Los dictámenes admiten la legitimación de dos grupos en representación del “colectivo de personas por nacer”, en contra del Constitución, leyes nacionales y acordadas de la Corte. Allanan, sin embargo, la vía judicial para arremeter contra el derecho a la interrupción del embarazo. Comunicado conjunto.
Junto a siete organizaciones integrantes de la red INCLO nos presentamos como amicus curiae. Con argumentos de derechos humanos, mostramos que perseguir a las personas que deciden interrumpir un embarazo va en contra de su derecho a la salud y a la vida.
El fallo señala que el municipio debe brindar información completa, accesible y veraz. Es un antecedente valioso para dar seguimiento a la implementación de la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La investigación judicial, en la que está procesada una parte de la familia Sena vinculada al gobierno provincial, debe esclarecer lo ocurrido. En nuestro país cientos de mujeres están denunciadas como desaparecidas por sus familiares. Pero no existe un registro oficial y faltan agencias especializadas. Solo unos pocos casos logran ser visibilizados por el activismo. Muchas investigaciones quedan paralizadas o archivadas.
Celebramos los dos años de una de las conquistas más significativas para los derechos de las mujeres y todas las personas con capacidad gestante. Registramos muchos avances en la implementación de la ley 27.610, a pesar de que también hay obstáculos: desigualdad geográfica, falta de recursos e información. A dos años de la ley que conquistamos en la calle, no guardamos los pañuelos verdes hasta que el aborto sea un derecho para todes, en todo el país.
Enviamos una serie de preguntas al municipio de La Plata para que informe cómo garantiza el acceso al aborto. Las respuestas fueron parciales e incompletas. Una jueza ordenó al municipio a dar información completa, accesible y veraz.
Durante tres jornadas, el 14, 15 y 18 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 30, de la Justicia Nacional, juzgará a una mujer migrante venezolana. Nos presentamos como amicus la APP, la Cooperativa Esquina Libertad, FUNDEPS y el CELS. Entendemos que el sistema penal se basa en prejuicios sobre la maternidad a la hora de llevar adelante procesos de este tipo.
Es la médica residente del hospital Perón de Tartagal (Salta) que estaba imputada por aborto sin consentimiento y aborto sin causal. En realidad, la profesional garantizó la interrupción voluntaria del embarazo de una mujer que lo había solicitado en pleno ejercicio de su autonomía.
El ministro asumió compromisos que incluyen capacitaciones para el personal médico y administrativo de los centros de salud, la realización de campañas de información e implementar una política de fomento a la contratación de profesionales de la salud no objetores que garanticen derechos.
Las y los profesionales de la salud son una parte fundamental en la garantía del derecho a una vida saludable, digna y libre de violencias. El Poder Legislativo sancionó las leyes que dan amparo legal a esos derechos. Sin embargo, algunos sectores del Poder Judicial no respetan los derechos de la mitad de la población. Comunicado conjunto.
Desde Católicas por el Derecho a Decidir, Fundeps y el CELS acompañamos a Miranda, la médica que garantizó el acceso a un aborto legal, desde el primer momento de su imputación. La denuncia busca disciplinar a les profesionales de la salud que respetan la ley y obstaculizar los derechos de quienes necesitan servicios médicos públicos.
El juicio será en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro 7, de Lomas de Zamora. Desde el Frente Popular Dario Santillán y el CELS convocamos a acompañar el juicio y exigir su absolución.
Actuar de acuerdo a la Ley 27.610 no es un delito y por eso corresponde el inmediato sobreseimiento de Miranda. La persecución penal a una profesional de la salud que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo es alarmante, y tiene un impacto directo en la implementación de una política pública sobre un derecho humano fundamental.
La médica que hoy atraviesa un proceso penal es la única profesional que garantiza el derecho a una salud integral para las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar en la zona.
El acuerdo de solución amistosa alcanzado con el Estado nacional dispone una serie de compromisos que tienen como eje principal prevenir y erradicar la violencia por motivos de género.
Ante el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que pretende validar que “todo ciudadano” pueda pedir la suspensión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentamos un recurso ante el máximo tribunal.
