Alegatos en el juicio por el centro clandestino de detención El Vesubio

Hoy se presentó el alegato de la querella ante el Tribunal Oral Federal N° 4 en el juicio donde se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 204 víctimas en El Vesubio. El centro clandestino de detención funcionó entre 1976 y 1978 y dependía del Primer Cuerpo del Ejército. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) integra una querella unificada con el abogado Pablo Llonto y el equipo jurídico KAOS.

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Homicidios, delitos sexuales y antisemitismo
Dentro de El Vesubio existió una continuidad delictiva entre las privaciones ilegales de la libertad, los tormentos y los homicidios calificados como hechos que constituyeron una “unidad de acción”. En la sentencia del primer juicio –que terminó en 2011 con condenas– se dijo que “los homicidios eran la etapa final del plan prediseñado, que comenzaba con el secuestro y traslado a un centro clandestino”. La querella pidió la condena por homicidio en todos los casos donde se verificaron estas pautas. Hay casos donde, además, se comprobó la ejecución de víctimas dentro del centro clandestino.

En la sentencia de 2011 el Tribunal ordenó la extracción de testimonios por delitos sexuales. Si bien en este juicio la instrucción no imputó estos cargos, el CELS pidió para este la ampliación de la acusación. La violencia sexual es una particular forma de violencia independiente de la tortura y centrada en la condición de género de las víctimas. Los padecimientos de las mujeres se reflejaron en las violaciones concretas, en el trato a las embarazadas, en el sadismo y el particular ensañamiento incluso en las golpizas por su condición de mujeres, los manoseos, la humillación verbal, entre otros tratos.

Otra de las particularidades de El Vesubio es la especial brutalidad ejercida en las torturas sobre los detenidos judíos. Lejos de formar parte de hechos aislados que pudieran atribuirse a excesos o actos discriminatorios individuales, se tradujo en constantes prácticas que provocaron especiales padecimientos hacia ellos.

La Central de Reunión de Información (CRI)
Está probado el valor que la actividad de inteligencia tuvo en el desarrollo del plan clandestino de represión tanto por el testimonio de las víctimas como en las propias directivas del Ejército. El capturado era una fuente de información que debía ser aprovechada por el nivel de inteligencia, era a través de este canal que se determinaban los blancos, y sobre ellos luego se efectuaban interrogatorios bajo tormentos para obtener datos útiles que permitieran detectar a su vez nuevas víctimas, y así sucesivamente.

Esta actividad les permitía establecer lo que llamaban “nuevos blancos”, de modo tal que la CRI tenía la capacidad de disponer los supuestos “operativos antisubversivos”, previo reporte ante las autoridades de la Subzona. Además colaboraba con la organización y la logística, afectando recursos materiales y humanos a los operativos de secuestro, y afectando personal para los interrogatorios –es decir que personal de la CRI se desempeñaba en “El Vesubio”. Sabemos además que algunas víctimas que permanecieron alojadas en “El Vesubio” también cumplieron cautiverio en dependencias de la CRI. Era también en la Central donde se decidía el destino final de los cautivos.

Los imputados
Como querellantes, pedimos condenas a prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua para Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón, Federico Antonio Minicucci, Jorge Raúl Crespi y Faustino José Svencionis –falleció antes de finalizar el juicio pero se solicitó que la sentencia deje constancia de su responsabilidad en función del derecho a la verdad de las víctimas.

Crespi, bajo el apodo de “Teco”, fue jefe de Inteligencia de la X Brigada, de la que dependía El Vesubio, y jefe de la CRI. Operó bajo la coordinación y supervisión del entonces Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Brigada –el condenado Gamen–, y eventualmente fiscalizada por el Comandante –Sasiaíñ. Su segundo, el imputado Cacivio, fue el jefe del Vesubio.

Minicucci y Svencionis fueron Jefes de Área del Regimiento III General Belgrano con asiento en La Tablada. Sus funciones en el marco de la llamada “Lucha contra la subversión” formaban parte del esquema de descentralización operativa. Tenían el control y la responsabilidad directa e indelegable de las actividades que en el marco de esa pretendida lucha se llevaban a cabo dentro del ámbito territorial bajo su jurisdicción.

Cendón prestaba servicios en el Servicio Penitenciario Federal y fue nombrado Subayudante con funciones en la Dirección General del Cuerpo Penitenciario, y mantuvo ese cargo hasta el cierre del centro clandestino. Su alias era “Castro”.

Peticiones
Se solicitó la investigación sobre la responsabilidad del ex capellán del Ejército Emilio Teodoro Graselli. La complicidad de la Iglesia Católica como institución y la referencia particular a la colaboración de algunos de sus miembros con la junta militar surge desde el propio informe de la CONADEP. Sin embargo, las innumerables referencias de las víctimas no tuvieron consecuencias en el plano judicial. En las audiencias abundaron las menciones a la actuación cómplice de Graselli, que era secretario del vicario castrense Adolfo Tórtolo durante la dictadura. Conocía y formó parte del aparato ilegal montado por las Fuerzas Armadas. Recibía a los familiares, tenía información certera que no sólo no les brindaba sino que además extraía de ellos datos que facilitaba luego al régimen.

También se solicitó que se investiguen los delitos contra la propiedad. De los relatos escuchados en el juicio surge que las casas de las víctimas fueron saqueadas, que en muchas oportunidades se quedaron con las propiedades, que pedían dinero a cambio de la liberación de los familiares (que finalmente no se producía).

Finalmente se solicitó al Tribunal que se investigue a los jueces y fiscales que dieron una respuesta insuficiente o incluso cómplice con el accionar de la dictadura: ya sea con el rechazo sistemático de habeas corpus con cobro de costas para los familiares, el archivo masivo de denuncias por secuestro, robo y allanamiento ilegal o el procesamiento de prisioneros que denunciaron torturas y malos tratos que recibieron durante su detención ilegal. Durante el debate decenas de relatos se refirieron a estas conductas. Los funcionarios judiciales que participaron en los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado deben ser investigados de manera seria y exhaustiva.

ESMA: los desaparecidos del proyecto Belén en el Bajo Flores

El 6 de agosto declaró Catalina Cassinelli de Lugones en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar. Fue la primera vez que se sentó ante un tribunal para ser escuchada. Cada vez que habla de su hijo César Armando Lugones y de su nuera María Marta Vásquez Ocampo, los nervios la traicionan. Los dos están desaparecidos.

María Marta tenía 23 años y César 26 al momento de su secuestro por una patota de uniformados. Con 91 años, Catalina le contó al tribunal que decidió declarar porque “se lo debo a mi hijo”. La testigo fue propuesta por el CELS.

César Lugones y María Marta Vásquez de Lugones

César Lugones y María Marta Vásquez de Lugones

Toda su familia fue atravesada por la violencia dictatorial. “Lita Boitano es parienta mía, se llevaron a sus dos hijos. Ana María Boitano es parienta mía, se llevaron a su hijo. Yo llevé a la morgue la horma de la dentadura de mi hijo que me dio el dentista para buscarlo y ahí me dijeron ‘no, acá hay una María Mercedes Lugones’, era hermana de mi marido”. Habían ido a la casa donde vivía con su hija y el esposo buscando a su nieto, que no vivía con ellos. María Mercedes estaba sola. “Me contó la encargada que tres días antes entraron a la casa, estuvieron tres días y el tercer día parece que alguien tocó el timbre. Eran dos chicos que no eran nietos de ella, y ella cuando sintió que tocaron les pegó un grito y ahí la mataron y balearon todo desde la puerta y mataron a los dos chicos que nunca supe quiénes eran”.

