Seguridad y derechos humanos: el modelo de gobierno como clave
En este capítulo se evalúan los modelos de gobierno de seguridad y su relación con los derechos humanos en las jurisdicciones federal, bonaerense y porteña.
En este capítulo se evalúan los modelos de gobierno de seguridad y su relación con los derechos humanos en las jurisdicciones federal, bonaerense y porteña.
El uso de la fuerza letal por parte de policías que se encuentran de franco o personal retirado de las fuerzas es un aspecto problemático de la violencia policial, tanto en la Policía Federal como en la Policía de la provincia de Buenos Aires y más recientemente en la Policía Metropolitana.
El comienzo del juicio estaba previsto inicialmente para el pasado 5 de marzo. Sin embargo la audiencia debió suspenderse ante la repentina ausencia de algunos abogados defensores. El CELS pidió sanciones para los abogados reticentes y la designación de defensores oficiales sustitutos.
El 5 de junio comienza el juicio oral y público a 14 marinos acusados de realizar actividades de inteligencia interna desde la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, provincia de Chubut.
En este capítulo se analiza el sistema de seguridad, poniendo énfasis en el trabajo político respecto de la policía y en la relación entre seguridad y derechos humanos.
Este capítulo se propone aportar al debate sobre las modificaciones necesarias en la Policia Federal Argentina (PFA).
Organizaciones sociales y referentes políticos presentaron, en La Plata, un documento que propone una reforma de la política de seguridad bonaerense que ponga freno a la violencia policial y brinde respuestas efectivas.
La creación del Ministerio de Seguridad representa una oportunidad histórica para llevar adelante reformas destinadas a garantizar la conducción política del sistema federal de seguridad, que fueron postergadas desde la recuperación de la democracia.
El Acuerdo para una política de Seguridad Democrática presentó hoy en el Congreso su proyecto para crear un Observatorio Nacional del Delito y la Violencia.
Representantes del Acuerdo de Seguridad Democrática difundieron un comunicado en el que afirman que apelar a la ley, la justicia y la policía, en términos generales, sin explicar por qué se producen los hechos de violencia, demuestra que las políticas de seguridad se implementan a ciegas.
El Consejo Deliberante de la ciudad de Bariloche adhirió al Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) impulsado por el CELS junto a otras organizaciones sociales, políticas y sindicales que tiene como objetivo de fijar lineamientos básicos para el desarrollo de políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos.
El CELS y la CPM, junto a legisladores, referentes sociales y expertos en seguridad, presentaron ayer en la ciudad de La Plata el Acuerdo para una Seguridad Democrática (ASD). Más tarde, el presidente del CELS Horacio Verbitsky, su director ejecutivo Gastón Chillier y el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian presentaron el documento a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández.
La acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se limitó en general a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria. Algunos procesos de reforma tuvieron resultados favorables, pero fueron interrumpidos para volver a políticas de probado fracaso.
Legisladores de todas las fuerzas políticas participaron hoy en la Cámara de Diputados de la reunión de la comisión de Seguridad Interior en la que se presentaron algunas de las iniciativas impulsadas por el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD).
El 1° de Junio en el segundo piso, salón 2, del Anexo de la Cámara de Diputados, legisladores, expertos y organizaciones de la sociedad civil debatirán sobre seguridad.
En este capítulo se destaca que durante todo el año la demanda pública se focalizó en la criminalidad juvenil, en la supuesta limitación legal para detener a personas que infringen la ley y en el fingido menoscabo de las facultades policiales y que eso explica buena parte de las políticas asumidas por los distintos gobiernos.
La presentación del acuerdo se realizó en el Congreso Nacional y participaron, académicos y expertos en seguridad, referentes gremiales, políticos, sociales, religiosos, culturales y de los derechos humanos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió esta carta al Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, donde impugna la designación de Jorge Palacios como jefe de la policía metropolitana.
La gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, iniciada en 2005 ha enfatizado el impulso de la integración de las fuerzas armadas a la sociedad y al marco democrático.
La inseguridad suele ser presentada como un fenómeno vinculado al desorden, frente al cual diversos actores reclaman al Estado que incremente el control y el castigo.
Las instituciones policiales operan con un grado preocupante de violencia, que muchas veces se ve legitimado por los discursos en torno al crecimiento del delito y la inseguridad.
El documento propone instalar nuevamente el debate sobre el papel de las fuerzas armadas en sociedades democráticas, y en procesos de integración regional, con el objetivo de superar una tradición autoritaria que ha jugado en el pasado un rol contrario al sostenimiento de la democracia.
