El CELS se ha pronunciado reiteradamente a favor de la preservación de los derechos de los medios y periodistas a investigar y difundir informaciones y opiniones así como los del público a recibirlas.
Mañana a partir de las 17 hs. comenzarán los alegatos en la causa iniciada por los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, condenados en Argentina por haber publicado una serie de notas en la revista Noticias sobre un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem.
EL CELS se presentó como amicus curiae, ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego, que debe resolver en una acción de daños y perjuicios promovida por el fiscal de la provincia Virgilio Martínez de Sucre contra el senador nacional Carlos Martínez.
Durante 2009 y 2010, el tema de la democratización del acceso al debate público ocupó un rol central en la agenda de los tres poderes del Estado. En este sentido, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y la despenalización de las figuras de calumnias e injurias constituyeron avances significativos.
Lo hizo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Nicolás Fernández , en una reunión con los representantes de las organizaciones que forman parte de la campaña por una ley de acceso a la información pública.
El documento hace hincapié en tres aspectos de la ley 26.522: el régimen de sanciones, la asignación de pauta publicitaria oficial y las restricciones en el acceso a licencias para personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos.
Organizaciones de la sociedad civil promueven la adhesión a la campaña ‘Saber es un derecho, ¡Que ahora sea ley!’, por una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Actualmente, la discusión se da en simultáneo en ambas cámaras del Congreso.
La presidente de la Nación, Cristina Fernández, y el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, encabezaron el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado argentino y de homenaje al periodista Eduardo Kimel que se realizó esta mañana.
Según la resolución 174/2010, publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Juan Gabriel Mariotto, el Procedimiento de Elaboración Participativa estará abierto durante quince días.
Para el CELS el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) es una señal positiva para avanzar en la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), aprobada por el Congreso en octubre pasado.
Universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un dictamen jurídico que sostiene la necesidad de respetar el resultado del debate democrático que permitió la sanción de la Ley de SCA y demanda su plena vigencia.
En este capítulo se resaltan dos avances sustanciales tuvieron lugar en 2009: la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la despenalización de las figuras de calumnias e injurias para todas las expresiones referidas a asuntos de interés público.
Universidades, sindicatos y organizaciones sociales presentaron un amicus curiae, que fundamenta la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en una causa que tramita ante la justicia federal de Salta.
El CELS, junto a otras organizaciones de la sociedad civil y universidades, enviaron una carta a la Presidenta de la Nación en la que le solicitaron la reglamentación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A través de una nota al Senado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), le solicita que aprueben el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados que despenaliza las calumnias e injurias cuando se refieren a expresiones de interés público.
El 28 de septiembre el CELS presentó en una audiencia pública realizada en el Senado de la Nación su posición respecto del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) celebra el envío al Congreso Nacional del proyecto de LSCA reclama un debate parlamentario amplio y transparente, que mejore y enriquezca la propuesta oficial.
Este capítulo aborda algunos de los acontecimientos relevantes para la reflexión sobre el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión que tuvieron lugar en el 2008.
El CELS presentó esta tarde un documento elaborado junto a otras organizaciones en el que se destaca la necesidad de elaborar una nueva normativa que regule los servicios de comunicación audiovisual.
La organización que reúne a entidades periodísticas y grupos defensores de la libertad exigió al Estado argentino que reforme la legislación sobre calumnias e injurias para evitar nuevas violaciones a la libertad de expresión.
Este capítulo señala que no se registraron grandes avances en 2007 en cuanto a legislación, ni se evidenció por parte del Estado la intención de tomar un rol activo en el diseño e implementación de políticas de comunicación pluralistas y democratizadoras.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) participó de la audiencia por el caso Patitó, una demanda por daños y perjuicios contra el diario “La Nación”, impulsada desde el Cuerpo Médico Forense.
El periodista presentó su alegato ante la Corte IDH y pidió que se reformen las figuras de calumnias e injurias
Este artículo reflexiona sobre el contexto de desarrollo de las industrias de información, comunicación y cultura en el país.
Este capítulo ofrece un análisis no exhaustivo de los acontecimientos del año en relación con estas temáticas.
Este capítulo se dedica a verificar el estado en Argentina de las garantías y el reconocimiento efectivo del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información como derecho humano en las tres facetas de universalidad que establece el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Esta publicación recopila las experiencias sobre acceso a la información pública que se impulsaron a lo largo de más de ocho años con el fin de que puedan ser utilizadas y replicadas por individuos particulares y organizaciones sociales en su trabajo para la vigencia de derechos fundamentales.
Durante 1999 continuaron muchas de las problemáticas relacionadas con el pleno ejercicio del derecho a la información. En ese sentido, aun sin las características de extrema gravedad que tuvieron sucesos ocurridos en años anteriores, las agresiones contra periodistas volvieron a hacerse presentes.
Durante el año 1998 ocurrieron hechos que, en general, han significado un retroceso en la protección del derecho a la libertad de expresión.
El informe busca reflejar dos modalidades por medio de las cuales se ha restringido la libertad de expresión a lo largo de 1997: las amenazas y ataques a periodistas y el impedimento de acceso a la información pública.
En el siguiente apartado se detallan las medidas que han tomado distintos órganos de gobierno en cuanto a la protección de estos derechos.
El tratamiento del tema de la libertad de expresión se limitará en este informe a uno solo de sus aspectos: la libertad de prensa.