Búsqueda laboral: responsable de comunicación internacional
Buscamos sumar al equipo de trabajo una persona bilingüe español-inglés con experiencia en periodismo o comunicación institucional y conocimientos sobre relaciones internacionales y política internacional. Recibimos postulaciones hasta el 30 de abril.
12 de marzo: fue represión violenta, no golpe institucional
La represión del 12 de marzo dejó un saldo brutal: 114 detenciones arbitrarias, decenas de personas heridas, periodistas atacados y Pablo Grillo al borde de la muerte. El gobierno usó la idea de un “golpe” como excusa para justificar una escalada violenta. A un mes de esos hechos, no existe una sola prueba de atentado contra el orden constitucional, pero hay muchas sobre la política deliberada de castigo a la protesta social.
Búsquedas laborales para el área de Litigio y Defensa Legal
Queremos incorporar dos personas graduadas en abogacía para desarrollarse como profesionales junior. Para uno de los puestos, buscamos formación en derecho penal y procesal penal. Por otra parte, nos interesa la orientación en derecho constitucional, internacional público y administrativo. Recibimos postulaciones hasta el 2 de mayo.
Salud en agonía: el impacto del ajuste en los tratamientos de las personas mayores
Elaboramos una ampliación de nuestro informe sobre las políticas de salud del gobierno de Milei con enfoque en la grave situación de los jubilados y las jubiladas. Coberturas en medicamentos recortadas, aumentos en sus remedios y requisitos que hacen inaccesibles los procedimientos gratuitos: todas medidas que provocan la interrupción y el deterioro de sus cuidados.
Jueces por decreto: el rol del Senado en la protección de la independencia judicial
La designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema atenta contra la división de poderes. Organizaciones de la sociedad civil realizaremos un encuentro el martes 1 de abril para pedir que la Cámara alta rechace los nombramientos en la sesión del jueves 3.
Inteligencia: el secreto no es la regla
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal nos dio la razón en un amparo que presentamos y ordenó al Ministerio de Seguridad que brinde información sobre actividades de inteligencia.
Pablo Grillo: su familia se presentó como querellante en la causa
Los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS asumieron la representación legal de la familia Grillo. La investigación tiene que determinar las responsabilidades penales sobre los hechos que dejaron a Pablo en estado crítico durante la manifestación de jubilados y jubiladas el miércoles 12 de marzo.
Manifestación de jubiladxs: pedimos a la Bicameral de Inteligencia que investigue la participación de la SIDE
Desde ICCSI solicitamos a la Bicameral que investigue la participación de la SIDE en la planificación del operativo, su intervención en terreno durante la manifestación, determine si elaboraron informes previos y evalúe si la intervención implica un riesgo de violación de derechos, dado el historial de espionaje y vigilancia ilegal.
Argentina debe proteger la movilización social, no acallarla
Más de 35 organizaciones internacionales y de la región piden al gobierno argentino que cumpla con sus obligaciones internacionales sobre derecho a la protesta e investiguen el accionar policial del 12 de marzo. También se solidarizan con el reclamo por jubilaciones dignas y manifiestan preocupación por el avance del autoritarismo en la Argentina.
La Justicia Federal observará la aplicación del Protocolo Antipiquetes
El Juzgado federal a cargo de Martín Cormick va a monitorear la protesta del 19 de marzo en el Congreso para determinar si el protocolo es contrario al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la integridad física. Es a partir de la causa que discute la constitucionalidad del Protocolo Antipiquetes en la justicia.
La represión como política: violencia, detenciones y el uso de armas peligrosas en Argentina
La movilización en el Congreso el 12 de marzo fue reprimida con violencia por un operativo masivo de cinco fuerzas de seguridad. La ministra Patricia Bullrich había advertido de la represión con antelación. Gases, balas de goma y detenciones arbitrarias marcaron una jornada en la que el gobierno justificó su accionar con la narrativa del “golpe de Estado”.
ONU: denunciamos las restricciones al espacio cívico y la inconstitucionalidad de la deuda con el FMI
Expusimos sobre la situación actual en Argentina. durante la 58° sesión del Consejo de Derechos Humanos. Participamos de diálogos con las relatorías especiales, organizamos un evento paralelo sobre interseccionalidad propuesta y nos sumamos a un panel para debatir fortalecimientos de la sociedad civil en el sistema de Naciones Unidas.
La cocina de los cuidados: informe #4
Autor/a: La cocina de los cuidados, mesa intersectorial
14 págs.
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Pedimos que se declare la inconstitucionalidad de las designaciones de Lijo y García-Mansilla
El decreto constituye una clara violación a la Constitución Nacional y una gravísima afrenta a la división de poderes y a la independencia judicial. Junto con ACIJ, INECIP y Poder Ciudadano presentamos una acción de amparo.
Audiencia CIDH: el Estado desconoció su responsabilidad por los asesinatos y la represión de diciembre de 2001
El Estado argentino retiró el reconocimiento de responsabilidad sobre la represión del 2001, luego de haberla aceptado en 2023. Los funcionarios no respondieron a la pregunta sobre qué valoración hace hoy el Estado sobre lo sucedido en diciembre de 2001. Los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron una expresión extrema de la violencia estatal, luego de la declaración injustificada del Estado de Sitio.
Audiencia CIDH: el Estado no dio respuestas a los problemas de refugio y asilo
CAREF, el CELS y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) solicitamos a la CIDH que inste al Gobierno argentino a derogar el DNU 942/2024 porque afecta las garantías del debido proceso y el derecho a solicitar y recibir asilo. Además, planteamos que el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones sobre los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo y, en particular, que garantice la idoneidad de las y los funcionarios que deben resolver las solicitudes.
