Dávila y su candidatura nos preocupa, ya que ha demostrado desconocimiento del derecho, falta de enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género.
Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES)
Amnistía Internacional Argentina
Asociación de Profesional en Lucha (APEL)
Asociacion Pensamiento Penal (APP)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comité de America Latina y El Caribe por la Defensa de las Mujeres (CLADEM)
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Innocence Project Argentina
Partido Obrero
La carta completa puede leerse en este enlace.