El tribunal destina poco tiempo a las audiencias. En la etapa final del juicio las recusaciones de los jueces sin justificación provocan nuevas dilaciones. Los últimos dos años de juicio solo se dedicaron a los alegatos.
La detención es una satisfacción para las víctimas y la sociedad. Las causas judiciales en las que se investiga a Milani por delitos de lesa humanidad se han distinguido por sus demoras. Esta decisión se debió haber adoptado hace tiempo.
40 años del golpe cívico-militar: reflexiones desde el presente
Ante el anuncio de que la Iglesia católica hará accesibles sus archivos de los años del terrorismo de Estado en el país para las víctimas y sus familiares directos, Memoria Abierta advierte que esa limitación ignora el interés social, histórico y judicial de esa documentación.
El próximo martes comenzará el tercer juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en “Automotores Orletti”, el centro clandestino de detención que funcionaba en un viejo taller mecánico de Floresta.
Se trata del tercer juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos conocido como ABO -Atlético, Banco y El Olímpo- que funcionó desde principios de 1977 hasta los primeros meses de 1979.
El CELS participó, junto con otras organizaciones, del “Encuentro nacional en defensa de lo logrado en memoria, verdad y justicia”.
Mientras Jorge Julio López permanezca desaparecido y el Estado no determine la verdad de lo que le ocurrió, la prisión en una unidad penitenciaria del ex comisario Miguel Etchecolatz es imprescindible.
En la madrugada del 22 de agosto de 1972 un grupo de efectivos de la Armada fusiló a 19 presos políticos en la base Almirante Zar de Trelew; de ellos dieciséis murieron y tres lograron sobrevivir.
El presidente de Copal, Daniel Funes de Rioja, adhirió al documento “Manifiesto. Solicitamos justicia para los juicios de lesa humanidad” en el que se cuestiona el proceso de memoria, verdad y justicia.
La Marcha del Apagón se realizará hoy desde las 15 hs desde Calilegua hasta Libertador General San Martín, en Jujuy.
La Justicia argentina dio por probado que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras.
Esta publicación analiza las características represivas particulares que tuvo el Plan Cóndor y hace un recorrido por las causas que, luego de 16 años de instrucción, obtuvieron una sentencia el 27 de mayo de 2016. En el juicio se escucharon las voces de cientos de testigos, que aportaron su testimonio por las 172 víctimas de la Operación Cóndor y de Automotores Orletti -el más importante campo de concentración para las víctimas del Cóndor en la Argentina.
Las políticas de memoria, verdad y justicia pueden ser leídas a partir de la lucha contra la impunidad y los logros del movimiento de derechos humanos a cuarenta años del golpe de Estado que, con diferentes estrategias, fue fundamental en el sostenimiento de las exigencias al Estado argentino para que investigara y sancionara a los responsables y en mantener vivo de un modo efectivo en el campo simbólico el reclamo por justicia.
Se conmemoran 40 años del golpe que son también los 40 años del movimiento de derechos humanos.
En la carta, los organismos le solicitan la desclasificación de archivos en poder del gobierno de EEUU para conocer el destino y la verdad sobre lo ocurrido a nuestros desaparecidos en la última dictadura militar.
El CELS, en representación de la querella unificada, en el tercer juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA pidió condenas a prisión perpetua para 51 acusados y para cuatro, penas entre 10 y 25 años.
Los organismos de derechos humanos mantuvieron una reunión con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri.
El informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” presentan evidencias que prueban que dueños, ejecutivos y gerentes de algunas empresas participaron activamente en violaciones a los derechos humanos de trabajadores y trabajadoras en la última dictadura argentina (1976-1983).
El CELS y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO, entregaron el Informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de estado” al diputado Héctor Recalde, principal impulsor de la Comisión Bicameral.
A 30 años de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares, existe un amplio nivel de acuerdo social sobre la legitimidad del proceso de memoria, verdad y justicia.
Informe elaborado por el CELS, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina), el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El Informe investiga la participación clave de accionistas y directivos de 25 grandes firmas de distintas regiones del país en la represión a los trabajadores durante la última dictadura.
El Informe investiga la participación clave de accionistas y directivos de 25 grandes firmas de distintas regiones del país en la represión a los trabajadores durante la última dictadura.
En este capítulo repasamos los principales avances producidos durante 2013 y 2014, así como los problemas que aún no logran resolverse sobre el proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, respondió al pedido de aclaración sobre el proceso de memoria, verdad y justicia solicitado por organismos de derechos humanos.
A través de una carta, organismos de derechos humanos, le solicitan a José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, una aclaración sobre las declaraciones recientes de monseñor Jorge Casaretto.
El CELS finalizó sus alegatos en el juicio por los delitos de lesa humanidad prepetrados en el marco del Plan Cóndor.
El CELS envió una nota en la que responde a la consulta realizada por la Comisión de Acuerdos del Senado ante los ascensos de Ricardo Luis Cundom, del Teniente Coronel D. Patricio Alejandro Sztyrle, del Teniente Coronel D. Eugenio Castiglione y del Teniente Coronel D. Luis Daniel Molina.
Comienza la etapa de alegatos en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor.
El retiro de Milani es positivo para el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no se debería diluir la atención sobre dos cuestiones: el rol del mecanismo de control de ascensos en el Estado democrático y la necesidad de que el Poder Judicial investigue con celeridad su responsabilidad en delitos de lesa humanidad.
El 14 de junio se cumplen diez años de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida en el histórico fallo Simón de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó las condenas en la causa ESMA II por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
La controversia en torno al ascenso de César Milani a la jefatura del Ejército llamó la atención de la opinión pública sobre los mecanismos de control de los ascensos militares.
En las primeras investigaciones judiciales sobre el plan sistemático de desaparición y exterminio se hizo evidente la complicidad de los sectores civiles.
Hoy enfrentamos nuevos desafíos. La fortaleza del proceso que investiga a los responsables directos del plan sistemático de desaparición y exterminio ha generado las condiciones para profundizar el análisis del contexto político y económico en el que tuvo lugar y de las contribuciones criminales de los sectores civiles –judiciales, económicos y eclesiásticos- que facilitaron esos delitos o se beneficiaron de ellos.
Se conoció la sentencia del segundo juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención El Vesubio.
José Carlos Dias y Paulo Sergio Pinheiro, miembros de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil, visitaron el CELS el 12 de diciembre.
El proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar es una de las bases sobre las que se consolidó el Estado democrático en nuestro país.
El CELS presentó su alegato ante el Tribunal Oral Federal N° 4 en el juicio donde se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 204 víctimas en El Vesubio.
Organizaciones solicitan a la Justicia francesa para que autorice la extradición de Mario Sandoval a la Argentina, de acuerdo a la decisión de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelación de París del 28 de mayo 2014.
La Cámara Federal de Casación Penal, confirmó las condenas del Tribunal Oral Federal 2 en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Atlético, El Banco y Olimpo (ABO).
El proceso de justicia por la Masacre de Trelew está aún abierto. Uno de los responsables del fusilamiento permanece prófugo de la justicia argentina. Los sobrevivientes señalaron al teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo como uno de los ejecutores de la masacre.
El obispo de la diócesis cordobesa de Villa María cuestionó la legitimidad de los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en todo el país e hizo consideraciones sobre el terrorismo de Estado en la línea de la teoría de los dos demonios.
El juez federal, Daniel Herrera Piedrabuena declaró la nulidad del requerimiento fiscal de instrucción en la causa en la que se debe investigar a César Milani, jefe del Ejército, por su responsabilidad en el secuestro y tortura de Pedro y Ramón Olivera en La Rioja en 1977.
El CELS se presentó como amicus curiae ante la Cámara Federal de Casación Penal frente a las insistentes maniobras de la defensa de Carlos Blaquier para que no avance la investigación en las causas por delitos de lesa humanidad que lo involucran.
Mario Sandoval está acusado de haber participado de crímenes de lesa humanidad en la ESMA durante la última dictadura.
El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó una denuncia por las irregularidades del fiscal Michel Horacio Salman en la causa judicial en la que investiga la responsabilidad César Milani en el secuestro, detención y torturas de Pedro y Ramón Olivera en 1977.
El jefe del ejército, César Milani respondió al documento presentado por el CELS en el que se denuncian irregularidades en la causa judicial en la que se investiga su presunta participación en delitos de lesa humanidad ocurridos en La Rioja en 1977.
El fiscal Michel Horacio Salman, a cargo de la investigación por la privación ilegítima de la libertad de Pedro y Ramón Olivera en La Rioja, pidió se interrumpa la investigación del teniente general César Milani, ya que sostiene que los hechos de los que se lo acusa no son delitos.