En diecisiete jurisdicciones del país podemos contar, entre 2012 y 2020, 1532 causas iniciadas por aborto y 37 posibles eventos obstétricos.
En la década pasada, el campo de las políticas para la protección de la infancia experimentó diferentes transformaciones en la Argentina. Este libro las aborda en distintos contextos locales (municipios y provincias) a la luz de problemas específicos.
Este documento sistematiza los resultados de dos investigaciones: sobre las fiscalías especializadas en violencia institucional en Buenos Aires y Mendoza y sobre las estrategias jurídicas novedosas para la investigación de casos de tortura y malos tratos de personas privadas de su libertad, desarrolladas en el ámbito federal.
La vida cotidiana de las personas migrantes en América del Sur muestra que la irregularidad migratoria profundiza las desigualdades económicas y sociales.
Producto de una investigación en hospitales públicos de distintos lugares del país, la publicación diagnostica los problemas principales para el abordaje de los hechos de violencia institucional en las guardias. Y proponer estrategias para resolverlos.
Los Estados tienen la obligación mínima de asegurar la disponibilidad y el acceso a los medicamentos incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Entre ellos: el misoprostol y la mifepristona.
En los casos de abortos o de eventos obstétricos criminalizados nos encontramos con frecuencia con problemas en los procesos penales que suelen ser usados por el propio sistema penal para incriminar a personas: violación del secreto profesional, allanamientos ilegales, confesiones forzadas, falta de asesoramiento jurídico. Ante situaciones que se reiteran, decidimos contribuir al desarrollo de … Continued
Un patrón constante en los casos de criminalización de abortos es que muchos se originan a partir de la denuncia de profesionales de la salud que intervienen, quienes violan, de esa forma la garantía de confidencialidad de la que gozan las personas cuando buscan atención en salud. Las historias de Belén en Tucumán, Yamila en … Continued
Esta guía está dirigida a les operadores y auxiliares de justicia por su trabajo como peritos en las causas de determinación de capacidad y evaluación de internaciones de personas con discapacidad.
En este documento analizamos los artículos 12, 13 y 19 de la CDPD, a la luz de las interpretaciones de los órganos de monitoreo en relación con otros instrumentos legales.
Este trabajo aborda el trabajo pericial desde la experiencia de los organismos de derechos humanos. Propone una lectura de la lógica judicial que guía los procesos de verdad y justicia.
La finalidad de este trabajo es ofrecer una serie de conceptos que nos permitan desnaturalizar roles, conductas, formas de pensamiento, actitudes, lugares, históricamente asociados al género.
Este documento aborda la evolución del marco normativo sobre discapacidad psicosocial como una forma de comprensión de la normativa vigente, centrada en la capacidad jurídica como un derecho humano.
Este trabajo realiza un abordaje de los apoyos en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su vinculación con los procesos de determinación de capacidad jurídica.
Este trabajo reflexiona sobre la práctica pericial como una de las instancias en las que se aplican categorías sociales. La analizamos desde una mirada y un posicionamiento interdisciplinario.
Una ley sobre el ejercicio profesional de la obstetricia una deuda pendiente del sistema de salud con las personas con capacidad de gestar.