El CELS presentó un escrito en el que solicitó se cite a declaración indagatoria a los altos mandos de la Armada por las prácticas ilegítimas de inteligencia que realizaba el Servicio de Inteligencia Naval en Trelew.
A pesar de los cambios positivos producidos en los últimos años, la violencia sigue siendo uno de los problemas institucionales más serios que afronta la democracia argentina.
Se trata del ex comisario Carlos Rico Teijeiro, quien estuvo vinculado a la represión ilegal durante la última dictadura militar .
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de nueve marinos y los jefes de inteligencia de la Armada en Puerto Belgrano, Eduardo Avilés, Cristian Vidal y Carlos Vázquez.
En este capítulo se revisan, las particularidades que tuvo el debate en torno a la seguridad durante año, prestando atención a los discursos que se destacaron en la discusión pública e identificando las intervenciones del gobierno que contribuyeron a contrarrestar o a reafirmar el liderazgo de ciertos referentes e ideas. Luego se identifican actores con presencia pública en esta agenda.
En este capítulo se examinan las tendencias estadísticas y los casos más graves de violencia policial en la región metropolitana de Buenos Aires. Luego, se analizan los hechos de violencia institucional que ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y las reformas que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Seguridad.
La definición de políticas de defensa, así como las cuestiones relacionadas con la organización y conducción de las Fuerzas Armadas (FFAA) son tareas que, desde el retorno democrático, han quedado en manos de las propias fuerzas.
En este libro, el CELS advierte que estamos en presencia de una situación compleja respecto a las políticas de seguridad ciudadana que requieren soluciones complejas.
Este capítulo presenta elementos para analizar el desarrollo, durante 2004, de un proceso que fortaleció una perspectiva de seguridad contraria a los derechos humanos.
La simplificación del problema de la seguridad a una sola dimensión -el uso del poder punitivo del Estado- lo reduce sin resolverlo. A la vez, restringe las nociones de derechos de ciudadanía de los actores involucrados y acota el campo del control, tanto en su legitimidad como en su eficacia.
Las lógicas que deben regir las políticas de seguridad ciudadana son diferentes de las que guían el accionar de instituciones armadas en contextos bélicos. Sin embargo, aquellas políticas a menudo manifiestan cosmovisiones propias de la guerra.
Este informe, en su primera parte, describe las cuatro principiales áreas programáticas en la reforma de la seguridad pública y, en una segunda parte, analiza tres herramientas utilizadas por los donantes para incrementar las probabilidades de que el abordaje que seleccionan sea efectivo
El primer impacto que las políticas de seguridad sufrieron como resultado de los atentados del 11 de septiembre fue su misma ubicación en el primer plano de los debates y la atención pública.
Desde la reinstitucionalización democrática de las Fuerzas Armadas en la Argentina, se estableció un marco normativo que delimitó con precisión el rol de las Fuerzas Armadas.
Durante 1999, distintos funcionarios y candidatos reivindicaron y promovieron de forma explícita la violencia estatal como mecanismo para construir una convivencia segura.
Esta publicación analiza las políticas modernas de prevención del delito y describe críticamente el papel que dentro de éstas ocupa en Argentina la llamada táctica de la sospecha. Así como también, el uso de la figura de Detención por Averiguación de Identidad en la ciudad de Buenos Aires.
Estos documentos de trabajo fueron preparados para ser debatidos en el Seminario sobre Reformas policiales en Argentina.
A más de dos años de las torturas en la alcaidía de Tribunales denunciadas por los detenidos, la investigación judicial está destinada a no arrojar resultados positivos. El juez a cargo retarda o niega medidas que podrían esclarecer los hechos y ejecuta las que sirven para diluir la investigación.
A dos años del intento de copamiento del Regimiento de La Tablada: los militares que capturaron con vida a Iván Ruiz y Félix Díaz fueron identificados; la familia de Carlos Alberto Burgos entregó fichas odontológicas que nunca fueron cotejadas; el juzgado no realizó más investigaciones sobre Provenzano ni sobre Pablo Ramos.
En una carta al presidente Menem transmitimos que el principio de seguridad jurídica no está plasmado en la investigación judicial sobre los hechos de La Tablada. No hay progreso en el esclarecimiento de las ejecuciones extralegales denunciadas. La causa por torturas en la alcaidía de Tribunales tramita con negativas y retrasos.
A pocos días del intento de toma del cuartel del Regimiento de Infantería Motorizada de La Tablada, este documento recapitula los hechos, las hipótesis de la toma, las consecuencias para el orden democrático. Y llama a exhibir las banderas de los derechos humanos en ese escenario.
Solicitada del CELS sobre el intento de copamiento del Regimiento de La Tablada.