A veinticinco años del 11 de septiembre, la coyuntura actual nos propone revisar un aspecto del proceso iniciado con los atentados: la transformación de los Estados bajo el paradigma antiterrorista. Esta transformación, orientada entonces a combatir un fenómeno excepcional se volvió permanente y muchas de las herramientas y lógicas que se consolidaron en ese contexto ahora tienen nuevos ámbitos de aplicación. La construcción de distintas formas de conflictividad social como amenazas a la seguridad permite que la política desplace el abordaje de la criminalidad desde los mecanismos democráticos hacia respuestas excepcionales, con mayores niveles de vigilancia, persecución penal, militarización y restricción de derechos.
En un contexto de extrema fragilidad de los sistemas internacionales de protección de derechos a nivel global, el actual gobierno de Estados Unidos plantea una agenda hemisférica de disciplinamiento de la disidencia y persecución de la organización social y política. Esta estrategia se apoya sobre una tendencia que ya existía en la región: la extensión del uso del marco antiterrorista para abordar fenómenos sociales diversos y limitar el ejercicio de derechos civiles y políticos.
En 2025 debatimos con especialistas acerca del avance de la militarización en la región amparado en la estrategia de seguridad y defensa de Estados Unidos, analizando el uso del marco antiterrorista para abordar el crimen organizado y perpetuar regímenes de excepción. Para seguir con estas conversaciones, ahora proponemos un diálogo que reflexione sobre las implicancias que tienen estos desarrollos para el momento que viven hoy las Américas, en particular en torno a contextos electorales recientes y próximos en distintos países del continente.
Cuándo, cómo y quiénes participaron
La cita fue el jueves 24 de septiembre a las 2pm (Argentina) via Zoom y contó con la presencia de Billy Navarrete del Comité de Derechos Humanos de Ecuador, Thiago Rodrigues de la Universidade Federal Fluminense de Brasil y Nadia Ben-Youssef del Center for Constitutional Rights de Estados Unidos, junto a la moderación de Lucia Galoppo, abogada del Equipo de Trabajo Internacional del CELS.
Militarización, ataques contra activistas y migrantes: algunos ejes de la conversación
Desde Brasil, Thiago Rodrigues planteó que si bien el gobierno de su país no es parte del Escudo de las Américas, el tema sí ha sido un elemento clave de la campaña de Flavio Bolsonaro, quien acusa a Lula de tolerar el crimen organizado. Y en ese contexto, reconoció que hay buena parte de la población que considera que Lula no hizo lo suficiente para combatir este fenómeno. Lo que rescata es que ante esta presión, el presidente actual presentó un programa de medidas de cooperación entre fuerzas de seguridad e intervenciones sobre el sistema financiera que muestra acción al respecto. Por otro lado, remarcó que aunque la Ley Anti-terrorista de Brasil incluye un artículo que sostiene que los movimientos sociales no pueden ser catalogados de terroristas, existe la preocupación de que un nuevo gobierno y un Congreso muy conservador, puedan usar brechas existente en la norma para atacar a la sociedad civil y a comunidades vulnerables.
En cuanto a lo que se vive en Ecuador, Billy Navarrete, describió un escenario de extrema violencia en la que se ha reactivado la idea del conflicto armado interno para dar rienda suelta a una militarización que ataca principalmente a comunidades indígenas y campesinas que defienden territorios donde avanza el extractivismo. Agregó que el gobierno incluso ha usado medidas de asfixia financiera contra los actores que protestan. Sobre la escalada de militarización, brindó un panorama que incluye las consecuencias de los ataques a los barcos en el mar: entre 2024 y 2026 hubo 26 declaraciones de Estado de excepción y desde septiembre de 2025 ya son once las embarcaciones destruidas en Ecuador. Sobre el tráfico de estupefacientes, aclaró que no se cuestiona su existencia, pero se tiene que visibilizar que funciona con tolerancia pública, gracias a un vínculo entre las fuerzas estatales y las economías ilícitas.
Por su parte, Nadia Ben-Youssef desde EE.UU. explicó cómo la administración de Trump persigue a migrantes u organizaciones que apoyan la causa Palentina (asociando ambos colectivos) en una escalada sobre normas y modelos que eran previos a su gobierno. Detalló cómo el régimen migratorio en EE.UU. está diseñado para la exclusión, determinada por raza, por razón política, por nacionalidad, deshumanizando algunos grupos. Según analizó, con esa base, el gobierno actual construye la idea de que la migración es una amenaza a la “seguridad nacional” y busca acallar opiniones críticas. Señaló además, con preocupación, la coordinación internacional contra el “terrorismo de extrema izquierda” que propone EE.UU. junto a más de 60 países. Frente a eso, sostuvo que tenemos un desafío en común: unirnos también desde la protección de los derechos humanos para transformar con creatividad esa realidad.