Hoy una médica fue detenida por hacer con rigurosidad profesional su trabajo, escuchar y acompañar a una joven que solicitó una ILE. Es la única médica no objetora de Tartagal. Más tarde fue liberada. Quienes ponen obstáculos para acceder a los derechos surgidos de una sociedad democrática son quienes deben recibir las sanciones correspondientes. Comunicado conjunto.
La violencia política por motivos de género es una forma de amedrentar y condicionar la participación de las mujeres, trans y travestis en los debates públicos y en los espacios de toma de decisiones. Esperamos que desde la política y los medios de comunicación se actúe con responsabilidad, sin multiplicar esas expresiones de violencia política. Comunicado conjunto.
La normativa salvadoreña de penalización extrema a mujeres por abortar no deja ningún margen para el respeto a los derechos humanos, puesto que la persona gestante debe enfrentarse al dilema de morir o ser encarcelada.
El femicidio de Úrsula mostró la descoordinación entre agencias del Estado para abordar violencias machistas. Detrás de las responsabilidades compartidas encontramos destacadas las lógicas policiales de encubrimiento corporativo y la acción burocrática e indiferente del poder judicial. Una vez más: ni una menos.
Organizaciones de la sociedad civil exigimos, luego del fallo de una jueza de feria en Chaco, que se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de un derecho conquistado en un proceso democrático, tras un largo debate en el Congreso.
En diecisiete jurisdicciones del país podemos contar, entre 2012 y 2020, 1532 causas iniciadas por aborto y 37 posibles eventos obstétricos.
Organizaciones de la sociedad civil presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comentarios y recomendaciones sobre la aplicación de estándares con perspectiva de género para mujeres embarazadas o en posparto, mujeres trans privadas de la libertad y de niñes que viven con sus madres en centros de reclusión.
La objeción de conciencia es un derecho alcanzado por limitaciones. La regulación propuesta en el Proyecto de ley es menos estricta que la del Protocolo para la Atención de abortos legales. De prosperar el proyecto y finalmente convertirse en ley, será central que se den mayores definiciones en su reglamentación, para determinar su alcance y las condiciones para su ejercicio.
La amenaza penal impacta sobre todas las personas que interrumpen un embarazo. Pero sólo encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud. Comunicado conjunto sobre la necesidad de que el Congreso legalice la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde la asamblea de socies del CELS pedimos al Poder Ejecutivo que envíe al Congreso el proyecto que comprometió. Es ahora.
55 organizaciones transfeministas, de migrantes, de derechos humanos hacemos pública esta carta al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La espectacularización de la seguridad con imágenes que estigmatizan a colectivos de personas refuerza que se siga naturalizando la discriminación que, como decía la referenta travesti Lohana Berkins, cuando deja de ser una palabra, también mata.
La sentencia muestra desconocimiento del derecho argentino y las normas internacionales. Llevaremos estos planteos al ámbito judicial porque sentencias de este tipo son incompatibles con el respeto a los derechos humanos.
Compartimos el pedido de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario.
A pocos días del inicio del juicio oral, desde el CELS nos sumamos a la Campaña por la absolución de Luz Aimé. El proceso estuvo atravesado por prejuicios basados en su identidad travesti, que derivó en un cambio de carátula y en una hipótesis sobredimensionada que no se sostiene en los hechos. El accionar deficiente de la justicia termina con personas inocentes encarceladas, víctimas de delitos sin justicia y responsables impunes.
Los Estados tienen la obligación mínima de asegurar la disponibilidad y el acceso a los medicamentos incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Entre ellos: el misoprostol y la mifepristona.
Cuando Ivana buscó justicia por el ataque que sufrió, el Estado respondió con violencia institucional por razones de género. En la actualidad estamos en un proceso de negociación con el Estado nacional para llegar a una solución amistosa, que repare el daño. La hija de Ivana, Abril, tomó como propio el proceso iniciado por su madre.
El poder judicial tiene la obligación de investigar con perspectiva de género, pero no lo hizo para abordar la acusación que pesa sobre Morelia Carlos Colque. El CELS y el Frente Popular Darío Santillán acompañamos su defensa.
