El CELS participó hoy de la audiencia pública convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación para debatir los proyectos que buscan regular la protesta social.
Paula Litvachky -Directora de Justicia y Seguridad- y Marcela Perelman -Directora de Investigación- desarrollaron la posición del CELS a partir de cuatro ejes: la legitimidad de la protesta social, la necesidad de regular el uso de la fuerza por parte del Estado para dar rango legal al principio de no represión, la canalización política de los conflictos sociales como solución a las demandas de fondo y la no criminalización de la protesta.
El CELS ve con preocupación que la mayoría de los proyectos en debate partan del supuesto de que en la actualidad hay un uso abusivo del derecho a la protesta y que por lo tanto hay que establecer limitaciones o restricciones. Los conflictos son parte constitutiva de la democracia y la protesta social es motor de los avances en materia de ampliación de derechos. Por lo tanto, valoramos que el Congreso debata cuál debe ser el rol del Estado frente a la protesta y esperamos que la discusión parta de considerar la legitimidad de las protestas y manifestaciones y no de la necesidad de ponerles un límite.
El Estado tiene el deber de proteger a las personas que participan en las protestas. Por lo tanto, es indispensable que se dé contenido de esta obligación estatal positiva. La legislación puede avanzar en una definición del abordaje no violento de los conflictos y en una regulación del uso de la fuerza que no quede limitada a la prohibición de utilizar armas de fuego. Esta regulación tiene que incluir directrices para la intervencion de las fuerzas de seguridad que sean acordes a los estándares internacionales de protección. Las protestas sociales expresan demandas de fondo de distintos sectores de la sociedad, es necesario que las fuerzas políticas asuman que esos conflictos deben resolverse por la vía de una interlocución que pueda dar respuesta a esas demandas.
El CELS también consideró que es preocupante la persistencia de la criminalización de las personas que participan en manifestaciones y protestas y que en este sentido es importante que el Congreso debata las iniciativas que plantean la amnistía a los luchadores sociales y la posible modificación de los artículos 181 y 194 del Código Penal que tienen derivas criminalizantes.