La definición de políticas de defensa, así como las cuestiones relacionadas con la organización y conducción de las Fuerzas Armadas (FFAA) son tareas que, desde el retorno democrático, han quedado en manos de las propias fuerzas.
En este libro, el CELS advierte que estamos en presencia de una situación compleja respecto a las políticas de seguridad ciudadana que requieren soluciones complejas.
Este capítulo presenta elementos para analizar el desarrollo, durante 2004, de un proceso que fortaleció una perspectiva de seguridad contraria a los derechos humanos.
La simplificación del problema de la seguridad a una sola dimensión -el uso del poder punitivo del Estado- lo reduce sin resolverlo. A la vez, restringe las nociones de derechos de ciudadanía de los actores involucrados y acota el campo del control, tanto en su legitimidad como en su eficacia.
Las lógicas que deben regir las políticas de seguridad ciudadana son diferentes de las que guían el accionar de instituciones armadas en contextos bélicos. Sin embargo, aquellas políticas a menudo manifiestan cosmovisiones propias de la guerra.
Este informe, en su primera parte, describe las cuatro principiales áreas programáticas en la reforma de la seguridad pública y, en una segunda parte, analiza tres herramientas utilizadas por los donantes para incrementar las probabilidades de que el abordaje que seleccionan sea efectivo
El primer impacto que las políticas de seguridad sufrieron como resultado de los atentados del 11 de septiembre fue su misma ubicación en el primer plano de los debates y la atención pública.
Desde la reinstitucionalización democrática de las Fuerzas Armadas en la Argentina, se estableció un marco normativo que delimitó con precisión el rol de las Fuerzas Armadas.
Durante 1999, distintos funcionarios y candidatos reivindicaron y promovieron de forma explícita la violencia estatal como mecanismo para construir una convivencia segura.
Esta publicación analiza las políticas modernas de prevención del delito y describe críticamente el papel que dentro de éstas ocupa en Argentina la llamada táctica de la sospecha. Así como también, el uso de la figura de Detención por Averiguación de Identidad en la ciudad de Buenos Aires.
Estos documentos de trabajo fueron preparados para ser debatidos en el Seminario sobre Reformas policiales en Argentina.
A más de dos años de las torturas en la alcaidía de Tribunales denunciadas por los detenidos, la investigación judicial está destinada a no arrojar resultados positivos. El juez a cargo retarda o niega medidas que podrían esclarecer los hechos y ejecuta las que sirven para diluir la investigación.
A dos años del intento de copamiento del Regimiento de La Tablada: los militares que capturaron con vida a Iván Ruiz y Félix Díaz fueron identificados; la familia de Carlos Alberto Burgos entregó fichas odontológicas que nunca fueron cotejadas; el juzgado no realizó más investigaciones sobre Provenzano ni sobre Pablo Ramos.
En una carta al presidente Menem transmitimos que el principio de seguridad jurídica no está plasmado en la investigación judicial sobre los hechos de La Tablada. No hay progreso en el esclarecimiento de las ejecuciones extralegales denunciadas. La causa por torturas en la alcaidía de Tribunales tramita con negativas y retrasos.
A pocos días del intento de toma del cuartel del Regimiento de Infantería Motorizada de La Tablada, este documento recapitula los hechos, las hipótesis de la toma, las consecuencias para el orden democrático. Y llama a exhibir las banderas de los derechos humanos en ese escenario.
Solicitada del CELS sobre el intento de copamiento del Regimiento de La Tablada.