En abril de 2024, desde el CELS, junto a una coalición de organizaciones de la sociedad civil de Brasil, Paraguay, Bolivia y Alemania, presentamos una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra la empresa Bayer AG responsabilizándola por los graves impactos en el ambiente y los derechos humanos que genera la agricultura industrial en Sudamérica. Casi un año y medio después, con dilaciones injustificables, el Punto Nacional de Contacto en Alemania (PNC) -órgano de aplicación de las directrices de la OCDE en los Estados miembro y responsable de la revisión- llamó a una mediación entre la sociedad civil y la empresa pero consideró que debía dejarse fuera de ese diálogo los cuatro casos concretos de afectación incluidos en la queja. Las distintas organizaciones consideramos que no vale la pena discutir las políticas de responsabilidad empresarial de Bayer en términos abstractos sin tener en cuenta lo más relevante: el impacto concreto sobre la vida de las comunidades afectadas. Por este motivo decidimos rechazar la mediación propuesta.
Si bien el PNC, en su dictamen, reconoce que Bayer está vinculada, al menos indirectamente -a través de sus socios comerciales en los cuatro países- a los impactos negativos sobre los derechos a la salud, la alimentación, la tierra, el agua y un medio ambiente saludable, rechazó nuestro reclamo sobre los impactos específicos que describimos en la denuncia, a pesar de las pruebas que aportamos al respecto.
La queja ante la OCDE documenta cuatro casos concretos que muestran los impactos negativos de este modelo agrícola en áreas donde la empresa comercializa sus productos. Como parte de la denuncia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina), Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y ECCHR (Alemania) demandamos a Bayer AG que realice cambios sostenibles en sus prácticas empresariales con el fin de respetar los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente.
El caso de Argentina es uno de los que más pruebas concretas presenta: Sabrina Ortiz y su familia vivían en el barrio Villa Alicia, Pergamino, lindante con campos de soja. En 2011, empezaron a tener problemas de salud graves como alergias y afecciones respiratorias, como consecuencias de las fumigaciones. De los resultados de los análisis surgió que tanto ella como sus hijos tienen altos porcentajes de glifosato y ampa (que es el metabolito del glifosato) en orina. El caso está judicializado y desde febrero está transcurriendo el juicio oral, a lo largo del cual declararán más de 100 testigos.
“La presentación de la queja ante la OCDE contra Bayer era una oportunidad para poder aplicar la responsabilidad no solamente a quienes aplican el producto sino también a quienes lo producen y comercializan. En este sentido los tiempos y condicionamientos que impusieron desde este mecanismo generan una gran frustración”, dijo Sabrina al enterarse de las restricciones impuestas por el PNC para la mediación.
Llama la atención que la prueba que sirvió para alcanzar un juicio penal, no sea tenida en cuenta a la hora de analizar la conducta de una empresa. Una denuncia ante la OCDE es un mecanismo que debería exigir estándares probatorios menores a los de un proceso penal. Sin embargo, el PNC alemán desestimó las pruebas presentadas y así negó el derecho de las comunidades a obtener algún tipo de reparación o acceso a la justicia vinculado a la responsabilidad corporativa.
También es llamativo cómo se comportó el PNC durante el proceso de análisis de la queja. Las distintas organizaciones fuimos contactadas por lobistas de la empresa con el apoyo del propio PNC. Entendemos que con estas operatorias, Bayer quería eludir y socavar el procedimiento establecido por la OCDE para entablar un proceso sin garantías para los afectados, evitando también dejar documentada una decisión formal que acreditara su responsabilidad. Las organizaciones demandantes planteamos que el proceso del PNC era el que proporcionaría más confianza y garantías para cualquier conversación con Bayer. Sin embargo el PNC no vio ningún problema en esta oferta y, en lugar de hacer valer su propio mecanismo, nos invitó a participar en esta conversación informal.
Por otro lado, el PNC tardó 17 meses en dar una respuesta a nuestra demanda. Los propios códigos institucionales de la OCDE establecen que esa respuesta debería darse dentro de los tres meses después de la presentación. Si bien el plazo suele extenderse para procurar la información necesaria, en nuestro caso el tiempo pasó todo límite. El PNC parece desconocer que la dilación de los tiempos siempre juega en contra de la parte más débil de un reclamo, en este caso, las comunidades afectadas y las organizaciones que presentamos la demanda.
No podemos dejar de remarcar nuestra desilusión ante el modo en que el PNC alemán procesó nuestra demanda. No sólo no proporcionó una instancia para promover la rendición de cuentas por parte de las empresas, sino que bloqueó un análisis real de las pruebas y así excluyó del mecanismo a quienes padecen día a día los efectos de los agroquímicos en su salud y en sus lugares de vida.
Para conocer más sobre los casos de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay presentados en la queja podés mirar los capítulos de la serie documental Por la tierra.