El lunes 10 de julio organizaciones de defensa de derechos (AADI, AMAI, ANDHES y CELS) y referentes de comunidades originarias tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que planteamos la grave situación que viven los pueblos indígenas en la Argentina, en relación con la creciente violencia y racismo estructural que caracteriza la actuación del estado Argentino, la negación del acceso al territorio, la falta de consulta previa para la toma de decisiones que los afectan, y la situación de los pueblos indígenas en la provincia de Jujuy. En la audiencia estuvo presente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Estado argentino, representado por la Secretaría de Derechos Humanos y el INAI.
La Argentina tiene leyes vigentes y tratados internacionales de rango constitucional que garantizan derechos a los pueblos indígenas, pero estas normas no se cumplen: son ignoradas por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y los poderes judiciales hacen todo lo posible para no aplicarlas. Ante esta situación en la que el Estado no se ajusta a la ley, el activismo de los pueblos indígenas se viene intensificando, a lo que se responde a su vez con represión, criminalización y campañas de estigmatización.
En la audiencia detallamos cómo en los últimos años hubo episodios de violencia policial extrema contra pueblos indígenas, en contextos de protestas o no, en provincias como Chaco, Formosa, Chubut, Río Negro, Neuquén, incluso con personas muertas y heridas de gravedad. La situación actual en Jujuy es una muestra clara de este racismo: los pueblos indígenas no fueron consultados para una reforma constitucional que los afecta seriamente, y cuando se manifestaron fueron reprimidos y criminalizados. Señalamos a su vez la necesidad de avanzar en una legislación de fondo sobre los derechos de los pueblos indígenas y marcamos lo insuficiente que resulta para las demandas de los pueblos la ley 26.160 de emergencia de la propiedad y posesión comunitaria. También se hizo hincapié en la necesidad de que se instrumente el derecho a la consulta, libre, previa e informada.
Los funcionarios nacionales detallaron algunos avances puntuales que son valorables, pero no pudieron dar cuenta de la ausencia de una política de fondo para resolver estos problemas, ni tampoco explicaron por qué otros sectores del Estado nacional (como el Ministerio de Defensa o la Administración de Parques Nacionales) y especialmente los gobiernos provinciales buscan, y en la mayor parte de los casos consiguen, obstaculizar los escasos avances que se logran.
En las respuestas al Estado planteamos la urgente necesidad de modificar las prácticas estatales violentas y racistas y de coordinar una política de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. En el caso del Estado nacional, se debe empezar por la disolución del Comando Unificado de Fuerzas Federales, creado por el gobierno nacional el año pasado en Río Negro, cuya sola existencia es ya un mensaje estigmatizante hacia las comunidades indígenas de la zona. También se documentó (mediante un video) la situación en la provincia de Jujuy referida a la situación de violencia institucional del gobierno provincial y la necesidad de que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas.
Participó también de la audiencia el representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien reiteró la preocupación de la Oficina por la discriminación estructural y la violencia que sufren los pueblos originarios en la Argentina, y señaló que varias comunidades indígenas “se encuentran bajo presión de intereses mineros, de monocultivos y otros”, y que en este contexto “resulta de suma relevancia que Argentina aún no tiene un mecanismo legal para la consulta del consentimiento previo, libre e informado”.
Le solicitamos a la CIDH que en el corto plazo realice una visita in loco a la Argentina para observar de primera mano y poder conversar con representantes de los diferentes pueblos sobre las situaciones de violencia y falta de diálogo, especialmente en el contexto del avance de las industrias extractivas sobre los territorios indígenas.
Foto: Johana Arce / Sisas Medio