La edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó en Nueva York el 22 de septiembre con la semana de Alto Nivel y la participación de las jefaturas de Estado. A mediados de octubre sesionó el Tercer Comité, con actividades y eventos sobre derechos humanos en las que propusimos debates vinculados a la protesta y a las migraciones, como problemáticas centrales en la actualidad en nuestra región.
Atravesamos una época de represión, ataques a las disidencias y uso de los “estados de emergencia” para militarizar. Desde la sociedad civil usamos todas nuestras herramientas para defender el derecho a la protesta. Sin embargo, las leyes “antiterroristas”, las normas “anti-ONG” y la crisis de la cooperación internacional son una encrucijada para nuestra actividad y alianzas. Para debatir cómo afrontar esta problemática organizamos un evento paralelo junto a INCLO, Civicus y representantes de las misiones de Colombia, Uruguay y Suiza, entre otros. Participó la Relatora Especial de Reunión Pacífica y Asociación, Gina Romero.
También contamos la política de represión a la protesta que vivimos en Argentina y cómo lo ocurrido con el fotógrafo Pablo Grillo demostró que el uso de las armas llamadas “menos letales” puede poner en riesgo la vida de quienes protestan o registran las manifestaciones. Eso lo expusimos en un evento paralelo sobre el Tratado de Comercio Libre de Tortura en el que participamos desde la red que integramos con organizaciones como Omega, Amnistía Internacional y la misiones permanentes de Francia, la Unión Europea y Mongolia.
Sobre el derecho a migrar, planteamos la preocupación por las narrativas con las que se está abordando el tema en Estados Unidos y en toda la región. Alertamos sobre cómo la vinculación de la migración con el terrorismo habilita medidas que deberían ser excepcionales como la detención y la deportación y legitiman la vigilancia masiva. Sostuvimos que la securitización de la migración amparada en la llamada “lucha contra el terrorismo” en realidad consolida un modelo de control que deshumaniza a quienes se desplazan de sus países. Este debate fue parte del evento “Implicaciones jurídicas de las tendencias recientes en la externalización de la gobernanza migratoria”, organizado por la Relatoría Especial sobre los derechos migrantes que apoyamos junto a la Cornell Law School, Franciscans International y la Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC), entre otras organizaciones.
Foto ilustrativa: Gala Abramovich