Cuando Catalina encontró el cuerpo de su cuñada en la morgue, avisó a sus sobrinos. Para retirarla debieron hacer trámites en la ESMA. “Y ahí fue la hija y la detuvieron, la tuvieron tres meses. Ella, pobre, no sabía nada, no estaba enterada de nada, después la soltaron. Lo que sí, se quedaron con un auto que era un 0km de ella, le dijeron que lo tenían que tener por todos los daños que ellos habían causado”.

María Eugenia Cassinelli, la abuela de Macarena Gelman y una de las doce fundadoras de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, es prima hermana de Catalina. “Fuimos una familia muy muy castigada en todo sentido”.

César era maestro y médico veterinario y María Marta psicopedagoga. Se conocieron en el Club Ateneo de la Juventud y se casaron cuando César se recibió en la facultad. Militaban en la “villa del Bajo de Flores, en la parte Belén, con Horacio Pérez Weiss –que era el hijo del director del Ateneo, Pérez Madrid–, con su señora Betty Carbonell y con Mónica Mignone. Todos chicos que yo conocía, que venían a mi casa, chicos excelentes, chicos de familia, chicos estudiosos, chicos solidarios”. Todos fueron secuestrados y continúan desaparecidos. “Ahí en Belén estaban el padre Yorio, el padre Jalics y la hermana Luisa del colegio donde yo me eduqué, que trabajaban todos juntos”.

“El 14 de mayo de 1976 hacía diez días que había fallecido mi marido de una larga enfermedad, de un cáncer de dos años. En horas de la madrugada se los llevaron de su casa, que vivían en Parque Chacabuco, en la calle Mitre al 1200. Lo que se presentaron, según dijo el encargado, se presentaron como gente del Ejército y se lo llevaron. De ahí no supimos más nada”. La familia se movilizó pero ningún hábeas corpus tuvo respuesta positiva. Tampoco estaban en las comisarias ni en los penales. “Y después el doctor Emilio Mignone y el papá de Marta, el doctor José María Vásquez, hicieron grandes averiguaciones y se enteraron que estaban en la ESMA. Ahí permanecieron no sé hasta cuándo, ni cómo ni…”.

La maternidad clandestina en la ESMA (parte I)

En la causa “ESMA Unificada” se está juzgando a los responsables del secuestro y desaparición de numerosas embarazadas que dieron a luz en la maternidad clandestina que funcionó en ese centro clandestino de detención. Durante noviembre declararon Victoria Donda, Alejandro Pedro Sandoval, Florencia Laura Reinhold Siver y Ezequiel Rochistein Tauro, todos ellos nacidos durante el cautiverio de sus madres, quienes continúan desaparecidas.

foto1En el segundo tramo del juicio “ESMA”, cuya sentencia se conoció en octubre de 2011, se acreditó la existencia de una maternidad que funcionó en el centro clandestino durante la última dictadura militar, conocida como “la Sardá”. El objetivo era garantizar que las mujeres cautivas que estaban embarazadas dieran a luz a sus hijos, los que serían luego entregados a terceros –generalmente familias de los represores o vinculadas a ellos-, sustituyendo así sus verdaderas identidades.

La “pieza de las embarazadas”, como se denominó al espacio donde tenían lugar los partos, estaba ubicada en el tercer piso del Casino de Oficiales. La ESMA contaba con un equipo de médicos y personal de enfermería que practicaba controles ginecológicos a las secuestradas para asegurar que los embarazos llegaran a término y atendían los partos. Algunos de los médicos que participaron de la maternidad clandestina fueron Jorge Luis Magnacco, Carlos Octavio Capdevilla y Rogelio José Martínez Pizarro.

Antes de la separación definitiva de sus madres, se confeccionaban ajuares destinados a la entrega de los bebés y les hacían escribir cartas que serían entregadas junto con los niños a sus familias de origen. Sin embargo, el destino de los bebés sería distinto al anunciado: trascurridos pocos días del parto, las madres eran generalmente “trasladadas” (eufemismo utilizado para referirse al asesinato) y los recién nacidos eran entregados a personas extrañas a sus familiares.

Hasta el momento, 109 de los aproximadamente 500 nietos apropiados han recuperado su identidad gracias a la incansable labor de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que integra la querella encabezada por el CELS en la causa. Cientos de familias aún hoy desconocen el destino de sus hijos, nietos, sobrinos o hermanos nacidos en cautiverio.

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“Yo primero no me quería hacer el ADN”

María Hilda Pérez de Donda, apodada “Cori”, era militante de la Juventud Peronista y de la organización Montoneros. El 28 de marzo de 1977, cuando cursaba el quinto mes de embarazo, fue secuestrada por personal de la Fuerza Aérea que la llevó primero a la comisaría de Castelar y luego a la ESMA, lugar en el que entre los meses de julio y agosto de ese año dio a luz a Victoria Donda Pérez. Aproximadamente quince días más tarde, María Hilda fue “trasladada” por personal de la Aeronáutica y tres días después fue liberada su hija.

Victoria, nacida en la “pieza de las embarazadas” y anotada como hija biológica por Juan Antonio Azic y Noemí Esther Abrego con el nombre de Claudia Analía Leonora Azic, recuperó su verdadera identidad en 2004, cuando supo que era hija de María Hilda Pérez y de José María Laureano Donda, también desaparecido.

El teniente de navío Adolfo Miguel Donda, tío de Victoria, prestó funciones en la ESMA y, luego de haber sido identificado por numerosos sobrevivientes, se encuentra cumpliendo condena por estos hechos y está siendo juzgado actualmente por otros.

En la audiencia del 4 de noviembre, Victoria contó que otra secuestrada, Lidia Vieyra, le dijo que había colaborado en el trabajo de parto, que no tardó en nacer aunque gritó mucho y que permaneció unos tres días junto a su madre. Con los materiales que les habían proporcionado para el parto, le cosieron una de las orejas con hilo azul para poder identificarla. También supo que su madre la amamantó hasta que Héctor Febres le pidió que escribiera unas cartas que supuestamente entregarían a su abuela y le trajo ropa que habían comprado para vestirla.

Victoria relató su reacción al conocer los hechos y explicó: “Yo primero no me quería hacer el ADN, todavía no estaba la ley [26.549 de 2009]. O sí, me lo quería hacer, pero era difícil decidirlo. Por eso me parece muy buena la ley, porque somos víctimas”. Y agregó: “Empecé a investigar, ver libros de Abuelas y ver caras de las embarazadas, y cuando vi la foto de mi mamá me di cuenta de que era parecida”. Finalmente, luego de practicarse dos análisis de ADN, el 8 octubre de 2004 obtuvo el resultado, aunque nunca pudo conocer su fecha de nacimiento.

foto3Victoria Donda. Foto: Guadalupe Aizaga  (La Nación)

“Agradezco poder usar la palabra por aquellos que no tuvieron la posibilidad de defenderse”

Otro de los casos que se está juzgando es el secuestro y desaparición de Susana Beatriz Siver de Reinhold, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y del Centro de Estudiantes de Derecho. “Susanita”, como la llamaban,  fue secuestrada el 14 de agosto de 1977 en la localidad de Haedo, cuando cursaba su cuarto mes de embarazo. Ese mismo día fue también secuestrado su esposo, Marcelo Carlos Reinhold.

