En la Argentina hay cada vez más derechos vulnerados. Vistos en conjunto, en el último informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), componen un cuadro de desprotección jurídica, deterioro de la vida democrática y fragilidad en el acceso a derechos de amplios sectores de la sociedad. Podemos enumerar acá los derechos ambientales, los impactos del ajuste en la población por las medidas económicas, la política fiscal y el endeudamiento; la debilidad de las pocas políticas de memoria que quedan. Pero además recoge datos de una reconfiguración autoritaria del Estado, sobre todo en la protesta y la libre expresión, en la privacidad, la vigilancia y el espionaje ilegal. En definitiva, el informe muestra no ya reformas aisladas e inconexas sino nuevas formas de institucionalidad en donde las libertades y los proyectos igualitarios tienen cada vez menos lugar.
Protesta y libertad de expresión
La CIDH cuestionó las medidas restrictivas al derecho a la protesta, sumados a los ataques directos a periodistas y el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes ponen en riesgo la vida colectiva. Por esto llamó al Estado a garantizar estos derechos amenazados y la seguridad de quienes participan en las movilizaciones. Llamó la atención especialmente sobre las manifestaciones de jubiladas y jubilados que protestan todas las semanas frente al Congreso y son reprimidos.
La CIDH cuestionó también la “estrategia para silenciar, así como [las] acciones judiciales que restringen el debate público” y alertó por los “múltiples episodios de violencia contra los periodistas como amenazas de muerte y agresiones físicas, perpetradas presuntamente por funcionarios públicos”.
A ese clima de hostigamiento debemos sumar las agresiones contra la prensa durante las manifestaciones. La CIDH “exhorta al Estado a garantizar de manera efectiva la seguridad y la integridad de quienes desempeñan la labor periodística”. Según la Relatoría de Libertad de Expresión, el ataque al fotógrafo Pablo Grillo “se inscribe en un patrón de uso desproporcionado de la fuerza” contra trabajadores de prensa.
Privacidad y espionaje político
La CIDH recoge las denuncias sobre el Plan de Inteligencia Nacional y señala que “podría facilitar prácticas indebidas de vigilancia, seguimiento y recopilación de información sobre diversos actores, entre ellos periodistas, economistas y opositores políticos”, entre ellas a personas que puedan causar “pérdida de confianza” en las políticas del gobierno. Además, advierte sobre el uso arbitrario de la categoría de seguridad nacional para limitar el acceso a la información e indica que ese concepto debe “interpretarse bajo un enfoque democrático”.
Respecto a la reforma del estatuto de la Policía Federal, la CIDH marcó, como punto clave, que se autoriza a realizar ciberpatrullaje sin autorización judicial. Por su parte, la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión advirtió que también permite a esta fuerza a “registrar y calificar” a personas vinculadas a actividades que la “policía debe reprimir”. Esto podría implicar riesgos de estigmatización, vigilancia selectiva y un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión.
Además, el informe resalta que la sociedad civil cuestionó que la reforma se haya hecho por decreto y no a través de la vía parlamentaria.
Memoria, verdad y justicia
El informe destacó los trabajos para la recuperación de nietas y nietos, la identificación de personas desaparecidas y, en particular, los hallazgos en el ex centro clandestino de detención y tortura La Perla, en Córdoba. También, la continuidad de los procesos judiciales por crímenes de la última dictadura. Pero al mismo tiempo alerta sobre la pérdida de autonomía institucional del Banco Nacional de Datos Genéticos, el desfinanciamiento de las políticas de memoria y los despidos de personal especializado y la remoción de placas conmemorativas.
Ambiente
En un contexto de crisis climática, la CIDH recoge como una regresión las modificaciones del sistema de manejo del fuego y el debilitamiento de la protección de los glaciares y zonas periglaciares frente a la pérdida de reservas hídricas estratégicas. Los incendios forestales además de afectar la biodiversidad, afectan el derecho a la vivienda, al trabajo y al ambiente sano de las personas que viven en esos territorios. La relación entre el fuego intencionado y el agronegocio demanda alertas y la CIDH recalca la obligación de los Estados de “fortalecer –y no debilitar– los arreglos institucionales y presupuestarios para prevenir y mitigar los riesgos ambientales que afectan de manera desproporcionada a comunidades rurales, pueblos indígenas y sectores en situación de pobreza”.
Ajuste y reforma del Estado
Para la CIDH existe en Argentina un “escenario de debilitamiento de la democracia” con impactos directos en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Relatoría DESCA advirtió que esto es consecuencia de la combinación de reformas normativas, reestructuraciones institucionales, ajustes fiscales regresivos, medidas de seguridad y migratorias adoptadas por el Estado durante 2025.
Además, criticó las políticas del gobierno que derivaron en la criminalización y el hostigamiento a personas defensoras de derechos humanos, en particular de pueblos indígenas y comunidades que se oponen a proyectos extractivos. También, criticó el aumento de personas en situación de calle y la criminalización de la pobreza y la informalidad; las restricciones en el acceso de personas migrantes a la educación y la salud; y el desfinanciamiento de políticas de vivienda, salud, cuidados y educación pública.