Por Camila Barretto Maia (CELS), Laura Kauer García (INCLO) y Rohini Haar (PHR). Publicada en Infobae
Nadie debería tener que arriesgar su vida en una manifestación. Sin embargo, en Perú este riesgo es una realidad. Ya son 58 personas las que fallecieron en todo el país en las manifestaciones que comenzaron en diciembre de 2022, luego de que la vicepresidenta Dina Boluarte asumiera el cargo tras la destitución y detención de Pedro Castillo. Muchas de estas muertes son el resultado de balas de plomo que fueron disparadas contra manifestantes pacíficos, algunas veces alcanzando terceros que ni siquiera participaban en las protestas. Otras muertes, sin embargo, fueron causadas por armas “menos letales” que tienen la capacidad de herir, mutilar y matar, y que fueron utilizadas masivamente por el gobierno.
Las víctimas mortales de las armas “menos letales”
El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica es un derecho humano fundamental que Perú se comprometió a proteger, defender y promover. Sin embargo, las manifestaciones de los últimos meses han sido reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad. Una de las últimas muertes fue la de Víctor Santisteban Yacsavilca quien ni siquiera estaba manifestando y que falleció como consecuencia de un cartucho de gas lacrimógeno que lo golpeó en la cabeza a corta distancia. A pesar de las declaraciones contradictorias del Ministerio de Salud y los medios de comunicación, la autopsia confirmó que el golpe fue causado por un cartucho y no por una piedra. En Lima, Pedro Cosi Condori y Udoc Dassio Antonio sufrieron fracturas craneales debido al impacto de cartuchos de gas lacrimógeno en la cabeza. Ellos están entre las 8 víctimas que fueron atendidas por el mismo tipo de lesiones en la capital peruana ese día. En las últimas semanas, los manifestantes también sufrieron heridas graves causadas por otras armas “menos letales”. Rosalino Flores Valverde sigue hospitalizado por las heridas provocadas por 36 perdigones en el pecho y el abdomen después de recibir disparos a corta distancia por la espalda en las protestas de enero en Cuzco.
Si bien está aumentando la concientización sobre los peligros de las balas de goma y los cartuchos de gas lacrimógeno, aún queda mucho camino por recorrer. Las investigaciones realizadas por Physicians for Human Rights (PHR) y la Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO) demuestran que los gases lacrimógenos (el arma “antidisturbios” más utilizada en el mundo y percibida como una de las más inofensivas) pueden causar dolor intenso y asfixia, así como efectos a largo plazo, tales como quemaduras químicas y pérdida de visión. Cuando los cartuchos se utilizan como proyectiles (como fue el caso de Yacsavilca) se vuelven extremadamente peligrosos. Los cartuchos de gas lacrimógeno son densos, metálicos y grandes; además, suelen calentarse y pueden golpear a alguien en plena explosión. Se demostró que han causado discapacidades permanentes y muertes en Irak, Siria, Chile y Ecuador, entre otros países.
La necesidad de controles y supervisión internacionales más estrictos
El creciente número de manifestantes heridos y la muerte de Santisteban Yacsavilca en Perú como consecuencia del uso de armas “menos letales” reafirman esta investigación. Las armas “menos letales” con componentes metálicos o proyectiles múltiples nunca deberían utilizarse en el contexto de protestas y los cartuchos de gas lacrimógeno no deberían utilizarse como proyectiles cinéticos, tal como lo recomiendan INCLO y PHR. Estas recomendaciones también se encuentran en las Orientaciones de las Naciones Unidas sobre el empleo de armas menos letales (2020) e incluyen directrices para el uso correcto de estos dispositivos por parte de las autoridades estatales. Existen cada vez más estándares que indican que algunas armas “menos letales” no logran ningún resultado en el mantenimiento del orden. Otras deberían regularse estrictamente si se van a utilizar.
Sin embargo, la mayoría de los gobiernos, incluido el de Perú, están lejos de contar con regulaciones y mecanismos de rendición de cuentas rigurosos, a pesar de los grandes riesgos que conlleva el uso de estas armas. Además, hay poca transparencia alrededor de la fabricación, el testeo, la compra y el uso de las armas “menos letales” en todo el mundo. El hecho de que estas armas se fabriquen en un país, se compren en otro y se utilicen en uno distinto hace que garantizar la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos sea un enorme desafío. No existen normas que limiten la compra de armas por parte de gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos, como es el caso de Perú en la actualidad.
Cabe aclarar que la mayoría de las víctimas en Perú sufrieron impactos de armas de fuego que utilizaron las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, lo cual está expresamente prohibido por los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y por casi todas las demás normas aplicables de derechos humanos. Sin embargo, hay indicios preocupantes que indicarían que la muerte de Santisteban Yacsavilca no es un hecho aislado, sino el resultado de un patrón más amplio dentro de las fuerzas peruanas.