Susana llegó a la ESMA el 17 de octubre de ese año y alrededor del 16 de enero de 1978 fue trasladada al Hospital Naval de Buenos Aires, donde dio a luz una niña a la que llamó Laura. Luego del parto, Siver fue nuevamente llevada a la ESMA, donde permaneció unos diez o quince días con su hija, pudo amamantarla y  escribir una carta a los abuelos de la niña unas horas antes de ser “trasladada”. Sin embargo, esa misma noche, la beba fue retirada del centro por Carlos Galián, conocido como “Pedro Bolita”, actualmente condenado e imputado también por nuevos hechos en este tramo de la causa. Susana aún permanece desaparecida.

El 7 de noviembre declaró la hija del matrimonio Siver-Reinhold, quien recién en 2011 pudo conocer su verdadera identidad. Florencia Laura Reinhold Siver contó que accedió voluntariamente a realizarse el análisis de ADN y lo que averiguó de sus padres es producto de la reconstrucción que ha efectuado a través de gente que los conoció. Ambos estudiaban abogacía y se conocieron en la facultad, luego de un tiempo su mamá quedó embarazada y “fueron vistos en la ESMA, donde yo nací por cesárea; en realidad nací en el Hospital Naval y de ahí fui trasladada de nuevo a la ESMA con mi mamá, donde estuve 20 días aproximadamente”, describió Florencia. Sabe también que nació el 15 de enero, aunque fue inscripta el 7 de febrero. “Mi mamá  me llamó Laura, me decía ‘Lauchita’”, aclaró, y explicó luego que alguien la entregó a una familia.

Cuando el Tribunal le preguntó si deseaba expresar algo más, fue contundente: “agradezco poder dar mi testimonio por aquellos que no están hoy presentes y poder usar la palabra por aquellos que no tuvieron la posibilidad de defenderse”.

foto4La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto,  junto a Adriana Reinhold, tía de Florencia, sosteniendo la fotografía de su hermana y su cuñado desaparecidos. Foto: Télam

El caso Fontana-Sandoval

La noche del 1 de julio de 1977, Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián Sandoval fueron secuestrados y llevados al centro clandestino de detención “Club Atlético”. Liliana tenía entonces 20 años y se encontraba embarazada de dos meses y medio. El 26 de diciembre de ese año fue llevada a la ESMA, donde nació Pedro Sandoval Fontana quien, (apropiado por el Gendarme Víctor Rei, actualmente condenado por estos hechos), recuperó su identidad en julio de 2006. Liliana y Pedro continúan desaparecidos.

En la audiencia del pasado 28 de noviembre, Pedro dio su testimonio:

Por 2 meses aproximadamente [luego de la condena a su apropiador en 2009] tuve relación con mi apropiadora, porque quería saber realmente mi origen […] Dice que me trajo un 4 de abril de 1978, le pregunté por mi mamá y me dijo ‘vos sabes lo que pasa con ellos’, me enojé y me fui, me quedó la tranquilidad de saber que desde que nací hasta el 4 de abril estuve en los brazos de mi mamá, habré nacido entre el 27 y 28 de diciembre de 1977 […] A veces uno se aferra a mentiras para creer en algo hermoso en ese mundo de locura, entonces me aferré a eso para creer que pasé ese tiempo con mi mamá, pero sólo estas personas que están siendo juzgadas van a poder decirme la verdad.

Recordó también que a través de los compañeros de su padre supo que él tocaba la guitarra y durante su cautiverio en “El Atlético” le gustaba cantarle a su mamá dos canciones como código para avisarle cuando se iba y cuando volvía de las sesiones de tortura: “Mujer niña y amiga” y “Lunita Tucumana”. Por último declaró: “saber que estuvieron juntos esos meses te da un poco de alegría”.

foto5Izquierda: Alejandro Pedro Sandoval (foto: Rafael Yohai) Derecha: Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián Sandoval

El nieto número 102: Ezequiel Rochistein Tauro

También durante el mes de noviembre brindó su testimonio Ezequiel Rochistein Tauro, el nieto número 102 en recuperar su identidad. Ezequiel es hijo de María Graciela Tauro, quien dio a luz en la ESMA entre los meses de septiembre y octubre de 1977, y Jorge Daniel Rochistein, dos militantes de la organización Montoneros que al día de la fecha permanecen desaparecidos.

El 4 de noviembre Ezequiel declaró ante el Tribunal: “Sé quién soy a partir de abril 2010” y agregó: “Estoy tratando de reconstruir mi historia. No sé si mi vieja me puso realmente Ezequiel cuando nací”.

Sin embargo, a través de Juan Gasparini (sobreviviente del centro clandestino) supo que su madre estuvo secuestrada en la ESMA, donde él nació y que ella quería que Gasparini fuera su padrino. Una vez liberado, le dijo a su abuela (la mamá de María Graciela Tauro) que Ezequiel había nacido y estaba vivo.

Finalmente, contó su inicial resistencia a practicarse los análisis de ADN y concluyó su testimonio dirigiendo unas palabras a los imputados: “Si alguien sabe cuándo nací y cuál era mi nombre, les agradezco que me lo digan”.

foto6Ezequiel Rochistein Tauro con su nuevo DNI. Foto: Diario Registrado

“Durante años fui hermano de mi padre e hijo de mi abuelo”

En la audiencia del pasado 7 de noviembre brindó testimonio Norberto Carlos Berner por el secuestro y desaparición de su padre Ernesto Eduardo, en la causa ESMA Unificada que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención.

Ernesto Eduardo Berner, alias “Popo” o “Mariano”, fue secuestrado el 11 de enero de 1977 cuando tenía tan sólo 22 años. En la audiencia, Norberto contó que su padre nació en Castelar, donde transcurrió su infancia, siempre signada por un fuerte compromiso social, el cual reafirmó al comenzar sus estudios de abogacía en la Universidad de Buenos Aires en 1972. En ese contexto, Ernesto se acercó a la Juventud Universitaria Peronista (JUP) donde militó activamente hasta 1976, cuando se incorporó a la estructura de finanzas de la organización Montoneros.

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Ernesto Eduardo Berner

En esos años conoció a Isabel Teresa Cerutti, la mamá de Norberto, con quien comenzó a convivir. El 10 de enero de 1977 fue la última vez que sus padres se vieron, durante el festejo de cumpleaños de Isabel, quien estaba embarazada. Al día siguiente Ernesto fue secuestrado.

La reconstrucción de los hechos

Norberto explicó que logró reconstruir paulatinamente su historia personal y los hechos posteriores al secuestro de su padre a partir de distintos relatos y colaboraciones. Entre ellos, los dichos de Miguel Ángel Lauletta, ex detenido-desaparecido en la ESMA; los comentarios de su madre; las numerosas gestiones realizadas ante organismos de derechos humanos; los aportes del Equipo Argentino de Antropología Forense, en particular por la permanente colaboración de Carlos “Maco” Somigliana; y la sentencia de la causa seguida en España contra Adolfo Francisco Scilingo, donde se probó el secuestro y cautiverio de Ernesto en la ESMA.

