Impunidad por las muertes en la represión del Parque Indoamericano

Dictaron la falta de mérito y el sobreseimiento de los 41 policías de la Federal y la Metropolitana que estaban procesados por el operativo de desalojo del Parque Indoamericano.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó la falta de mérito y el sobreseimiento de los 41 policías de la Federal y la Metropolitana que estaban procesados por el operativo de desalojo del Parque Indoamericano en el que fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rossemary Chura Puña en diciembre de 2010.

La Cámara confirma que las muertes fueron causadas por el accionar policial pero deslinda de responsabilidad a los jefes de la Federal y de la Metropolitana, quienes habían sido procesados por su rol en la dirección del operativo, y sostiene que se trató de policías no identificados que habrían actuado por su cuenta.

El fallo no analiza el operativo ni el contexto en el que se desarrolló. Ante una intervención abusiva y violenta de las fuerzas de seguridad en una situación de conflicto social, la Cámara decide diluir las responsabilidades sin responder con argumentos sólidos a las pruebas acumuladas en la causa, centrales para que la jueza de instrucción dictara los procesamientos.

El 7 de diciembre de 2010, en el Parque Indoamericano dos personas fueron asesinadas y cinco fueron heridas por integrantes de las fuerzas de seguridad en el marco de un conflicto generado por problemáticas que afectan derechos fundamentales, como el déficit estructural de viviendas. En la causa, el CELS representa a los padres de Rossemary, quien tenía 28 años al momento de su muerte y vivía en el barrio de Los Piletones. La investigación prueba que las policías Metropolitana y Federal actuaron en coordinación, tuvieron un accionar violento e ilegal e hicieron un uso descontrolado de la fuerza letal. Sin embargo, estos hechos, probados en el marco de la causa, no fueron objeto de análisis por parte de la Sala I de la Cámara de Apelaciones.

Hoy, más de tres años después, y a pesar de las fuertes evidencias de la investigación, los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional deslindan de responsabilidad a los policías de distinto rango que habían sido procesados por armar, dirigir y efectuar el operativo. Esta decisión expresa la dificultad para juzgar hechos que involucran a integrantes de las instituciones de seguridad y es un grave mensaje del Poder Judicial acerca de que la represión y el accionar abusivo de las fuerzas pueden permanecer impunes.

El CELS recurrirá a la Cámara de Casación Penal el sobreseimiento de los jefes de la Metropolitana y la Federal.