A un año de la masacre de Pergamino: el gobierno provincial incumple una medida cautelar
A un año de la masacre de Pergamino el gobierno de la provincia de Buenos Aires incumple una medida cautelar que prohíbe el alojamiento en comisarías y ordena la pronta implementación de un plan de contingencia para desalojar de manera urgente a las personas detenidas en calabozos bonaerenses.
El indulto a Fujimori es un peligroso precedente para la región
Se realizó una audiencia en la Comisión Interamericana sobre el indulto al ex presidente peruano Alberto Fujimori. Resaltamos la importancia de que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos exijan a Perú dejarlo sin efectos.
Los organismos de DDHH rechazamos la idea de un Parque Nacional en Campo de Mayo
La iniciativa fue anunciada por el presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
La escalada represiva de la protesta social en la Argentina ante la CIDH
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos participamos hoy en una audiencia convocada por la CIDH sobre el derecho a la protesta en la Argentina, en la que también estuvieron presentes representantes del Estado nacional.
Argentina: el derecho a la protesta en riesgo
Autor/a: CELS
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Protesta social: violencia policial contra reporteros/as y periodistas
Autor/a: CELS y SiPreBA
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Audiencias en la CIDH: Derecho a la protesta en la Argentina y el indulto a Fujimori
Esta semana participaremos junto con otras organizaciones sociales y sindicales en dos audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Reiteradas amenazas de muerte al secretario general del SUTEBA
Hicimos una presentación conjunta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los graves sucesos de amenazas sufridos por Roberto Baradel en los últimos tres años, por su rol como defensor de derechos humanos.
Oferta académica: Programa de Estudios Avanzados en DDHH y Derecho Internacional Humanitario
Entre el 29 de mayo hasta el 15 de junio de 2018 se podrá cursar en Washington DC.
Territorios ancestrales: la Corte IDH intervendrá en un caso de la Argentina por primera vez
Llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso emblemático en materia de garantía de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país.
Un llamado a la responsabilidad compartida y a la solidaridad con las personas venezolanas en movilidad
Cientos de miles de personas se han visto forzadas a salir de Venezuela en los últimos años. Ante la magnitud y el rápido crecimiento de esta situación organizaciones de la sociedad civil de la región urgimos a los Estados a implementar medidas específicas.
Pacto global: presentamos propuestas centradas en los derechos de las personas migrantes
En la ONU los Estados comenzarán a negociar el Pacto global para las migraciones. Seis organizaciones presentamos medidas concretas que el Pacto debería contener para garantizar los derechos de las y los migrantes.
Migrantes de Venezuela: la mejor solución, la regularización
La Argentina retomó una política respetuosa de los derechos humanos para las personas migrantes venezolanas y las regularizará como nacionales del Mercosur. La medida está en línea con la Ley de Migraciones de 2004 y su decreto reglamentario. Por ello, volvemos a reiterar la necesidad de derogar el DNU 70/2017 que criminaliza la migración y la somete a constante sospecha.
El Poder Judicial ratificó que las detenciones del 8M fueron al voleo
El juez sobreseyó a las y los manifestantes que estaban imputados: confirmó que no hay pruebas para relacionarlos con los delitos de los que se les acusaba.
Magdalena: condenaron al director de la unidad y al responsable del operativo
Después de 12 años la justicia condenó a tres funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense por las 33 muertes ocurridas en el penal de Magdalena.
Declaraciones de la ministra Bullrich: el gobierno promueve el uso irracional de la fuerza y la ausencia de controles sobre el accionar policial
Con diversas declaraciones públicas el gobierno busca ir hacia un escenario en el que los controles políticos y judiciales hacia el accionar policial sean debilitados o inutilizados