Por medio de estas fuentes pudo conocer que el secuestro se produjo en una “cita cantada” en el barrio de Almagro o de Flores, en el contexto de numerosas “caídas” sucesivas de integrantes de la estructura de finanzas de Montoneros. Luego su padre permaneció en cautiverio en la ESMA por un breve período de tiempo y habría sido asesinado en un “vuelo de la muerte”.

A partir de la desaparición de Ernesto, sus compañeros de militancia Lucila Révora y Enrique De Pedro (alias “Quique”) asumieron el cuidado de su madre embarazada, hasta la muerte de “Quique”. Al narrar estos hechos, Norberto resaltó su profundo agradecimiento a ambos.

Luego de permanecer algún tiempo más al cuidado de otros compañeros, Isabel comenzó a vivir en la casa de sus padres, donde también se encontraba su hermano, Juan Carlos Cerruti. Por cuestiones de seguridad, Norberto explicó que su nacimiento tuvo lugar en el domicilio particular de un médico, en el barrio de Parque Chas y agregó: “Yo nací el 23 de agosto de 1977, así que nunca conocí a mi padre fuera de la panza de mi vieja”.

El secuestro de Isabel y Norberto

Isabel intentó mantener el contacto con la familia paterna de su hijo. En julio de 1978, en una de las visitas a la abuela Rebeca Celina Benfield, quien había sido chupada días antes por una patota del centro clandestino conocido como “Atlético-Banco-Olimpo (ABO)”, Isabel y Norberto, con tan sólo 11 meses de edad, fueron secuestrados y trasladados a “Banco”. Norberto permaneció en el centro clandestino por un día, mientras que su abuela y su madre siguieron cautivas hasta enero de 1979.

Norberto fue llevado a la casa de sus abuelos maternos. Sin embargo detalló que el grupo de tareas que lo secuestró junto a su madre y días antes a su abuela, actuaba en el mismo centro clandestino en el que terminaron sus días los padres de Claudia Poblete, apropiada por el Teniente Coronel (r) Ceferino Landa, unos meses antes. Al respecto, reflexionó: “son las dudas que le deben quedar a todos los sobrevivientes, ‘por qué no a mí’”.

Con excepción de dos visitas que los represores le permitieron hacer a Isabel, en un contexto “amenazante”, recién pudo reencontrarse con su madre al cumplir los 17 meses. “En esos años mi abuela Teresa ponía la foto de mi viejo y de mi vieja para que yo los viera y los saludara”, narró conmovido.

Su infancia 

Durante sus primeros años de vida, Norberto fue inscripto legalmente con el apellido de su madre a la espera de conocer el destino de Ernesto, y con esa identidad comenzó el jardín de infantes. Sin embargo, su maestra lo llamaba por sus dos nombres para evitar que se acostumbrara a escuchar un apellido distinto al de su padre.

Mientras cursaba la escuela primaria, y luego de un arduo debate, su abuelo decidió reconocerlo como hijo propio para que pudiera llevar el apellido de su padre: “durante años fui hermano de mi padre e hijo de mi abuelo”, explicó Norberto.
Pero el derrotero no terminó allí. Una vez recuperada la democracia, su madre realizó incontables gestiones para conocer el destino de Ernesto. Por su parte, Norberto se incorporó a la organización H.I.J.O.S. como un signo de resistencia contra la impunidad y para “romper ese cerco de que esto era algo que me había pasado a mi solo”, explicó. En este contexto surgió la necesidad de recuperar su identidad legalmente, para lo cual inició “una tarea titánica desde lo humano, lo personal y lo familiar, para conseguir hacernos el ADN”.

En 1999 se realizaron los análisis correspondientes en el Banco Nacional de Datos Genéticos y en 2001 recibió el resultado. Finalmente, en septiembre de 2003 obtuvo la sentencia que determinó que efectivamente es hijo de Ernesto Eduardo Berner. “El Estado represor me obligó a hacerle un juicio de filiación a mi padre y a mi abuelo para recuperar mi identidad”, concluyó.

“El Plan Cóndor es la única explicación del traslado de mi madre a Uruguay”

- ¿Podría decirnos la fecha y lugar de nacimiento? –preguntó el presidente del tribunal.

Esa pregunta tan simple, que se hace a todos los testigos de un juicio, no tiene una respuesta cierta para muchas personas. El pasado 29 de octubre, el Tribunal Oral nº 1 escuchó el testimonio de Macarena Gelman, quien relató los hechos que pudo reconstruir a lo largo de los años sobre la desaparición de sus padres Marcelo Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, y el secuestro de su tía Nora Gelman. También habló sobre su nacimiento en cautiverio en Uruguay.

Contó que el 24 de agosto de 1976, un grupo de hombres armados ingresaron a la casa en donde vivían sus padres, ubicada en Gorriti 3868 en la ciudad de Buenos Aires. Minutos antes, ese mismo grupo había entrado a la casa de su abuela, Berta Shubaroff, y se habían llevado a su tía Nora y a un amigo de ella, Luis Eduardo Pereda, que se encontraba en el lugar.

19850824 La Voz.tifNota publicada el 24 de agosto de 1985 en La Voz.
Fuente: Archivo institucional del CELS

Si bien su padre había pertenecido a la Unión de Estudiantes Secundarios y su madre aparentemente estaba vinculada a una unidad básica, en ese momento se encontraban alejados de la militancia debido al reciente secuestro de varios de sus compañeros. Tanto Marcelo como María Claudia habían acompañado a los padres de dos amigos –Guillermo Binstock y Norberto Morresi- a recorrer comisarías y otros lugares en donde pudieran encontrarse, así que estaban al tanto de las acciones represivas que se estaban ejecutando.

La coordinación

Marcelo y María Claudia –quien ya tenía siete meses de embarazo- fueron llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti. En ese mismo lugar estaban Nora y su amigo, quienes habían sido secuestrados en el mismo operativo y fueron liberados unos días después. Varios testigos secuestrados en ese mismo lugar han podido reconocer a los padres de Macarena. A través de sus relatos se pudo establecer que Marcelo habría sido “trasladado” a su destino final a mediados de septiembre, mientras que María Claudia habría sido llevada a Uruguay alrededor del 6 o 7 de octubre.

“Mi mamá estaba en un centro clandestino de detención junto a numerosos secuestrados uruguayos y con presencia de fuerzas de seguridad de Uruguay. En ese lugar hubo una coordinación y me parece imposible que se hayan llevado a mi mamá sin que haya participado también esa coordinación del Plan Cóndor”, dijo Macarena.

Gracias a los testimonios de varios sobrevivientes uruguayos que estuvieron en el centro clandestino Automotores Orletti y que fueron llevados luego a su país de origen, se supo que María Claudia permaneció detenida en el Servicio de Informaciones de Defensa (SID). Una noche escucharon a unos militares llamar por teléfono y pedir una ambulancia porque estaba en trabajo de parto y habría dado a luz en el Hospital Militar de Montevideo.

