El 28 de enero de 2012, un grupo de entre ocho y diez funcionarios de la Unidad 46 de San Martín del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) torturó y asesinó a Patricio Barros Cisneros mientras se encontraba esposado frente a una gran cantidad de testigos, entre los que se encontraba su pareja que había ido a visitarlo.
El CELS y Conectas Direitos Humanos dieron seguimiento al proceso de revisión de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como Reglas Mandela. El documento recoge las propuestas que presentamos.
Este capítulo se centra en tres ejes principales para presentar un diagnóstico de la situación carcelaria y de las respuestas que se han dado desde los distintos poderes.
A 8 años de la Masacre de Magdalena, organizaciones de derechos humanos que representan a los familiares de las víctimas, reclaman por la urgente resolución y elevación a juicio de la causa que investiga la muerte de 33 personas privadas de libertad.
El CELS invita a participar del acto que realizarán los familiares y amigos de Patricio Barros Cisneros, el joven asesinado hace un año por un grupo de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
El CELS y un conjunto de organizaciones celebran la aprobación por unanimidad del proyecto de ley de creación del sistema nacional de prevención de la tortura por el Senado de la Nación.
El 15 de julio la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Delegación La Matanza sufrió un atentado cuando un grupo ingresó a su sede y sustrajo documentación referente a distintos casos sobre los que trabaja el organismo.
El modelo de la prisión-depósito es el de la prisión como contenedora de bienes humanos cuyo objetivo es la legitimación de su propia existencia y que busca la retribución del daño generado por el delito a través de la producción intencionada de dolor sobre el preso y la incapacitación o neutralización del detenido. El eje … Continued
La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) instó a la Argentina que tome las medidas necesarias a fin de proteger la vida y la integridad de todas las personas detenidas en las unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Representantes de distintas fuerzas políticas de la Cámara de Senadores de la Nación se comprometieron a impulsar el tratamiento del proyecto de ley de creación del mecanismo, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
El CELS acompaña el exhorto de la Corte Suprema a las autoridades de los poderes ejecutivos nacional y provinciales a que implementen y hagan operativos servicios integrales de atención, aplicando normas como protocolos hospitalarios que atiendan los casos de abortos no punibles y a los operadores judiciales que deben funcionar como facilitadores de derechos y no como una instancia para negarlos.
Patricio Barros Cisneros, detenido alojado en el Pabellón 1 de la Unidad 46 de San Martin del Servicio Penitenciario Bonaerense, fue asesinado a golpes y patadas.
La Sala III de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó que los funcionarios a cargo de los internos deben ser llevados a juicio oral junto a los dos máximos responsables del penal.
El 15 de octubre de 2005, 33 internos murieron como consecuencia de un incendio en el pabellón en el que se encontraban alojados, en la Unidad Nº 28 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Cuatro adolescentes de 16 y 17 años murieron quemados en la llamada Alcaidía de Menores de Catamarca.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que crea el sistema nacional de prevención de la tortura, en los términos previstos por el Protocolo contra la Tortura de Naciones Unidas que Argentina firmó y ratificó por ley en 2004.
En este capítulo se analiza la situación de la provincia de Buenos Aires para mostrar las consecuencias sociales y políticas de sostener un paradigma autoritario de la seguridad.
Esta publicación muestra la composición de la población femenina alojada en unidades federales y analiza sus condiciones de detención con un enfoque de género y derechos humanos.
En la audiencia ante la CIDH, funcionarios del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires darán explicaciones por la situación de las personas privadas de libertad en la provincia. De la audiencia también participarán representantes del CELS y de la Comisión Provincial por la Memoria.
En su visita al país, en junio de 2010, el Relator para las personas privadas de libertad, Rodrigo Escobar Gil, constató las graves condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, constatadas por e en la visita que realizó al país en junio de 2010.
Presentamos un documento elaborado por Anabella Museri y Paula Litvachky sobre la base del trabajo estadístico y de campo del equipo sobre derechos de las personas privadas de libertad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Un grupo de docentes de Derecho de distintas universidades del país realizaron una presentación judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa Verbitsky.
