La decisión de la Corte Suprema en el caso impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), para discutir la constitucionalidad de la reforma por DNU de la Ley de Tierras, tiene consecuencias de distinto tipo.

Por un lado, aunque sea indirectamente, avaló la derogación de la ley, a pesar de que el Congreso de la Nación la había rechazado, y abrió así el camino para un proceso de mayor extranjerización. Lo hizo dándole la espalda al consenso que dio lugar a la Ley de Tierras en su momento, al masivo rechazo social a su derogación y a la voluntad de los/as legisladores en ejercicio.

En el mismo acto, la Corte también decidió hacer todavía más difícil la participación ciudadana. No convocó a audiencias públicas para discutir el caso. Luego, resolvió de una forma que consolida una jurisprudencia muy restrictiva sobre quiénes pueden acudir a los tribunales, recurriendo a argumentos que se presentan como “técnicos”.

Lo cierto es que es cada vez más difícil acceder a la protección judicial, sobre todo cuando se trata de casos colectivos. Y no casualmente, los perjudicados por las restricciones procesales son grupos como las y los inquilinos, trabajadores, o quienes necesitan acceder a medicamentos o sufren abusos de las empresas que brindan servicios de salud.

Así, los argumentos presuntamente técnicos son en verdad una excusa para justificar una Corte Suprema cada vez más enfrascada en la rosca política y en las disputas de poder, que preocupada por defender la Constitución y el acceso a la justicia.

El jueves 15 de octubre habrá una sesión especial en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/2023. En la ciudad de Buenos Aires, la Plaza del Congreso albergará dos convocatorias: la 5ta Marcha Federal Universitaria (que se multiplicará en todo el país) y una concentración para reclamar la derogación del DNU. Te invitamos a marchar con el CELS.

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