“Ellos dijeron que habían visto a una mujer embarazada que no era uruguaya y que luego escucharon el llanto de un bebé –contó Macarena-. Eso se confirmó con el testimonio de Julio César Barboza Pla, personal civil del Ejército del Uruguay que trabajaba como guardia, quien relató que una noche sacaron a mi madre con su beba y que alguien dijo ‘A veces hay que hacer cosas embromadas’”.

Macarena pudo estar junto a su madre cerca de dos meses. Esa noche en que las vieron salir podría haber sido la última en la que estuvieron juntas. No hay certeza sobre las razones por las que ella apareció en una canastita frente a la casa de Ángel Tauriño, un policía retirado. Pero Macarena asegura que eso no pudo ser casualidad. Su padre de crianza, como ella lo llama, falleció en 1989 y ella supo de su identidad en el año 2000, cuando su madre de crianza se lo contó.

La verdad y la justicia

Juan Gelman se encontraba en el exilio cuando su hijo y su nuera fueron secuestrados. Antes del golpe de 1976 había sido declarado un objetivo por parte de la Triple A y, una vez tomado el poder por las fuerzas armadas, el Batallón 601 expidió una orden de captura y muerte en su contra. En 1978, Gelman recibió una información en el Vaticano sobre el nacimiento de su nieto o nieta. Desde entonces dio inicio a una intensa búsqueda.

Una vez llegada la democracia, Berta Schubaroff, madre de Marcelo, interpuso una demanda por la desaparición de su hijo y de María Claudia, la cual fue incorporada al expediente “Rodriguez Larreta, Enrique, sobre privación ilegítima de la libertad”. Esa causa se inició en 1984 a raíz de una de las primeras denuncias sobre la acción conjunta de fuerzas armadas de Argentina y Uruguay durante la dictadura y el funcionamiento del centro clandestino Automotores Orletti. Actualmente forma parte de la prueba documental del Plan Cóndor.

19860423 TiempoNota publicada el 23 de abril de 1986 en Tiempo.
Fuente: Archivo institucional del CELS

En 1989, el cuerpo de Marcelo Gelman fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Había sido enterrado como NN en el cementerio municipal de San Fernando. Su cuerpo había sido puesto en un tambor, cubierto con cemento y arrojado a un canal del Delta del Tigre.

Hasta ahora continúa en Uruguay la búsqueda del cuerpo de María Claudia en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2011 condenó al Estado uruguayo por estos hechos.

Artículos publicados en Página/12 sobre el caso Gelman

19871028 Pag12Nota de Horacio Verbitsky, publicada el 28 de octubre de 1987 en Página/12.
Fuente: Archivo institucional del CELS

19881012 Pag12Nota publicada por Jorge Lanata el 12 de octubre de 1988 en Página/12.
Fuente: Archivo institucional del CELS

Javier Mignone declaró por el secuestro de su hermana Mónica

En la audiencia del lunes 30 de septiembre en la causa ESMA Unificada (ESMA III), declararon Javier Mignone, hermano de Mónica e hijo de Emilio, uno de los fundadores del CELS, y Rodolfo Ojea Quintana, por la desaparición de su hermano y su cuñada. Es la primera vez que se juzga la responsabilidad de los represores por los hechos que tuvieron por víctima a Mónica Mignone y algunos integrantes del Movimiento Villero Peronista (MVP), su grupo de militancia, en ese centro clandestino.

Monica Mignone                                                        Mónica Mignone

Javier, que en aquel momento tenía 19 años, presenció el operativo que tuvo lugar en el departamento de la familia Mignone el 14 de mayo de 1976. El grupo de tareas estuvo allí durante 30 minutos aproximadamente, hasta que se llevaron a Mónica. Javier recordó que apenas se retiraron él fue hasta el balcón del departamento que quedaba en el tercer piso, sobre la avenida Santa Fe, y desde allí logró ver al menos dos autos:

“Eran Falcon, tirando a oscuro. Veo que la introducen a Mónica al auto, en el asiento de atrás, con dos individuos, uno a cada lado de ella. Había otro vehículo que salió también y después se fueron rápidamente.”

Las gestiones nacionales e internacionales en la búsqueda

La familia realizó numerosas gestiones para ubicar a Mónica, pero nunca pudieron encontrarla. Unos años después obtuvieron información sobre los vuelos de la muerte. Javier agregó:

“Suponemos que Mónica y sus compañeros terminaron en el Océano Atlántico. Nunca tuvimos evidencia de los cuerpos. De hecho, unos años después, mis padres fueron a una playa de la costa atlántica porque habían aparecido unos cadáveres, a ver si era Mónica o sus compañeros. Y aparecieron cadáveres de personas que habían sido detenidos-desaparecidos.”

Pocos días después del secuestro casi simultáneo del grupo de los siete jóvenes al que pertenecía Mónica, otras personas que también realizaban trabajo social en la villa del Bajo Flores fueron detenidas en un nuevo operativo. “Estos hechos permitieron ver la magnitud de lo que estaba sucediendo; había un plan sistemático, aunque en esa instancia aún no era tan claro”, comentó Javier.

Grupo

Emilio Mignone había trabajado durante 5 años en los Estados Unidos y se puso en contacto con algunos conocidos para iniciar denuncias internacionales. Logró obtener apoyo desde Washington por parte de la organización WOLA (Washington Office on Latin America). A nivel local, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que también integraba Emilio, recopiló unos 4000 casos inicialmente. Esa información permitió una articulación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual realizó una visita al país “recién en 1979”, aclaró Javier. Y luego agregó: “mucha de la documentación de la Comisión es gracias a lo que se aporta desde la APDH y otras entidades después. En muchas de ellas estuvieron mis padres muy vinculados, como a Madres de Plaza de Mayo. Mi madre, Chela Mignone, era una madre fundadora”.

Poco tiempo después se creó el CELS, para poder trabajar en concreto con ciertas denuncias y empiezan a prepararse casos para llevar ante la justicia. Además de sus fundadores Augusto Conte, José Westerkamp, Boris Pasik, Alfredo Galleti, Carmen Aguiar de Lapacó, Emilio y Chela Mignone, luego empezaron a participar abogados jóvenes, como Luis Zamora y Marcelo Parrilli.

Por el trabajo y las gestiones para documentar y buscar a los familiares detenidos-desaparecidos sufrieron numerosas intimidaciones. Javier recordó que había mucho temor y presumían que tenían la el teléfono “pinchado”.

Luego de la publicación del documento “Paralelismo Global”, en el que se explica el funcionamiento del sistema represivo, fueron allanadas las oficinas del CELS y detuvieron a la mayoría de sus miembros, entre ellos Emilio Mignone y Marcelo Parrilli. Poco tiempo después, Javier recordó otra amenaza “alrededor de esa época voy a sacar el auto y el freno se hunde. Lo habían cortado y habían puesto arena en el tanque de nafta. En otra oportunidad, el auto estaba a una cuadra del departamento de policía. Entro y veo el vidrio roto, habían revuelto la guantera. Otra intimidación.”

El Paralelismo Global (1981). Haga clic en la imagen para acceder al documento.

