La Corte Suprema cerró la causa por espionaje ilegal contra las familias de lxs tripulantes del submarino ARA San Juan. Así puso fin a una investigación que demostró que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizó tareas de vigilancia sobre madres, padres, esposas que reclamaban explicaciones al gobierno de Mauricio Macri. De este modo, quedaron habilitados el espionaje y la inteligencia ilegal a víctimas que se organizan y protestan.

En la delegación de la AFI en Mar del Plata se encontraron informes de inteligencia con fotografías, nombres y capturas de redes sociales de familiares que reclamaban. Esos hechos no fueron negados en ninguna instancia judicial. Lo que se discutió fue si constituían un delito o si podían considerarse acciones “justificadas”. La Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema optaron por lo segundo haciendo una interpretación absurda del concepto de “seguridad presidencial” y estirando la idea de seguridad nacional.

Allí donde la Constitución exige una lectura restrictiva, el Poder Judicial optó por una lectura extensiva, complaciente con la vigilancia, que transforma cualquier reclamo dirigido al Poder Ejecutivo en una potencial amenaza.

La convalidación judicial ocurre mientras las capacidades de vigilancia del Estado se expanden, todo queda asociado a alguna forma de terrorismo, se incrementan los fondos reservados de la SIDE y se debilitan los mecanismos de control.

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