El Examen Periódico Universal (EPU) es una evaluación sobre la situación de derechos humanos en el mundo realizada entre los Estados. Creado en 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, el EPU es el único mecanismo universal en el que, una vez cada cuatro años y medio, un país es analizado por los otros 192 Estados miembros de la ONU. Este lunes 23 de enero la Argentina será evaluada por cuarta vez en una sesión en el Consejo de Derechos Humanos, en la que estaremos presentes.
Para la evaluación en el EPU, se tiene en cuenta la información brindada por cada Estado, lo que aporta la sociedad civil y también los procedimientos especiales y los órganos de tratados de Naciones Unidas. Al igual que para el último examen, realizado en 2017, en alianza con otras organizaciones desde el CELS remitimos una serie de informes temáticos, con diagnósticos y recomendaciones.
Luego de la sesión, los Estados miembros de la ONU presentarán sus respectivas recomendaciones para que la Argentina rinda cuentas y mejore la implementación de sus políticas en materia de derechos humanos.
Un resumen por tema y el acceso a todos los aportes que hicimos desde el CELS para la evaluación están disponibles en este minisitio especial.
Acá reponemos los temas analizados y sus ejes centrales:
Violencia policial y derecho a la protesta
El informe denuncia que se registran acciones letales, abusos y arbitrariedades en el trabajo policial en las calles y en situaciones de protesta social. Y, en ese sentido, que son insuficientes o inadecuados los mecanismos de control del uso de la fuerza policial durante manifestaciones, operativos en barrios vulnerables y desalojos o allanamientos. En Argentina se mantienen patrones violentos en las fuerzas policiales, a pesar de los compromisos internacionales asumidos.
Personas privadas de la libertad
Entre 2007 y 2020 la tasa de encarcelamiento nacional creció un 55% y la población penitenciaria aumentó en 42.487 personas, un incremento del 81%. Se extendió el uso de celdas y calabozos policiales para el alojamiento prolongado de detenides. En los últimos años, se registraron numerosas muertes de personas en dependencias policiales con sobrepoblación y hacinamiento. La mayoría, durante incendios en celdas cerradas.
Desclasificación de archivos de inteligencia
El informe advierte que el Estado argentino aún no desclasificó, ni brindó acceso público a los archivos de inteligencia producidos por las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) durante la última dictadura militar. Preocupa que la información siga bajo secreto sin que se pueda reconstruir la intervención de la inteligencia en el circuito represivo y corra riesgo de ser destruida.
En 2006, la ley 26.160 le ordenó al Estado que realice un relevamiento de todos los territorios indígenas. Sin embargo, según el informe, 16 años después solo 779 de las 1.802 comunidades tienen el relevamiento completo. Tampoco existe ningún procedimiento de titularización previsto ni se avanzó en la obligación de establecer una ley nacional de propiedad comunitaria indígena. Así, se reiteran las situaciones de conflictividad y los desalojos violentos de comunidades indígenas, con y sin orden judicial.
Derecho al hábitat y a la vivienda
A casi tres años de la sanción de la Ley de Alquileres, aún no existe autoridad pública responsable de implementarla y el Estado no puso en marcha el Programa Nacional de Alquiler Social. Respecto a los desalojos, los protocolos de protección son insuficientes y, con frecuencia, no se cumplen. Tampoco existen datos estadísticos confiables y sistematizados sobre cómo y a quiénes se desaloja. Por otro lado, el informe señala que en la Ciudad de Buenos Aires más de 7.000 personas viven en situación de calle y que la única política son paradores nocturnos o subsidios que no alcanzan para un alquiler.
Política de ajuste y deuda externa
El informe muestra que las condiciones de vida en Argentina han empeorado en los últimos 5 años. Como ejemplos en datos, entre 2018 y 2019 el desempleo aumentó al 10% y los salarios reales disminuyeron un 15% con respecto a los niveles de 2017. El porcentaje de pobreza creció entre 2017-2020 hasta superar el 40% de la población. En el período 2017-2022 hubo fluctuaciones importantes en el gasto en servicios públicos. Parte de esta disminución es consecuencia del ajuste fiscal requerido por el FMI como parte del acuerdo de 2018.
Derecho a la tierra y a la alimentación
Se señalan los obstáculos que sufre la agricultura familiar para la formalización de su actividad y la ampliación de su producción. También se advierte sobre la falta de seguridad jurídica en la tenencia de las tierras para les productores que las trabajan y habitan. Además, se considera que es necesario fortalecer las políticas de la agricultura campesina indígena que protegen las semillas como patrimonio de los pueblos y en su rol de insumo primordial para generar alimentos.
La Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones había establecido el 2020 como plazo para el cierre definitivo de los neuropsiquiátricos en Argentina. Eso no se cumplió. Según el informe, el Estado no ha implementado políticas públicas estructurales que sustituyan el modelo tutelar por una atención comunitaria, descentralizada y accesible. Además, se incumple la excepcionalidad que deben tener las internaciones involuntarias. Se sigue negando la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y no se proporcionan apoyos reales para la toma de decisiones. Esto se agrava con la ausencia de controles eficaces en los lugares de encierro públicos y privados.
A pesar de la historia del país en la investigación y la sanción de las desapariciones forzadas durante la última dictadura militar, el Estado argentino no tiene una política pública para responder a la desaparición de personas en la actualidad. No hay organismos responsables de la búsqueda, ni unidades especializadas, ni información exhaustiva. Además, existe un déficit estructural en la identificación de las personas fallecidas cuya identidad, por distintas circunstancias, no puede definirse en el momento de la muerte. Y, como consecuencia, el mal funcionamiento de las burocracias estatales produce desapariciones. Una serie de casos resonantes mostraron que personas que estuvieron desaparecidas durante años, incluso décadas, estaban enterradas sin identificar en cementerios estatales.
Si bien hubo avances en la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), aún se registran obstáculos en el acceso a la práctica. La falta de información clara, de alcance federal e intercultural, sobre dónde y cómo acceder a un aborto, hace que las personas sigan recurriendo a métodos inseguros por desconocimiento. En muchas provincias y municipios hay escasez de equipos de salud y profesionales, que tengan la formación y disponiblidad, para garantizar la atención integral en un aborto. También persiste una carencia en la producción y registro de datos.
Derechos de las personas migrantes
El informe expone los principales obstáculos que enfrentan les migrantes para acceder y ejercer sus derechos en Argentina. Desde 2017, se observan dificultades en la gestión de la política migratoria instituida en la Ley de Migraciones 25.871, como por ejemplo, un aumento en la migración irregular; expulsiones para los ingresos irregulares sin contemplar causas; y la suspensión del derecho a solicitar asilo; entre otras.
Uso de la tecnología en la prevención del delito
El informe muestra que no se han desarrollado mecanismos de control para el empleo de tecnologías digitales en la prevención del delito, lo que puede poner en riesgo derechos como la libertad de expresión y la privacidad. Lo expone a través de un caso, iniciado en 2020, en que el se conoció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires accedió a los datos personales biométricos de más de 7,5 millones de personas registradas por el Estado Nacional, cuando sólo tenía la habilitación para acceder a los de 40.000.
Foto: Mariana Nedelcu