Fotoparalelismoglobal
Por último, Javier finalizó su testimonio con las siguientes palabras:

“Quiero agradecer al Estado argentino y al tribunal porque se está haciendo un proceso de justicia limpio. Y es triste que haya un grupo de imputados que actuaron con cobardía y siguen sin dar información de lo que hicieron con los detenidos-desaparecidos. Quiero rendir homenaje a Mónica, mi hermana, Mónica Quinteiros, María Esther Lorusso, Beatriz Carbonell, Horacio Perez Weiss y tantos miles de desaparecidos. Es importante que este tribunal esté dando defensa a los imputados. Ellos no dieron defensa a los detenidos-desaparecidos.”

La inspección ocular en la Iglesia Santa Cruz

El martes 17 de septiembre, el Tribunal Oral Federal nº 5, a cargo de la causa ESMA Unificada, realizó una inspección ocular en la Iglesia Santa Cruz, ubicada en la calle Estados Unidos 3150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ocurrió el secuestro de un grupo de familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura.

Si bien los crímenes cometidos contra el denominado “grupo de la Santa Cruz” ya fueron juzgados en la causa ESMA II, en este juicio se investiga la responsabilidad penal de otros acusados involucrados en los vuelos de la muerte. Por estos hechos están imputados los pilotos Mario Daniel Arru, Alejandro Domingo D’Agostino, Julio Alberto Poch, Enrique José de Saint Georges y Emir Sisul Hess; el entonces mecánico motorista de la Armada, Rubén Ricardo Ormello, y un civil, Gonzalo Torres de Tolosa.

IMG_2664bEntrada de la Iglesia donde fueron secuestradas las víctimas.
Foto: Mariela Baladron

El secuestro del grupo

En total fueron secuestradas 12 personas en 4 operativos consecutivos. El grupo de la Santa Cruz, integrado por familiares de detenidos desaparecidos que pertenecían al incipiente movimiento de derechos humanos, había sido infiltrado por Alfredo Astiz (alias Gustavo Niño), quien fue condenado a prisión perpetua en el juicio ESMA II. Todas las víctimas secuestradas en la Iglesia Santa Cruz fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fueron sometidas a torturas y condiciones inhumanas.

El 8 de diciembre de 1977, el grupo de tareas de la ESMA secuestró a 7 personas a la salida de la Iglesia, donde se habían reunido para organizar una colecta de dinero con el fin de publicar una solicitada en el diario La Nación con los nombres de sus familiares desaparecidos. Ese día se conmemoraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de María  o día de la Virgen en la Iglesia Santa Cruz, por lo tanto el secuestro ocurrió en un lugar muy concurrido y a la vista de numerosas personas. Ese día fueron secuestrados Esther Ballestrino de Careaga, María Eugenia Ponce de Bianco, Ángela Auad, Alice Domon, Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo.

IMG_2842bInterior de la Iglesia Santa Cruz, homenaje a las víctimas.
Foto: Mariela Baladron

Ese mismo día, el grupo de tareas también secuestró a Remo Berardo en su domicilio y atelier del barrio de La Boca, quien participaba de las reuniones en la Iglesia Santa Cruz. Por la tarde, secuestraron a Horacio Aníbal Elbert y José Julio Fondevila en el bar “Comet”, en la esquina de las avenidas Paseo Colón y Belgrano, cerca del periódico Buenos Aires Herald,  donde solían encontrarse algunos integrantes del grupo.

El plan de secuestro terminó el 10 de diciembre de 1977 con la captura de Azucena Villaflor de Vicenti y Léonie Duquet en sus domicilios, ya que no habían concurrido a ninguno de los lugares donde se ejecutaron los operativos previos.

19771210 SolicitadaLa solicitada fue publicada el 10 de diciembre de 1977 en el diario La Nación, fecha en la cual fue secuestrada la última de las personas de este grupo de 12 víctimas.
Fuente: Archivo institucional del CELS

La identificación de los cuerpos

El 21 de diciembre de 1977 cinco cadáveres fueron descubiertos en una playa de Santa Teresita. Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, luego de que el mar las arrastrara hacia la costa de esa localidad en la Provincia de Buenos Aires. Los restos recién fueron identificados en 2005 y pertenecían a Ángela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Azucena Villaflor de Vicenti y Léonie Duquet, todas ellas integrantes del grupo de la Santa Cruz.

La identificación de estas víctimas completó la evidencia del siniestro circuito por el que pasaron algunos detenidos desaparecidos, desde su secuestro hasta los llamados “vuelos de la muerte”.

IMG_2733bLos restos de Ángela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga y Léonie Duquet están sepultados en la Iglesia Santa Cruz.
Foto: Mariela Baladron

Documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos

El documento desclasificado (0000A5AF) del 30 de marzo de 1978, reconoce que una fuente del gobierno argentino le informó a la embajada de los Estados Unidos que se habían encontrado siete cuerpos cerca de Mar del Plata. Dos de esos cuerpos pertenecerían a las monjas francesas y el resto correspondería a cinco personas también secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre de 1977.

0000A5AFP10000A5AFP2Fuente: National Security Archive, Estados Unidos

Por otra parte, el documento desclasificado 0000A5E2, del 19 de diciembre de 1977 implica a la Armada en el secuestro de las madres y de las monjas francesas.

0000A5E2P10000A5E2P20000A5E2P3Fuente: National Security Archive, Estados Unidos

Si bien se ha confirmado en años recientes que las víctimas fueron arrojadas vivas al mar luego de una inyección de “pentotal”, el 15 de marzo de 1978, a sólo 3 meses del asesinato de las víctimas, los Estados Unidos ya habían recibido información de lo sucedido.

0000A50DP10000A50DP20000A50DP3Fuente: National Security Archive, Estados Unidos

La resistencia uruguaya

No sólo para los argentinos el breve gobierno de Héctor José Cámpora (25 de mayo al 13 de julio de 1973) fue una primavera. Durante ese período, cientos de militantes obreros y estudiantiles uruguayos se refugiaron en Buenos Aires y otras ciudades motivados por la cercanía geográfica y el ambiente político favorable que se vivía en el país. Rubén Prieto Benencio fue uno de ellos.

En su reciente declaración ante el Tribunal Oral Federal Nº1, Rubén relató su experiencia en el exilio y, más concretamente, la creación en Argentina del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), un grupo de resistencia contra la dictadura cívico militar uruguaya al que él pertenecía.

El PVP fue casi aniquilado entre marzo y octubre de 1976. Sus integrantes fueron secuestrados y torturados en Argentina y muchos de ellos fueron llevados en vuelos clandestinos a Uruguay donde algunos fueron “blanqueados” en cárceles de ese país, mientras que otros se encuentran desaparecidos.

19761031 La Nacion
El preludio

Rubén Prieto Benencio contó que la situación política en Uruguay empezó a ser tensa mucho antes del golpe de Estado de junio de 1973. Los gobiernos constitucionales de ese país habían adoptado una legislación represiva que hacía prácticamente imposible cualquier propuesta de izquierda. Las condiciones del otro lado del Río de la Plata eran un tanto diferentes.

“En la Argentina, a principios de 1973, se vivía un ambiente de apertura, de mucha euforia y mucha emoción”, dijo Rubén. En ese contexto fueron llegando uno a uno los militantes de distintas organizaciones, escapando del estado de “guerra interna” declarado en Uruguay y de los tribunales militares que se habían creado para juzgar cualquier acto vinculado a la llamada “subversión”.

