Presentamos una serie de informes sobre los retrocesos normativos y las prácticas estatales que vulneran los derechos humanos en la Argentina en el 83° período de sesiones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT). Las presentaciones, realizadas en articulación con distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, dan cuenta de un contexto de políticas que agravan la violencia institucional, la discriminación y el desmantelamiento de mecanismos de protección frente a la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Acceso a tratamientos hormonales y derecho a la salud
El Decreto 62/2025 prohíbe los tratamientos hormonales y quirúrgicos para personas menores de 18 años, lo que constituye una violación a la Ley de Identidad de Género y a los principios de no discriminación y autonomía progresiva. La medida priva a adolescentes trans de intervenciones esenciales para su bienestar físico y psíquico, empujándoles a la clandestinidad y generando sufrimientos que alcanzan el umbral de trato cruel, inhumano o degradante. El informe que presentamos advierte además sobre el impacto del desabastecimiento de hormonas y los recortes presupuestarios en salud, en un contexto de discursos oficiales que estigmatizan la diversidad sexual y de género.
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Reforma a la ley de refugiados y principio de no devolución
Presentamos junto a CAREF un informe sobre las reformas del DNU 942/2024 a la Ley 26.165, que vulneran el principio de no devolución establecido en el artículo 3 de la Convención. Las modificaciones del decreto amplían arbitrariamente las causales de exclusión del estatuto de refugiado, incluso para personas imputadas sin condena firme, y restringen el acceso a la revisión administrativa y judicial de las decisiones. Estas reformas desnaturalizan la protección internacional de las personas refugiadas, subordinándola a criterios punitivos y discrecionales que desconocen las garantías del debido proceso y los estándares internacionales de derechos humanos.
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Violencia institucional en protestas y uso de armas menos letales
En articulación con SIPREBA, ARGRA y el Mapa de la Policía, presentamos un informe sobre el uso abusivo de las llamadas armas menos letales en el control de las manifestaciones públicas. El documento denuncia un retroceso normativo grave tras la derogación de los criterios mínimos que limitaban su uso y la aprobación de nuevos reglamentos que habilitan la dispersión generalizada de protestas. Documentamos patrones de violencia policial, con disparos de balas de goma dirigidos a la cabeza y el rostro, el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y el ataques a periodistas y manifestantes, incluidos niños y personas mayores. Estas prácticas constituyen tratos crueles y violaciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
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Cárceles: sobrepoblación, tortura e impunidad
Presentamos junto a ANDHES, ACIFAD, ACVI, APLI, la Red por los Derechos Humanos en Contexto de Encierro, Xumek y la OMCT un informe que da cuenta del agravamiento de la crisis carcelaria en el país. El documento describe niveles récord de hacinamiento, muertes por falta de atención médica, regímenes de aislamiento prolongado y uso sistemático de la violencia por parte del personal penitenciario. La falta de independencia judicial y la deficiente calificación de los hechos de tortura perpetúan la impunidad. Además, advertimos un debilitamiento del sistema de prevención, con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura paralizado y la ausencia de mecanismos locales en varias provincias.
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Memoria, verdad y justicia
Presentamos un informe específico sobre los retrocesos en las políticas de memoria, verdad y justicia, en especial frente a discursos y medidas oficiales que buscan relativizar o negar el terrorismo de Estado, revictimizando a sobrevivientes y familiares. Este documento pone el foco en el impacto institucional y simbólico de la deslegitimación de los juicios de lesa humanidad y la afectación de los compromisos asumidos por el Estado argentino ante el sistema internacional de derechos humanos.
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Las observaciones que publique el Comité contra la Tortura al finalizar su evaluación serán clave para señalar los retrocesos recientes en la Argentina, exigir medidas concretas de reparación y prevención, y reafirmar las obligaciones internacionales del Estado argentino de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación.