El CELS y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO, entregaron el Informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de estado” al diputado Héctor Recalde, principal impulsor de la Comisión Bicameral.
A 30 años de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares, existe un amplio nivel de acuerdo social sobre la legitimidad del proceso de memoria, verdad y justicia.
Informe elaborado por el CELS, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina), el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El Informe investiga la participación clave de accionistas y directivos de 25 grandes firmas de distintas regiones del país en la represión a los trabajadores durante la última dictadura.
El Informe investiga la participación clave de accionistas y directivos de 25 grandes firmas de distintas regiones del país en la represión a los trabajadores durante la última dictadura.
En este capítulo repasamos los principales avances producidos durante 2013 y 2014, así como los problemas que aún no logran resolverse sobre el proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, respondió al pedido de aclaración sobre el proceso de memoria, verdad y justicia solicitado por organismos de derechos humanos.
A través de una carta, organismos de derechos humanos, le solicitan a José María Arancedo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, una aclaración sobre las declaraciones recientes de monseñor Jorge Casaretto.
El CELS finalizó sus alegatos en el juicio por los delitos de lesa humanidad prepetrados en el marco del Plan Cóndor.
El CELS envió una nota en la que responde a la consulta realizada por la Comisión de Acuerdos del Senado ante los ascensos de Ricardo Luis Cundom, del Teniente Coronel D. Patricio Alejandro Sztyrle, del Teniente Coronel D. Eugenio Castiglione y del Teniente Coronel D. Luis Daniel Molina.
Comienza la etapa de alegatos en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor.
El retiro de Milani es positivo para el proceso de democratización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no se debería diluir la atención sobre dos cuestiones: el rol del mecanismo de control de ascensos en el Estado democrático y la necesidad de que el Poder Judicial investigue con celeridad su responsabilidad en delitos de lesa humanidad.
El 14 de junio se cumplen diez años de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida en el histórico fallo Simón de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó las condenas en la causa ESMA II por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
La controversia en torno al ascenso de César Milani a la jefatura del Ejército llamó la atención de la opinión pública sobre los mecanismos de control de los ascensos militares.
En las primeras investigaciones judiciales sobre el plan sistemático de desaparición y exterminio se hizo evidente la complicidad de los sectores civiles.
Hoy enfrentamos nuevos desafíos. La fortaleza del proceso que investiga a los responsables directos del plan sistemático de desaparición y exterminio ha generado las condiciones para profundizar el análisis del contexto político y económico en el que tuvo lugar y de las contribuciones criminales de los sectores civiles –judiciales, económicos y eclesiásticos- que facilitaron esos delitos o se beneficiaron de ellos.
Se conoció la sentencia del segundo juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención El Vesubio.
José Carlos Dias y Paulo Sergio Pinheiro, miembros de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil, visitaron el CELS el 12 de diciembre.
El proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar es una de las bases sobre las que se consolidó el Estado democrático en nuestro país.
El CELS presentó su alegato ante el Tribunal Oral Federal N° 4 en el juicio donde se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 204 víctimas en El Vesubio.
Organizaciones solicitan a la Justicia francesa para que autorice la extradición de Mario Sandoval a la Argentina, de acuerdo a la decisión de la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelación de París del 28 de mayo 2014.
La Cámara Federal de Casación Penal, confirmó las condenas del Tribunal Oral Federal 2 en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Atlético, El Banco y Olimpo (ABO).
El proceso de justicia por la Masacre de Trelew está aún abierto. Uno de los responsables del fusilamiento permanece prófugo de la justicia argentina. Los sobrevivientes señalaron al teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo como uno de los ejecutores de la masacre.
El obispo de la diócesis cordobesa de Villa María cuestionó la legitimidad de los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en todo el país e hizo consideraciones sobre el terrorismo de Estado en la línea de la teoría de los dos demonios.
El juez federal, Daniel Herrera Piedrabuena declaró la nulidad del requerimiento fiscal de instrucción en la causa en la que se debe investigar a César Milani, jefe del Ejército, por su responsabilidad en el secuestro y tortura de Pedro y Ramón Olivera en La Rioja en 1977.
El CELS se presentó como amicus curiae ante la Cámara Federal de Casación Penal frente a las insistentes maniobras de la defensa de Carlos Blaquier para que no avance la investigación en las causas por delitos de lesa humanidad que lo involucran.
Mario Sandoval está acusado de haber participado de crímenes de lesa humanidad en la ESMA durante la última dictadura.
El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó una denuncia por las irregularidades del fiscal Michel Horacio Salman en la causa judicial en la que investiga la responsabilidad César Milani en el secuestro, detención y torturas de Pedro y Ramón Olivera en 1977.
El jefe del ejército, César Milani respondió al documento presentado por el CELS en el que se denuncian irregularidades en la causa judicial en la que se investiga su presunta participación en delitos de lesa humanidad ocurridos en La Rioja en 1977.
El fiscal Michel Horacio Salman, a cargo de la investigación por la privación ilegítima de la libertad de Pedro y Ramón Olivera en La Rioja, pidió se interrumpa la investigación del teniente general César Milani, ya que sostiene que los hechos de los que se lo acusa no son delitos.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal emitió su sentencia sobre los hechos que fueron parte del segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia hoy al mediodía por la Masacre de Trelew en los tribunales de Comodoro Py.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó finalizar anticipadamente el periodo de la Fiscal General Claudia Paz quien ha creado la Fiscalía Especial para la Comisión Internacional Contra la Impunidad, que impulsó el juzgamiento de los responsables por crímenes de lesa humanidad en ese país.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) aportó nueva información y argumentos adicionales que fundamentan su impugnación.
Este capítulo analiza el rol de las organizaciones locales en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en América Latina, los avances del derecho internacional de los derechos humanos y la importancia del contexto internacional en el proceso de justicia argentino.
En un nuevo aniversario del golpe cívico militar que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende, el CELS difunde un extracto sobre la situación del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad en Chile que estará incluido en el capítulo “América Latina en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad” del Informe Anual 2013.
El 21 de agosto de 2003 fueron anuladas las leyes de punto final y obediencia debida. El hecho marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.
La fuga de los condenados por delitos de lesa humanidad Jorge Olivera y Gustavo De Marchi colocó nuevamente el tema en el debate público y evidenció viejas dificultades para las que hasta ahora sólo se brindaron salidas parciales que no logran consolidarse como soluciones.
El CELS amplió su presentación del 12 de julio pasado a la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Marcelo Guinle, en la que impugnó, con nueva documentación, el pliego de ascenso del General Cesar Milani.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, dirigió una carta al director del matutino, Bartolomé Mitre, a fin de aclarar que la institución no impulsa, promueve o defiende ascensos en el ámbito militar.
Aclaración del CELS ante la mención del senador Gerardo Morales a un presunto silencio del organismo respecto de alegados actos del general César Milani.
La muerte de Jorge Rafael Videla, se produce en medio del histórico proceso de rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado reciente por el que atraviesan diversos países de América Latina.
El 19 de marzo de 2013 se inició el juicio contra el ex presidente de facto de Guatemala:, general Efraín Ríos Montt.
Según los registros del CELS, un total de 2.071 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy. De ellas, 405 han obtenido sentencia, 370 se encuentran condenadas y 35 absueltas.
El próximo martes 5 de marzo a partir de las 10 de la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF 1) dará inicio al juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor.
Organizaciones de derechos humanos de la región expresan su repudio a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay que declaró inconstitucional la Ley n° 18.831 que anuló la Ley de Caducidad en noviembre de 2011 al declarar los delitos cometidos durante la última dictadura militar como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) manifiesta profunda preocupación ante el desplazamiento arbitrario de la jueza Mariana Mota del fuero penal federal de la República Oriental del Uruguay.
Este libro analiza los procedimientos y nociones que fueron utilizados por el terrorismo de Estado para el secuestro y la apropiación de los hijos de aquellos a quienes se desaparecía y se mataba.
Mañana, a partir de las 10 hs en los tribunales de Comodoro Py 2002, comienza el tercer juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.