En las últimas semanas el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan B. Mahiques firmaron las designaciones de más sesenta jueces, defensores y fiscales, cuyos pliegos obtuvieron el acuerdo de una abrumadora y transversal mayoría de senadores y senadoras, incluso aquellos que habían sido denunciados por turbios vínculos con poderes económicos y servicios de inteligencia.
En el ámbito de las decisiones judiciales, en los primeros días de septiembre, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y otros ex funcionarios de la agencia de Inteligencia (ahora Side, antes AFI), fueron sobreseídos en un caso que debía investigar el perfilamiento ilegal de periodistas y militantes políticos, en el contexto de las reuniones del G20 y de la OMC en nuestro país. Lo mismo sucedió en 2025, en la causa por el espionaje contra las familias de los tripulantes del submarino Ara San Juan, y a mediados de 2026 con la investigación del llamado “proyecto AMBA”. La causa contra la banda de los agentes orgánicos e inorgánicos “Super Mario Bros” quedó totalmente desmembrada y sigue abierta para juzgarlos como si fueran cuentapropistas. Aunque en todos estos hechos hay fuertes indicios de prácticas de inteligencia ilegal planificada, que amenazan el ejercicio de derechos y la disidencia política, el Poder Judicial optó por clausurar las investigaciones. Además del efecto de estas decisiones en cada caso concreto, el encadenamiento de sobreseimientos va construyendo una jurisprudencia contraria a la posibilidad de que se condenen prácticas estatales de inteligencia política que están prohibidas.
Cuatro años después de que saliera a la luz el encuentro de Lago Escondido, uno de los participantes de aquel viaje es ahora ministro de Justicia y otro obtuvo el acuerdo para integrar la Cámara Federal. Y Carlos Mahiques, padre del ministro y también asistente al viaje, fue autorizado a permanecer en la Cámara de Casación Federal en la que no está designado. Aquellos días en los que la denuncia estuvo en el centro de la conversación pública fueron arrasados por decisiones que se buscan justificar en la realpolitik.
Sin embargo, estas escenas expresan algo más de fondo: la idea de que no conviene o no es viable confrontar con ese sector del Poder Judicial que se consolida victorioso en el esquema político y de negocios actual. Parece terminar un ciclo de confrontación que merece todavía un balance político, sobre sus posibilidades, límites y errores, pero eso no puede significar una aceptación total, y de algún modo cómplice, con un estado de cosas, con un sistema judicial que abandona su función de protección de derechos.
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