La criminalización del aborto condena a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar a que realicen la práctica en la clandestinidad, estén o no sus embarazos dentro de los permitidos por la ley. En el caso de Ramona, un juzgado de instrucción de Ushuaia la mantuvo imputada por años, en una investigación que terminó declarada nula.
Ayer Gastón Chillier expuso en el plenario de comisiones que deben tratar los ocho proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo que tienen estado parlamentario. Fue en apoyo al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En marzo de 2017 se cumplieron cinco años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN o la Corte) en el caso conocido como “F., A. L.” y puso fin a las controversias sobre la interpretación del art. 86, inc. 2 del Código Penal referido a la causal de violación.
Si bien la forma más segura para realizar un aborto en las primeras semanas es con medicamentos, en la Argentina se sigue restringiendo el acceso al misoprostol, considerado una “medicina esencial” para la Organización Mundial de la Salud.
Ivana Rosales falleció ayer. Hace doce años iniciamos un camino ante la CIDH por la justicia que le habían negado en Neuquén. Fue Ivana la que nos orientó a lo largo de estos años, porque vio que su caso señalaba un grave problema de violencia institucional afirmada en la violencia de género.
A pesar de que los lineamientos del fallo “F.,A.L.” son claros, el aborto legal continúa siendo inaccesible en la Argentina. Por ese motivo presentamos hace tres años una acción colectiva contra el Ministerio de Salud de la Nación para que asegure el acceso a la interrupción de los embarazos, de acuerdo con los casos admitidos en el artículo 86 del Código Penal.
Como aporte al 8M, día en el que paran las mujeres de decenas de países, adelantamos el capítulo “Acceso desigualitario al aborto legal y criminalización selectiva”, de nuestro próximo Informe anual.
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolverá la apelación presentada por la abogada de Belén. Las organizaciones que nos presentamos como amicus curiae ante el tribunal consideramos que ella debe ser absuelta y su condena, anulada.
Esta publicación propone diez argumentos por los cuales legalizar el aborto temprano en la Argentina y en otros países. El material se puede descargar en español y en inglés.
Hoy solicitamos a la ANMAT que modifique una disposición sobre las condiciones de expendio de los medicamentos que contienen misoprostol y que establezca un mecanismo adecuado para asegurar el acceso a este medicamento.
En el día de ayer, la Corte Suprema tucumana dispuso la liberación de Belén. Sin embargo, luego de 24 horas de la medida, continúa detenida.
Las once organizaciones que se presentan como amicus curiae pidiendo #LibertadparaBelén realizaron una conferencia de ante la Corte Suprema de Tucumán.
Diez organizaciones comprometidas con los derechos humanos nos presentamos como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que debe resolver la apelación presentada por la abogada de Belén, Soledad Deza, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir.
Esta investigación analiza desde una perspectiva de derechos humanos las capacidades institucionales de tres programas de salud sexual y reproductiva: el programa nacional y los de las provincias de Buenos Aires y Chubut. Se consideró lo realizado hasta 2014 y las proyecciones para 2015.
La Cámara de Apelaciones revocó el fallo que establecía la inconstitucionalidad de la Resolución del Gobierno de la Ciudad sobre acceso a abortos no punibles que ponía en vigencia un protocolo restrictivo.
Amnistía Internacional Argentina, Católicas por el Derechos a Decidir, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presentan la campaña enemos Derechos. Estrategias para el aborto legal en la Argentina.
Un grupo de organizaciones de derechos humanos presentamos un pedido de acceso a la información pública dirigido al titular del Ministerio de Salud de Mendoza, Sr. Oscar Enrique Renna.
En la Argentina cada 32 horas se comete un femicidio. Las víctimas de violencia de género deben tener asistencia, participación y acompañamiento en las distintas etapas de los procesos judiciales.
El documento presenta los argumentos que justifican la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto temprano y regular de manera positiva las técnicas de reproducción humana asistida sin que ello implique vulnerar la protección que el derecho internacional de los derechos humanos brinda a la vida en formación.
Organizaciones de la sociedad civil presentamos un conjunto de acciones legales en el fuero federal y en seis jurisdicciones provinciales para que se garantice el acceso al aborto legal en caso de violación o cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer.
El CELS expuso hoy en la audiencia pública “Derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
El CELS, ADC, ELA y REDI presentaron una acción judicial contra el protocolo de aborto no punible implementado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por considerar que sus disposiciones restrictivas son violatorias de los derechos humanos.
Este capítulo expone las causas que demuestran la necesidad de garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para mejorar la realización y el goce de los derechos humanos de las mujeres y promover una sociedad democrática, justa y equitativa.
El CELS acompaña el exhorto de la Corte Suprema a las autoridades de los poderes ejecutivos nacional y provinciales a que implementen y hagan operativos servicios integrales de atención, aplicando normas como protocolos hospitalarios que atiendan los casos de abortos no punibles y a los operadores judiciales que deben funcionar como facilitadores de derechos y no como una instancia para negarlos.
Otro caso de aborto en la provincia de Entre Ríos se ha judicializado ante el pedido de una interrupción de embarazo permitida por el artículo 86 de nuestro Código Penal desde 1922.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) envió a la Cámara de Diputados de la Nación una carta en la que cuestiona el artículo 23 del proyecto de Ley de Fertilización Asistida.
El sistema de salud volvió a fallar en contra del derecho al aborto no punible previsto en nuestro Código Penal- a una niña de 14 años víctima de violación por parte de una persona de su familia, en la provincia de Misiones..
En este capítulo se afirma la necesidad de despenalizar el aborto y se identifica el debate cultural y legal que debe enfrentarse para revertir la grave situación de vulneración de derechos de las mujeres en el país. También se denuncian los femicidios producidos por parejas o ex parejas, la violencia institucional sufrida por mujeres presas y el flagelo de la trata de mujeres con fines sexuales.
El documento fue redactado con el objetivo de informar al Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés) de Naciones Unidas sobre las asignaturas pendientes del Estado argentino en la materia.
El objetivo de este análisis es aportar nuevos elementos de diagnóstico que sistematicen los datos disponibles sobre la situación de las mujeres en la Argentina y que permitan dar cuenta de los avances realizados así como de las omisiones del Estado frente a los compromisos asumidos, con el fin de orientar acciones para la promoción de sus derechos.
El CELS manifestó su apoyo a la sentencia dictada en el día de ayer, por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que autorizó a abortar a una adolescente de 15 años que había sido violada por su padrastro en la ciudad de Comodoro de Rivadavia.
En este artículo se revisa la situación de las garantías de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina a partir del análisis de una problemática en particular: el acceso al aborto no punible.
En este capítulo se analiza la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el país durante los años 2002 y 2003.
Este documento fue presentado como “Informe Alternativo” ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en octubre de 2000. Se rescatan algunos avances legislativos y se advierte sobre la urgencia de implementar programas de salud sexual y reproductiva que involucren necesariamente la responsabilidad de los varones.
Si se realiza un inventario de los actos de persecución, que incluya actos de violencia física, del que son objeto las mujeres y hombres homosexuales, y si se incluyen los derechos de los cuales son privados por su orientación sexual, podemos incluirlos con facilidad en una lectura de derechos derechos.
Los derechos reproductivos encontraron con distintos obstáculos de índole política, económica e ideológica que impidieron o dificultaron su acceso.
La situación de las personas gays y lesbianas en nuestro país ha mejorado considerablemente en los últimos años.