A un año de la masacre de Pergamino el gobierno de la provincia de Buenos Aires incumple una medida cautelar que prohíbe el alojamiento en comisarías y ordena la pronta implementación de un plan de contingencia para desalojar de manera urgente a las personas detenidas en calabozos bonaerenses.
Después de 12 años la justicia condenó a tres funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense por las 33 muertes ocurridas en el penal de Magdalena.
Pese a que prorrogó la “emergencia penitenciaria”, el gobierno bonaerense anunció que no construirá nuevas cárceles para enfrentar el drama de la sobrepoblación.
Cárceles sobrepobladas en casi todas las provincias y en el ámbito federal. Torturas y maltratos a las personas detenidas. Hacinamiento y una más que deficitaria atención sanitaria. Las violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad exige una respuesta política enérgica. La conformación del Comité Nacional contra la Tortura es una oportunidad para construirla.
El reclamo de personas detenidas en una comisaría de Merlo llama la atención sobre la situación en la provincia de Buenos Aires: a pesar de que está prohibido, 3192 personas están en alojadas en comisarías, muchas de las cuales están, además, clausuradas por el poder judicial. Este es el caso de la de Merlo, donde, sin embargo, había 26 detenidos.
El juicio por la Masacre de Magdalena está en la etapa de alegatos. Hoy lo hicimos en representación de la familia de Javier Magallanes, quien murió durante el incendio. Durante el juicio, cuatro penitenciarios fueron imputados por falso testimonio. Además del CELS, también son querellantes en el juicio el CIAJ y la CPM.
Hoy se cumplen tres meses del inicio del juicio que debe determinar las responsabilidades penales de quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, del director del penal en ese momento y del ex jefe de seguridad exterior. Durante el incendio en el penal de Magdalena murieron 33 internos.
El 15 de octubre se cumplen doce años del incendio en el penal de Magdalena y dos meses del inicio del juicio para determinar las responsabilidades penales sobre las 33 personas que murieron esa madrugada.
Las audiencias comenzaron el 15 de agosto y se vienen realizando de lunes a jueves. La semana que viene comenzarán a declarar los peritos.
En la sexta audiencia del juicio oral y público, un sobreviviente afirmó haber sido amenazado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense para que cambie su declaración. El testigo, aún privado de su libertad, reveló la reacción corporativa e institucional del SPB, en un proceso judicial que tiene a 17 de sus integrantes acusados
Las muertes en el penal se produjeron en un contexto en el que las políticas criminales y de seguridad se orientaban a sumar personas encarceladas. Murieron 33 de los 58 internos que estaban alojados en el pabellón de buena conducta. Solo dos de los detenidos tenían condena.
El 15 de agosto comienza el juicio a 17 funcionarios y agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por su responsabilidad en la muerte de 33 personas en el incendio en la Unidad Penal N 28 de Magdalena. La CPM, el CELS y el CIAJ patrocinan a familias de las víctimas. La masacre de Magdalena fue el emergente de la crítica situación de encierro en la provincia de Buenos Aires que se ha agravado a lo largo de los años.
Hace pocos días, en el SPB una mujer que estaba bajo protección del Estado falleció en circunstancias que deben ser investigadas. Las demandas de sus compañeras fueron respondidas con balas de goma, golpes y vejaciones. En el SPF también se agravaron las condiciones de detención.
En el 163 periodo de audiencias de la CIDH, la CPM, el CELS y la Defensoría Pública de Casación expusieron la crisis del sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires y reclamaron a los Estados provincial y nacional que tomen medidas para disminuir el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones inhumanas de detención, la falta de acceso a la salud y las torturas.
El viernes 7 a las 11 hs. tendrá lugar una audiencia en la CIDH sobre la gravísima situación en la que se encuentran las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. La audiencia fue solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Provincial por la Memoria y la Defensoría de Casación de la provincia.
Esta publicación analiza cómo las autoridades nacionales y provinciales han abordado la violencia carcelaria y las políticas implementadas desde los poderes ejecutivos para reducirla.
El comité expresó preocupación sobre problemas graves que persisten en el país, como el aumento constante de la tasa de encarcelamiento, la sistematicidad de la tortura y los malos tratos en los lugares de encierro y la violencia institucional contra jóvenes de barrios populares, migrantes, mujeres y personas trans y travestis.
La respuesta a las demandas sociales debe ser la implementación de políticas que busquen prevenir los delitos y no que sólo apunten al aumento del encarcelamiento. Así planteada, esta reforma ofrece soluciones ineficaces que agravan la crisis penitenciaria.
Se evaluará el cumplimiento del Estado argentino de la Convención contra la Tortura el miércoles 26 y jueves 27 de abril. El CELS entregó un informe alternativo al Comité de la ONU que realiza la evaluación y aportó a dos informes elaborados con otras organizaciones.
Siete personas que estaban detenidas en una comisaría de Pergamino murieron calcinadas. Luego del fallo Verbitsky, que declaró que el encierro en estas dependencias es inconstitucional, se redujo a 600 las personas alojadas en comisarías. Hoy son 3017.
El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, participó de una reunión realizada en el CELS con organizaciones defensoras de los derechos de las personas detenidas.
