Al psiquiátrico de Melchor Romero no debería ingresar nadie más

Tres salas relevantes para la primera atención del Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires, están en condiciones de inhabitabilidad. El Relator contra la tortura dijo que debían cerrarse. Las personas internadas viven una situación de extrema vulneración de sus derechos humanos. Con el temporal se agravó la situación edilicia. Presentamos un pedido de medidas urgentes ante el juez Francisco Terrier.

  

Las consecuencias del encarcelamiento: aumento de las personas viviendo en comisarías bonaerenses

Desde noviembre de 2017 la resolución que permitía alojar detenidos en comisarías -a pesar de que un fallo de 2005 lo prohíbe- está suspendida por la justicia. Hasta el momento el Estado provincial no tomó ninguna medida para cumplir con lo ordenado por la Cámara. Por el contrario, impulsa reformas legislativas y medidas que refuerzan el camino del encarcelamiento.

  

La falta de acceso al misoprostol, una medicina esencial

¿Qué hace el Estado argentino para impedir que los actores privados pongan obstáculos en el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva? Lamentablemente, poco y nada. En esta nota de opinión se analizan las prácticas monopólicas del único laboratorio que produce y comercializa el misoprostol en el país.

  

“La Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura”

El Relator Especial sobre tortura de la ONU, al concluir su visita al país, dijo que las condiciones de detención en comisarías y cárceles “violan las normas internacionales y son totalmente incompatibles con la dignidad humana”. También denunció las condiciones “degradantes” en el hospital psiquiátrico Melchor Romero y la violencia policial en los barrios populares. Al mismo tiempo, solicitó al Estado argentino a que asigne “suficientes recursos para asegurar el pronto juzgamiento y la puntual resolución de los juicios por delitos de lesa humanidad aún pendientes”.

  

La reforma del Código Procesal amplía las facultades del Estado para vigilar

Las organizaciones ADC, ACIJ, APP, INECIP y CELS enviamos una carta al Senado de la Nación ante la posible reforma del Código Procesal Penal el 18 de abril. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que dio dictamen al proyecto de ley en forma exprés, explicó que el proyecto solo incorporaba las reformas legislativas que se aprobaron en estos últimos años. Sin embargo, el proyecto de ley fue utilizado para incorporar cuestiones que todavía no son ley. El texto incorpora modificaciones importantes al régimen procesal que amplían las capacidades estatales para invadir la privacidad en el marco de una investigación penal.