Además de solicitar de manera urgente balas de goma, granadas y cartuchos de gas lacrimógeno a varios fabricantes nacionales, el gobierno peruano solicitó a Ecuador la devolución de más de 12.000 cartuchos de gas lacrimógeno que las autoridades peruanas habían enviado a Ecuador para que éste hiciera frente a las protestas ocurridas en 2022. Asimismo, el 12 de enero de 2023, Perú recibió casi 30.000 municiones de gas lacrimógeno adicionales del fabricante brasileño Cóndor. Incrementar la cantidad de armas “menos letales” en un contexto ya de por sí volátil indica que el gobierno peruano y las fuerzas de seguridad ignoran su principal responsabilidad de desescalar las tensiones y facilitar el diálogo. Ése debería ser su principal objetivo, en lugar de adquirir más armas para utilizar contra manifestantes.
La necesidad de controles y supervisión internacionales más estrictos
El creciente número de manifestantes heridos y la muerte de Santisteban Yacsavilca en Perú como consecuencia del uso de armas “menos letales” reafirman esta investigación. Las armas “menos letales” con componentes metálicos o proyectiles múltiples nunca deberían utilizarse en el contexto de protestas y los cartuchos de gas lacrimógeno no deberían utilizarse como proyectiles cinéticos, tal como lo recomiendan INCLO y PHR. Estas recomendaciones también se encuentran en las Orientaciones de las Naciones Unidas sobre el empleo de armas menos letales (2020) e incluyen directrices para el uso correcto de estos dispositivos por parte de las autoridades estatales. Existen cada vez más estándares que indican que algunas armas “menos letales” no logran ningún resultado en el mantenimiento del orden. Otras deberían regularse estrictamente si se van a utilizar.
Sin embargo, la mayoría de los gobiernos, incluido el de Perú, están lejos de contar con regulaciones y mecanismos de rendición de cuentas rigurosos, a pesar de los grandes riesgos que conlleva el uso de estas armas. Además, hay poca transparencia alrededor de la fabricación, el testeo, la compra y el uso de las armas “menos letales” en todo el mundo. El hecho de que estas armas se fabriquen en un país, se compren en otro y se utilicen en uno distinto hace que garantizar la rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos sea un enorme desafío. No existen normas que limiten la compra de armas por parte de gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos, como es el caso de Perú en la actualidad.
Cabe aclarar que la mayoría de las víctimas en Perú sufrieron impactos de armas de fuego que utilizaron las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, lo cual está expresamente prohibido por los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y por casi todas las demás normas aplicables de derechos humanos. Sin embargo, hay indicios preocupantes que indicarían que la muerte de Santisteban Yacsavilca no es un hecho aislado, sino el resultado de un patrón más amplio dentro de las fuerzas peruanas.
Además de solicitar de manera urgente balas de goma, granadas y cartuchos de gas lacrimógeno a varios fabricantes nacionales, el gobierno peruano solicitó a Ecuador la devolución de más de 12.000 cartuchos de gas lacrimógeno que las autoridades peruanas habían enviado a Ecuador para que éste hiciera frente a las protestas ocurridas en 2022. Asimismo, el 12 de enero de 2023, Perú recibió casi 30.000 municiones de gas lacrimógeno adicionales del fabricante brasileño Cóndor. Incrementar la cantidad de armas “menos letales” en un contexto ya de por sí volátil indica que el gobierno peruano y las fuerzas de seguridad ignoran su principal responsabilidad de desescalar las tensiones y facilitar el diálogo. Ése debería ser su principal objetivo, en lugar de adquirir más armas para utilizar contra manifestantes.
Un tratado internacional para un comercio libre de tortura
Actualmente se está proponiendo en la ONU un tratado sobre comercio libre de tortura, un tratado internacional vinculante sobre el comercio de este tipo de armas. Éste sería un paso importante para garantizar que ciertas armas, relacionadas a violaciones de derechos humanos, pasen bajo la lupa de dichos derechos antes de ser compradas o comercializadas. Crearía mecanismos más claros para controlar la compra de armas por parte de Estados, como Perú en este momento. También regularía la fabricación y venta de armamento, lo que impactaría en este caso a Brasil y Ecuador, los actuales proveedores de “armas menos letales” de Perú.
En la actualidad se están produciendo graves violaciones de derechos humanos en todo el país andino y no hay indicios de que vayan a disminuir. El incremento de la cantidad de armas “menos letales” en manos de las fuerzas de seguridad sólo conducirá a más lesiones graves y muertes, ya que ha quedado demostrado que dichas fuerzas no están a la altura de la tarea de proteger la vida y los derechos humanos de todos.
Los manifestantes deben poder expresar libremente sus opiniones sin miedo a morir o sufrir lesiones.
Sobre las autoras de esta columna
Laura Kauer García es project manager del programa sobre derecho a la protesta y actuación de las agencias de seguridad de la International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO). Es consultora e investigadora sobre los derechos a la protesta y la libertad de expresión, y los ataques dirigidos a defensores de derechos humanos.
Rohini Haar es médica emergentóloga experta en salud y derechos humanos, y asesora médica de Physicians for Human Rights (PHR). Además, es profesora adjunta en UC Berkeley School of Public Health (facultad de salud pública de la Universidad de Berkeley, California).
Camila Barretto Maia es coordinadora del Área Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización argentina de derechos humanos que actualmente coordina un programa de asistencia legal de emergencia para manifestantes en América Latina.