En los casos de abortos o de eventos obstétricos criminalizados nos encontramos con frecuencia con problemas en los procesos penales que suelen ser usados por el propio sistema penal para incriminar a personas: violación del secreto profesional, allanamientos ilegales, confesiones forzadas, falta de asesoramiento jurídico. Ante situaciones que se reiteran, decidimos contribuir al desarrollo de … Continued
Un patrón constante en los casos de criminalización de abortos es que muchos se originan a partir de la denuncia de profesionales de la salud que intervienen, quienes violan, de esa forma la garantía de confidencialidad de la que gozan las personas cuando buscan atención en salud. Las historias de Belén en Tucumán, Yamila en … Continued
La adhesión de la Ciudad al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo implica un avance y un gesto de madurez política. Sin embargo, una serie de resoluciones podrían suponer barreras de acceso a ese derecho.
Una ley sobre el ejercicio profesional de la obstetricia una deuda pendiente del sistema de salud con las personas con capacidad de gestar.
Desde 1921 el aborto es legal para ciertos casos en la Argentina. Sin embargo, es un derecho que históricamente enfrentó y enfrenta obstáculos basados en prejuicios y en la ausencia del Estado para limitarlos. Por esos motivos es necesaria una ley que sume un sistema de plazos al ya existente de causales. Desde agosto de … Continued
El colectivo travesti y trans vio agravado su acceso ya precario a la vivienda, el alimento, la salud y el trabajo, a partir de las medidas de prevención del Covid-19. Es necesaria una integralidad en las políticas públicas, con un rol estatal activo en la reparación de los derechos vulnerados durante años. Comunicado conjunto con el Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis.
Se cumple un nuevo aniversario del Ni Una Menos, una fecha que entró dentro del calendario de los feminismos y provocó un cambio tanto en la escena política como en los modos en que nos relacionamos. Del feminismo no hay vuelta atrás.
La Secretaría de Comercio adoptó un dictamen del gobierno anterior y archivó la denuncia que hicimos contra Laboratorios Beta por abuso de su posición dominante en la producción y comercialización de misoprostol. Apelamos la medida.
Este capítulo busca caracterizar el entramado político-discursivo que se ha desplegado en la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en torno a tres temas del activismo en derechos humanos: la igualdad de género y la no discriminación, los derechos de les migrantes y las políticas de seguridad.
Una medida cautelar impide la comercialización de “Misop 200” en farmacias. La ANMAT lo había autorizado el año pasado.
La derogación -más allá de las intenciones del gobierno- no afecta la vigencia del derecho a interrumpir un embarazo cuando la ley lo permite. El decreto de Cambiemos aduce la falta de consulta a otras secretarías del Estado. De esta forma ampara en una formalidad lo que es una abierta decisión política contra las mujeres, lesbianas, trans, niñas, y adolescentes.
El miércoles 11 por la mañana, autoridades de la provincia de Neuquén y representantes del CELS firmaron un acuerdo de solución amistosa por la denuncia que tramita ante la CIDH. El compromiso implica implementar políticas públicas para las víctimas de violencia por motivos de género.
El 8 de agosto de 2018, hace un año, comenzó una jornada de debate en el Senado de la Nación sobre la posibilidad de legalizar el aborto temprano en la Argentina. La votación terminó al día siguiente, con la negativa. La decisión repercutió en mortalidad materna por causas evitables y en la criminalización de la práctica. El Congreso tiene la oportunidad de revisar su posición.
La concentración será en el viernes 28 de junio, a las 17 hs, en Plaza de Mayo y desde allí marcharemos hacia el Congreso Nacional.
Las trabajadoras del CELS adherimos al Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries. La herramienta de la huelga permite mostrar desigualdades y violaciones a los derechos humanos por motivos de género, presentes en nuestra agenda de trabajo cotidiano.
El Sistema Provincial de Salud de Tucumán revictimizó y violó los derechos de una niña de once años al obstaculizar la interrupción legal del embarazo que cursaba. La falta de intervención del Estado nacional en este y en anteriores casos muestra su indiferencia ante los derechos de las niñas y adolescentes y la falta de políticas.
El CELS junto con ELA, Amnistía Internacional Argentina, Católicas por el derecho a decidir y Mujeres x Mujeres enviamos una carta dirigida a la gobernadora Vidal y al ministro de Salud provincial, Andrés Scarsi, sobre la publicación del director de Salud de Magdalena, que promovía la contratación de “personal médico pro-vida”, opuesto al acceso al aborto legal.