Luego de establecerse en la Argentina, comenzaron a organizar una resistencia. “En una ocasión se hizo una convocatoria para un acto organizado en la Federación de Box en donde hablaron varios representantes de la oposición uruguaya –relata Rubén-. Fue una convocatoria abierta. De ahí empezó a reunirse la gente para formar un comité de resistencia contra la dictadura”. Para 1974 ya eran más de cien personas las que integraban ese comité.

La primavera duró poco. El contexto político argentino se fue enrareciendo con las primeras manifestaciones de la represión por venir. Las fuerzas armadas y los organismos de inteligencia de Argentina y Uruguay empezaron a trabajar conjuntamente. Según cuenta Rubén, el 2 de junio de 1974 se hizo una reunión en el local del comité y el lugar fue allanado por la policía. Las personas allí presentes fueron llevadas a Coordinación Federal.

“Los hombres permanecimos tres semanas detenidos. Muchos de los compañeros estaban seguros de que fueron uruguayos los que los interrogaron. El interrogatorio era político. Ese mismo año empezaron a haber secuestros.”

Nace un partido

Los vínculos entre miembros de distintas organizaciones que se habían forjado en Uruguay se fortalecieron en el exilio y en julio de 1975 surgió el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) . Hombres y mujeres provenientes de distintas corrientes como Federación Anarquista Uruguaya (FAU), Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR-33), refugiados en la Argentina, participaron en los debates del congreso fundacional. Finalmente fueron elegidos como dirigentes del grupo Gerardo Gatti y León Duarte.

“El primer objetivo que nos planteamos fue el de informar a todos los uruguayos sobre la creación de ese nuevo partido. Así que empezamos a idear una campaña de expectativa legal en Uruguay que implicó que yo viajara muchas veces a ese país de manera clandestina”, cuenta Rubén.

Entre fines de 1975 y principios de 1976 se planificó la campaña publicitaria que nunca llegó a ejecutarse. Rubén relató:

“Cuando fue el golpe en Argentina yo estaba en Montevideo reuniéndome con los publicistas. Elena Quinteros, una compañera del partido, me fue a buscar al hotel porque Gerardo Gatti quería comunicarse conmigo. Voy a la casa de ella y ahí recibo una llamada. Gatti me dice que tres compañeros fueron detenidos en Colonia. Habían entrado a Uruguay con propaganda. Eran Ricardo Gil, Luis Ferreira y Élida Rita Álvarez.”

En abril de 1976 fueron secuestradas en Argentina tres personas más: Eduardo Chizzola, Ary Cabrera Prates y Telba Juarez. “Todos eran integrantes del PVP. Eso nos dio la pauta de que había una operación en nuestra contra”, recuerda Rubén. Ante esas primeras caídas, la dirección de la agrupación decidió darles a sus integrantes la libertad de irse a un exilio más lejano. “Ya se veía que la situación era muy dura. Pero la mayoría quería continuar.”

Julio y septiembre

La persecución de los disidentes políticos refugiados en Argentina fue implacable. En mayo de 1976 fueron secuestrados el senador Zelmar Michelini y el ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Sus cuerpos aparecieron en un auto modelo Torino abandonado en las calles de Buenos Aires. Días después fueron secuestrados Gerardo Gatti y María del Pilar Nores Montedónico.

Durante un mes los secuestradores de Gatti extorsionaron a sus compañeros exigiendo dos millones de dólares para su liberación. El intermediario en esa “negociación” fue Jorge Washington Pérez, un dirigente sindical uruguayo sin actividad en Argentina, a quienes las fuerzas conjuntas de Uruguay y Argentina detuvieron y llevaron a Automotores Orletti en al menos dos oportunidades para entregarle pruebas de supervivencia.

“Las primeras pruebas lo muestran a Gatti sano. Luego aparecen fotos en las que se lo ve notablemente golpeado”, recuerda Rubén. Según él, los dirigentes del partido sospechaban que la extorsión no era más que un trabajo de inteligencia que hacían las fuerzas represivas para ganar tiempo. El 13 de julio fueron secuestrados unos veinte integrantes del PVP en una primera detención masiva. Entre ellos se encuentraban Sara Méndez, Asilú Maceiro, León Duarte, Eduardo Dean, Sergio López Burgos, Elba Rama, Gastón Zina, Ariel Soto, Margarita Michelini, Raúl Altuna, Ana Inés Quadros, Enrique Rodríguez Larreta, Laura Anzalone, Ana María Salvo, Edelweis Zhan y Alicia Raquel Cadenas. Todos fueron llevados a Automotores Orletti y posteriormente trasladados en un vuelo clandestino a Uruguay.

Luego tuvieron lugar algunos secuestros individuales. “Mauricio Gatti y Alberto Mechoso son los únicos que quedan de la dirección anterior. Se nombra una dirección de emergencia en la que estamos Gustavo Insaurralde, Jorge Zaffaroni y yo –dice Rubén-. Entonces pensé que lo primero que había que hacer era entrar en contacto con la ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados], y tratar de sacar de la Argentina a la mayor cantidad de gente posible”

A finales de septiembre comienza la segunda oleada represiva contra el PVP. Fueron secuestrados, entre otros, Victoria Lucía Grisonas, Adalberto Soba, Elena Laguna, Alberto Mechoso, Raúl Tejera Llovet, Juan Pablo Errandonea, Jorge Zaffaroni, Maria Emilia Islas Gatti, Washington Cram, Cecilia Trías y Rubén Prieto González. Los secuestros masivos concluyeron entre el 1 y el 4 de octubre cuando son detenidos Bernardo Arnone, Rafael Lezama, Carlos Rodriguez Mercader, Casimira María del Rosario Carretero, Miguel Ángel Moreno Malugani, Juan Pablo Recagno Ibarburu y Washington Queiro.

19761029 La Nacion
Otra campaña de desprestigio

El 28 de octubre de 1976, en un comunicado de prensa de las Fuerzas Conjuntas uruguayas, se informó sobre el desmantelamiento del “grupo subversivo” Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). Como prueba de esa labor de “inteligencia”, los militares uruguayos exhibieron a catorce detenidos acusados de intentar “invadir” el país para reiniciar la lucha armada. Esos prisioneros eran parte del grupo de secuestrados en la primera redada de julio en Argentina.

En el comunicado se mencionó la captura en Uruguay de 62 personas en distintos operativos. “Pensamos que los que cayeron en septiembre y en octubre habrían sido también trasladados a Uruguay; sin embargo, las cuentas no cerraban”, afirma Rubén. Según se pudo comprobar después, hubo un segundo vuelo clandestino en el que fueron llevados los secuestrados en aquel período. Sin embargo, de ese grupo quedaron pocos sobrevivientes.

Los refugiados que quedaban en Buenos Aires denunciaron el secuestro y desaparición de sus compañeros. Como respuesta a esas denuncias, las fuerzas armadas publicaron otro comunicado en el que informaron sobre la supuesta campaña subversiva para desprestigiar internacionalmente a los gobiernos de Argentina y Uruguay.

Mientras tanto, Rubén trató de sacar a los pocos integrantes del PVP que quedaban vivos. El 10 de noviembre viajó a Europa y en ese nuevo exilio empezó a contar esta historia que para muchos resultaba inverosímil; hasta que fueron apareciendo otros testigos que dieron fe de lo sucedido. Era tan solo las primeras manifestaciones del Plan Cóndor en la dictadura Argentina.

