Foto: Susi Maresca / CELS
Cada año, la cumbre contra el cambio climático es una instancia para buscar acuerdos entre los Estados, la política, la diplomacia, las empresas, la ciencia, las organizaciones territoriales y de la sociedad civil para definir cómo enfrentar la emergencia climática y frenar el calentamiento global que afecta a todo el mundo. Entre los temas claves del 2025 estaban las metas, los plazos, la infraestructura y el financiamiento de los países para adaptarse a los cambios necesarios contra los impactos ambientales, así como las formas de apoyo a las comunidades más afectadas.
La edición número 30 de la COP se realizó entre el 10 y el 21 de noviembre en Belém Do Pará. Fue por primera vez en la Amazonía brasileña -sede elegida como símbolo de lo que está en riesgo- y una década después de la última vez que se había hecho en América Latina.
La crisis climática afecta el bienestar de todas las personas, en especial a quienes están más empobrecidas. Desde el trabajo en la defensa de los derechos humanos entendemos que es prioritario construir estrategias conjuntas para contrarrestar la crisis y lograr un ambiente sano y saludable. De ello depende que la alimentación, la salud, la vivienda y la tierra sean derechos garantizados.
Es por eso que desde el CELS participamos por primera vez en la conferencia con información, aportes y posicionamientos. También propusimos debates sobre problemáticas de nuestro país y la región. La transición energética fue un eje central de la reunión, sobre el que nos pronunciamos junto a organizaciones que integramos la FIDH. Sin embargo, tras el cierre de las discusiones, no se logró un compromiso común para avanzar hacia una transición justa.
Esta edición brasileña de la COP fue también la oportunidad para que se realice la Cumbre de los Pueblos: un encuentro paralelo de intercambio de experiencias entre miles de activistas, organizaciones y movimientos sociales que buscan que el cuidado del ambiente sea cada vez más prioritario para los Estados y las sociedades. Este espacio es central para que a los acuerdos de la COP lleguen las demandas de protección y experiencias de las organizaciones territoriales.
El impacto ambiental desde y en el Sur
Fuimos a la COP con aportes sobre los impactos de la industria del litio en Argentina, Chile y Bolivia, los tres países con mayor producción en la región pero sin estrategias estatales unificadas. La crisis climática exige la descarbonización, pero eso no puede renovar el colonialismo. Mucho menos, basarse en la represión o la equiparación de la lucha de las comunidades indígenas con “amenazas terroristas sobre la seguridad nacional”. Sostuvimos que el acceso a la información, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de quienes habitan en los territorios es imprescindible y debe ser respetado.
En la Argentina el modelo extractivo se basa en dos ejes: la creación de normas que buscan atraer inversiones mediante exenciones impositivas y blindajes legales, como el RIGI; y la criminalización de la protesta, una presión sobre las comunidades afectadas para que no pueden organizarse ni manifestarse. Estos debates los dimos en una serie de eventos impulsados por INCLO que compartimos con organizaciones como Andhes (Argentina), Dejusticia (Colombia) y Conectas (Brasil), Legal Resources Centre (Sudáfrica) y Human Rights Law Network (India), entre otras.
“Defender la alimentación: defender el futuro” fue el evento en el que expusimos sobre la consecuencias del agronegocio en el ambiente y los derechos humanos. En una charla organizada con Dejusticia, Cajar, Terra de Direitos, el ECCHR y Deutsche Umwelthilfe, contamos la historia de Sabrina Ortiz en Pergamino (Buenos Aires, Argentina). La exposición a las fumigaciones para la soja afectó gravemente su salud. En nuestro país se está llevando un juicio por su caso. Mientras que a nivel internacional, encontramos limitaciones en la OCDE para que prospere una queja contra Bayer, señal de las dificultades que tiene responsabilizar a empresas por las consecuencias de sus modelos de negocios en los derechos humanos.