La tasa de encarcelamiento en el país pasó de 91 personas detenidas cada 100 mil habitantes en 1997 a 161,8 en 2014. En 2015 se agudizó la tendencia hacia el aumento del encarcelamiento tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en el de la provincia de Buenos Aires, que concentran el 70% de la población privada de la libertad en todo el país.
En este capítulo analizamos la respuesta judicial a la tortura y a los maltratos en el encierro y, en particular, las estrategias que fueron efectivas para lograr sentencias en los casos de torturas a Luciano Arruga, el homicidio de Daniel Migone y la tortura y muerte de Patricio Barros Cisneros.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, “Reglas Mandela” fueron actualizadas por consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Homenaje y reclamo de justicia a las 33 personas que murieron en el incendio del penal de Magdalena en 2005.
Luego de 60 años, se revisaran los estándares mundiales sobre los derechos de las personas privadas de libertad con el objetivo de brindarles mayor protección.
En el juicio oral por el asesinato de Patricio Barros Cisneros, los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Héctor Mario, Rodrigo Emidio Chaparro, Gerardo Rodolfo Luna, Víctor Miguel Gallego y Juan Manuel Liberto fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el delito de torturas seguidas de muerte.
El CELS presentó su alegato en el juicio por las torturas y el homicidio de Patricio Barros Cisneros en la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense el 28 de enero de 2012 .
El 7 de abril comenzará el juicio a los seis agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por las torturas y el asesinato de Patricio Barros Cisneros en la Unidad 46.
El juez Luis Arias dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 642/2014 que permitió el alojamiento de personas en comisarías.
El proceso de reforma al código penal es una oportunidad para reparar cuestiones pendientes en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
En el documento hacemos referencia a algunas de las propuestas con las que acordamos así como hacemos observaciones críticas y sugerencias respecto de otras, ya que entendemos que no receptan estándares del derecho internacional de los derechos humanos o que sería inconveniente modificarlas para alcanzar una mejor protección legal. Por último, proponemos que se regulen nuevas figuras penales para casos de delitos de funcionarios.
públicos.
Es fundamental implementar políticas efectivas que eliminen con las prácticas de tortura y trato inhumano que se extienden en los lugares de encierro del país.
El 28 de enero de 2012, un grupo de entre ocho y diez funcionarios de la Unidad 46 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) torturó y asesinó a Patricio Barros Cisneros mientras se encontraba esposado frente a una gran cantidad de testigos, entre los que se encontraba su pareja que había ido a visitarlo.
El CELS y Conectas Direitos Humanos dieron seguimiento al proceso de revisión de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como Reglas Mandela. El documento recoge las propuestas que presentamos.
Este capítulo se centra en tres ejes principales para presentar un diagnóstico de la situación carcelaria y de las respuestas que se han dado desde los distintos poderes.
A 8 años de la Masacre de Magdalena, organizaciones de derechos humanos que representan a los familiares de las víctimas, reclaman por la urgente resolución y elevación a juicio de la causa que investiga la muerte de 33 personas privadas de libertad.
El CELS invita a participar del acto que realizarán los familiares y amigos de Patricio Barros Cisneros, el joven asesinado hace un año por un grupo de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El CELS y un conjunto de organizaciones celebran la aprobación por unanimidad del proyecto de ley de creación del sistema nacional de prevención de la tortura por el Senado de la Nación.
El 15 de julio la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Delegación La Matanza sufrió un atentado cuando un grupo ingresó a su sede y sustrajo documentación referente a distintos casos sobre los que trabaja el organismo.
El modelo de la prisión-depósito es el de la prisión como contenedora de bienes humanos cuyo objetivo es la legitimación de su propia existencia y que busca la retribución del daño generado por el delito a través de la producción intencionada de dolor sobre el preso y la incapacitación o neutralización del detenido. El eje … Continued
La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) instó a la Argentina que tome las medidas necesarias a fin de proteger la vida y la integridad de todas las personas detenidas en las unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Representantes de distintas fuerzas políticas de la Cámara de Senadores de la Nación se comprometieron a impulsar el tratamiento del proyecto de ley de creación del mecanismo, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
El CELS acompaña el exhorto de la Corte Suprema a las autoridades de los poderes ejecutivos nacional y provinciales a que implementen y hagan operativos servicios integrales de atención, aplicando normas como protocolos hospitalarios que atiendan los casos de abortos no punibles y a los operadores judiciales que deben funcionar como facilitadores de derechos y no como una instancia para negarlos.
Patricio Barros Cisneros, detenido alojado en el Pabellón 1 de la Unidad 46 de San Martin del Servicio Penitenciario Bonaerense, fue asesinado a golpes y patadas.
La Sala III de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó que los funcionarios a cargo de los internos deben ser llevados a juicio oral junto a los dos máximos responsables del penal.
El 15 de octubre de 2005, 33 internos murieron como consecuencia de un incendio en el pabellón en el que se encontraban alojados, en la Unidad Nº 28 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Cuatro adolescentes de 16 y 17 años murieron quemados en la llamada Alcaidía de Menores de Catamarca.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que crea el sistema nacional de prevención de la tortura, en los términos previstos por el Protocolo contra la Tortura de Naciones Unidas que Argentina firmó y ratificó por ley en 2004.
En este capítulo se analiza la situación de la provincia de Buenos Aires para mostrar las consecuencias sociales y políticas de sostener un paradigma autoritario de la seguridad.