19761030 La Opinion

 

Un día se hizo justicia

A 41 años de la Masacre de Trelew 

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los ex marinos Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por su participación en la Masacre de Trelew. Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Bautista fueron absueltos. Fue la primera sentencia dentro del proceso de juzgamiento por crímenes del terrorismo de Estado en la que se atribuyeron responsabilidades penales por delitos perpetrados en el contexto represivo de principios de los 70. Resultó necesario demostrar que la masacre fue un crimen de lesa humanidad, ejecutado en un contexto de ataque sistemático contra un grupo de la población civil.

Los hechos se originaron el 15 de agosto de 1972, con la fuga de veinticinco presos políticos que se encontraban en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal de Rawson. En esa oportunidad seis de los prisioneros lograron escapar a Chile. Los diecinueve restantes se entregaron a las autoridades y quedaron detenidos. Acto seguido fueron alojados en la base aeronaval Almirante Zar en donde permanecieron incomunicados. Seis días después, en la madrugada del 22 de agosto, fueron fusilados por personal de la Armada. Dieciséis de ellos murieron y tres lograron sobrevivir.

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La llamada Masacre de Trelew produjo una fuerte indignación. Aceleró los tiempos políticos, contribuyendo al fin de la dictadura iniciada en 1966 -ya debilitada por una creciente movilización popular- y estimulando la incorporación de nuevos militantes a las organizaciones revolucionarias.

Durante el juicio se demostró que el fusilamiento de los 19 presos políticos no fue un hecho aislado, sino que se trató del primer gran acto del plan clandestino de represión que alcanzaría su mayor expresión con la última dictadura militar. Los testimonios aportados mostraron los vínculos directos existentes entre las dictaduras de 1966 y 1976. Esas conexiones se dieron tanto en los métodos empleados como en la identidad de las víctimas del terrorismo de Estado. Muchos de los presos políticos de comienzos de los 70 fueron asesinados posteriormente. Otros, como dos de los sobrevivientes de la masacre, fueron secuestrados y desaparecidos.

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De igual manera, las declaraciones de dos ex marinos sobre el entrenamiento que recibieron desde finales de la década del 60, entre otra prueba, evidenciaron la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional y su hipótesis del enemigo interno. Fue en ese período comprendido entre los años 1966-1973 donde el Estado decidió colocar en la clandestinidad parte de su actividad represiva, lo que significó una práctica generalizada de detenciones y torturas, registrándose también numerosos homicidios y las primeras desapariciones forzadas de personas.

En esta causa la prueba documental tuvo un valor fundamental. Durante el transcurso del juicio, en un depósito de la Armada fueron halladas copias de las demandas civiles que realizaron familiares de las víctimas de la masacre. En esos expedientes se encontraron comunicaciones internas donde los abogados de los militares reconocían la responsabilidad de los marinos. También se incorporaron reglamentos de la Armada cuya existencia se ignoraba y habeas corpus colectivos presentados a favor de los centenares de presos políticos del régimen.

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Aún queda mucho por decir respecto de los responsables de lo ocurrido el 22 de agosto. Está pendiente que se resuelva el recurso de casación que interpuso la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Secretaría de Derechos Humanos y la fiscalía contra la absolución de Paccagnini y Bautista. El 5 de noviembre de 2012 el juez a cargo de la investigación requirió nuevamente la detención provisoria y la extradición de Roberto Guillermo Bravo desde EEUU, uno de los perpetradores de la masacre. También se encuentra en etapa de instrucción la indagación acerca de dos ex marinos que habrían tenido participación en los hechos.

PARA VER LA SENTENCIA: http://www.cels.org.ar/blogs/2012/Trelew.pdf

A 10 años de la anulación de las leyes de impunidad

El 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación aprobó la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que constituyó un impulso fundamental para la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. El hecho marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

En un contexto muy desfavorable, el parlamento fue el escenario en el que los organismos de derechos humanos pudieron incidir para confrontar el discurso de perdón y olvido que impuso el gobierno de Carlos Saúl Menem durante la década de 1990. En 2010, el poder legislativo reforzó ese compromiso con la Declaración del Bicentenario, mediante la cual estableció por unanimidad que el actual proceso de justicia constituye una política de Estado de carácter irrenunciable.

Ese proceso generó resultados dignos de ser destacados. Desde 2006, año en el que se realizó el primer juicio desde la reapertura de los procesos judiciales, hasta la fecha se emitieron 103 sentencias en las que resultaron 415 personas condenadas y 35 absueltas. En la actualidad, hay más de dos mil personas vinculadas a las casi 400 causas activas por estos crímenes en todo el país.

No sólo se produjo un crecimiento cuantitativo en materia de juicios. En los últimos tiempos, además, se avanzó en la diversificación y profundización de las investigaciones que permitió una mayor compresión histórica del fenómeno represivo. El juzgamiento de hechos anteriores al golpe de Estado de 1976, la reconstrucción de la complicidad de algunos sectores de la sociedad civil con las Fuerzas Armadas y de seguridad y la atribución de responsabilidades a los ideólogos y ejecutores de la represión en la comisión de los delitos contra la integridad sexual son algunos de los aspectos en los que se ha venido indagando.

La condena a prisión perpetua de tres ex marinos por su participación en la llamada “Masacre de Trelew”, ocurrida el 22 de agosto de 1972, fue la primera sentencia en la que se atribuyeron responsabilidades penales por delitos cometidos en el contexto represivo de principios de la década de 1970. Este fallo, dictado en octubre de 2012, reforzó la necesidad de juzgar los crímenes cometidos durante el breve período democrático entre dictaduras por actores paraestatales, como la Triple A, y por las mismas Fuerzas Armadas que posteriormente tomarían el poder. En este momento hay varias en causas en curso en las que se investigan hechos de esas características, como los de la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrida en 1974; la causa por la Triple A, en la que se encuentran procesadas cinco personas, y la del Operativo Independencia, que está en etapa de instrucción.

Sobre la responsabilidad civil en crímenes de lesa humanidad, se también produjeron avances importantes, como el procesamiento de Carlos Blaquier en la causa Ledesma, el de los directivos de la empresa Ford y del ex titular de la Comisión Nacional de Valores Juan Alfredo Etchebarne, la elevación a juicio del tramo de la causa Campo de Mayo en la que se investigan desapariciones de trabajadores de empresas de la zona de Zárate-Campana y las solicitudes que hicieron los tribunales orales para que se profundice la investigación de la complicidad de la empresa Loma Negra y del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca.

En relación con los crímenes de violencia sexual, a principios de agosto de este año se dictó la tercera sentencia en la que los imputados fueron declarados culpables de los delitos de abuso y violación sexual. Actualmente se juzgan estos delitos en la causa ESMA III y Arsenal Miguel de Azcuénaga en Tucumán y existen causas abiertas en varias provincias, surgidas a partir de declaraciones de víctimas en juicios en curso.

Este largo recorrido es resultado de la lucha de los organismos de derechos humanos, de las víctimas y de aquellos actores políticos que tomaron las decisiones más acertadas para la construcción de la democracia. Muchos son los obstáculos que aún deben sortearse, pero el proceso de justicia debe continuar y eso requiere, entre otras cosas, de una sostenida voluntad política.