Este capítulo pretende mostrar el lugar central de la cárcel y la privación de libertad en las políticas de control del delito y de seguridad en la provincia.
Durante 2009 el CELS registró diversos videos en comisarías de la provincia de Buenos Aires para reflejar la situación en que se encuentran las personas privadas de su libertad en esas dependencias.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó a preservar “la seguridad y la integridad física” de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires.
Para el CELS, los tres poderes de la provincia de Buenos Aires son responsables de las muertes ocurridas el 14 de diciembre en la comisaría Noroeste 2ª de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.
Organizaciones sociales manifestaron su repudio a los hechos denunciados por Carlos Maidana, el integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense que fue sometido a una “bienvenida carcelaria”.
La situación de las personas privadas de la libertad es uno de los problemas más graves en relación con los derechos humanos en el país.
El control público de los actos estatales y la transparencia son aspectos claves en los procesos democráticos.
La creación de un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil es una propuesta que, hace muchos años, el CELS viene impulsando.
Se cumple un nuevo aniversario del incendio de la Unidad Nº 28 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense que causó la muerte 33 internos.
En una carta dirigida a la presidenta Cristina Fernández, el CELS advirtió que la reforma no respeta las obligaciones asumidas por el Estado en materia de derechos humanos y podría derivar en sanciones internacionales.
El CELS junto a otras organizaciones de la sociedad civil presentó la propuesta de Protocólo en una reunión con el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández.
La mayoría de las personas privadas de su libertad en nuestro país sufre condiciones de detención que implican una grave vulneración de sus derechos fundamentales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a otras organizaciones de la sociedad civil presentó el documento ante a la Comisión Bicameral, encargada de proponer el candidato o candidata a las cámaras del Congreso.
El encuentro organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria se realizó en la Biblioteca Nacional.
El CELS, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, solicitó una audiencia con el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, para incluir otros temas en la agenda de debate.
La Cámara de Casación hizo lugar al recurso presentado por la Fundación Sur con la adhesión del CELS y otras organizaciones.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su preocupación por la reforma del Código Procesal Penal, en Tucumán, que es violatorio de los estándares constitucionales y de protección de los derechos humanos.
El CELS presentó un informe en el que se evalúan los problemas asociados a la sobrepoblación y el hacinamiento en el Seminario Latinoamericano sobre “Buenas Prácticas Penitenciarias”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco del encuentro anual del Consejo Federal Penitenciario
El CELS sostuvo que las muertes ocurridas en la Unidad Penal N°1 de Varones de Santiago del Estero se deben a la falta de medidas de prevención y las graves condiciones de hacinamiento que caracterizan a las unidades penales provinciales.
El jueves pasado se realizó la primera audiencia pública convocada por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires para analizar la situación de las personas privadas de su libertad en la provincia
Este capítulo evalúa, en primer lugar, la situación carcelaria de la Provincia de Buenos Aires en relación con la instrumentación del fallo “Verbitsky”.
En este libro, especialitas de distintas áreas del CELS, analizan el estado del sistema carcelario y de la política penitenciaria, criminal y judicial aplicada en la Argentina.
Las condiciones de detención en Argentina son un problema preocupante. En la provincia de Buenos Aires, la situación en este sentido ha resultado particularmente grave.
En este capítulo se ofrecen datos cuantitativos sobre los índices de resolución de casos penales y sobre la aplicación de la prisión preventiva. También da cuenta las diversas decisiones judiciales dictadas durante 2005 que instalaron a la prisión preventiva en el centro del debate público.
Durante 2005, se dieron a conocer varios casos de de personas que, luego de años de privación preventiva de su libertad, fueron absueltas por la justicia criminal de la provincia de Buenos Aires.
Durante 2004, la situación atravesada por las personas privadas de la libertad se agravó hasta límites intolerables, en particular en la provincia de Buenos Aires.
En septiembre de 1990 la República Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, y en agosto de 1994 la elevó, junto con otros instrumentos de derechos humanos, a la máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico.
En 2002 y 2003, la situación de las personas privadas de la libertad en el país se agravó como consecuencia de la política criminal instaurada en los años anteriores.