El gobierno presentó como una iniciativa sobre la soberanía de Malvinas un proyecto que en realidad rediseña áreas centrales del Estado. Crea un Consejo de Seguridad Nacional, una suerte de supraministerio, con amplias facultades para definir qué asuntos constituyen amenazas, además de decidir sobre el uso del instrumento militar y la inteligencia estratégica nacional. Esta amplitud puede llevar a actividades políticas, opositoras o críticas al terreno de la “seguridad nacional”, sin intervención ni control de otros poderes del Estado.