Las cuatro mujeres mapuche que aún quedaban detenidas tras el desalojo en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, ocurrido en octubre pasado, fueron liberadas luego de seis meses de diálogo entre el Gobierno nacional y representantes de la comunidad.
Ayer, el Tribunal Federal de General Roca notificó la libertad a Betiana Ayelén Colhuan, Romina Rosas y Luciana Jaramillo; mientras que Celeste Ardaiz Guenumil había sido liberada el viernes. Las mujeres estaban con prisión domiciliaria junto a sus hijes. Estuvieron detenidas durante ocho meses aunque el delito de usurpación del que se las acusaba era excarcelable.
La decisión del Tribunal llegó días después de la firma de un acuerdo en el que el Estado se comprometió a tener presencia en el territorio de una manera no represiva, un avance para gestionar los conflictos y los reclamos de la comunidad. Al implementarse una solución política, las causas judiciales en contra de las mujeres se cerraron y por eso Betiana, Romina, Luciana y Celeste finalmente fueron liberadas.
En el acuerdo que se firmó el 1° de junio, el Estado también se comprometió a reconocer como lugar sagrado el rewe ubicado en tierras que reivindican ancestrales.
El 4 de octubre de 2022, fuerzas federales desalojaron con violencia a la comunidad Lafken Winkul que había realizado una recuperación territorial cinco años antes. La comunidad ejercía su derecho a la identidad, a la cultura y al territorio. El Estado de manera violenta y desproporcionada organizó una respuesta que tuvo efectos sobre la integridad de sus miembros, en particular, sobre mujeres, niños y niñas.
Este proceso demuestra que la criminalización no es la respuesta para resolver los conflictos sobre el derecho al territorio de los pueblos indígenas, que el camino es el diálogo y el reconocimiento de su identidad y su cultura. Sin embargo, muchas comunidades indígenas siguen siendo criminalizadas o viven bajo la amenaza de un desalojo.