La maternidad clandestina en la ESMA (parte I)

En la causa “ESMA Unificada” se está juzgando a los responsables del secuestro y desaparición de numerosas embarazadas que dieron a luz en la maternidad clandestina que funcionó en ese centro clandestino de detención. Durante noviembre declararon Victoria Donda, Alejandro Pedro Sandoval, Florencia Laura Reinhold Siver y Ezequiel Rochistein Tauro, todos ellos nacidos durante el cautiverio de sus madres, quienes continúan desaparecidas.

foto1En el segundo tramo del juicio “ESMA”, cuya sentencia se conoció en octubre de 2011, se acreditó la existencia de una maternidad que funcionó en el centro clandestino durante la última dictadura militar, conocida como “la Sardá”. El objetivo era garantizar que las mujeres cautivas que estaban embarazadas dieran a luz a sus hijos, los que serían luego entregados a terceros –generalmente familias de los represores o vinculadas a ellos-, sustituyendo así sus verdaderas identidades.

La “pieza de las embarazadas”, como se denominó al espacio donde tenían lugar los partos, estaba ubicada en el tercer piso del Casino de Oficiales. La ESMA contaba con un equipo de médicos y personal de enfermería que practicaba controles ginecológicos a las secuestradas para asegurar que los embarazos llegaran a término y atendían los partos. Algunos de los médicos que participaron de la maternidad clandestina fueron Jorge Luis Magnacco, Carlos Octavio Capdevilla y Rogelio José Martínez Pizarro.

Antes de la separación definitiva de sus madres, se confeccionaban ajuares destinados a la entrega de los bebés y les hacían escribir cartas que serían entregadas junto con los niños a sus familias de origen. Sin embargo, el destino de los bebés sería distinto al anunciado: trascurridos pocos días del parto, las madres eran generalmente “trasladadas” (eufemismo utilizado para referirse al asesinato) y los recién nacidos eran entregados a personas extrañas a sus familiares.

Hasta el momento, 109 de los aproximadamente 500 nietos apropiados han recuperado su identidad gracias a la incansable labor de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que integra la querella encabezada por el CELS en la causa. Cientos de familias aún hoy desconocen el destino de sus hijos, nietos, sobrinos o hermanos nacidos en cautiverio.

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“Yo primero no me quería hacer el ADN”

María Hilda Pérez de Donda, apodada “Cori”, era militante de la Juventud Peronista y de la organización Montoneros. El 28 de marzo de 1977, cuando cursaba el quinto mes de embarazo, fue secuestrada por personal de la Fuerza Aérea que la llevó primero a la comisaría de Castelar y luego a la ESMA, lugar en el que entre los meses de julio y agosto de ese año dio a luz a Victoria Donda Pérez. Aproximadamente quince días más tarde, María Hilda fue “trasladada” por personal de la Aeronáutica y tres días después fue liberada su hija.

Victoria, nacida en la “pieza de las embarazadas” y anotada como hija biológica por Juan Antonio Azic y Noemí Esther Abrego con el nombre de Claudia Analía Leonora Azic, recuperó su verdadera identidad en 2004, cuando supo que era hija de María Hilda Pérez y de José María Laureano Donda, también desaparecido.

El teniente de navío Adolfo Miguel Donda, tío de Victoria, prestó funciones en la ESMA y, luego de haber sido identificado por numerosos sobrevivientes, se encuentra cumpliendo condena por estos hechos y está siendo juzgado actualmente por otros.

En la audiencia del 4 de noviembre, Victoria contó que otra secuestrada, Lidia Vieyra, le dijo que había colaborado en el trabajo de parto, que no tardó en nacer aunque gritó mucho y que permaneció unos tres días junto a su madre. Con los materiales que les habían proporcionado para el parto, le cosieron una de las orejas con hilo azul para poder identificarla. También supo que su madre la amamantó hasta que Héctor Febres le pidió que escribiera unas cartas que supuestamente entregarían a su abuela y le trajo ropa que habían comprado para vestirla.

Victoria relató su reacción al conocer los hechos y explicó: “Yo primero no me quería hacer el ADN, todavía no estaba la ley [26.549 de 2009]. O sí, me lo quería hacer, pero era difícil decidirlo. Por eso me parece muy buena la ley, porque somos víctimas”. Y agregó: “Empecé a investigar, ver libros de Abuelas y ver caras de las embarazadas, y cuando vi la foto de mi mamá me di cuenta de que era parecida”. Finalmente, luego de practicarse dos análisis de ADN, el 8 octubre de 2004 obtuvo el resultado, aunque nunca pudo conocer su fecha de nacimiento.

foto3Victoria Donda. Foto: Guadalupe Aizaga  (La Nación)

“Agradezco poder usar la palabra por aquellos que no tuvieron la posibilidad de defenderse”

Otro de los casos que se está juzgando es el secuestro y desaparición de Susana Beatriz Siver de Reinhold, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y del Centro de Estudiantes de Derecho. “Susanita”, como la llamaban,  fue secuestrada el 14 de agosto de 1977 en la localidad de Haedo, cuando cursaba su cuarto mes de embarazo. Ese mismo día fue también secuestrado su esposo, Marcelo Carlos Reinhold.

Susana llegó a la ESMA el 17 de octubre de ese año y alrededor del 16 de enero de 1978 fue trasladada al Hospital Naval de Buenos Aires, donde dio a luz una niña a la que llamó Laura. Luego del parto, Siver fue nuevamente llevada a la ESMA, donde permaneció unos diez o quince días con su hija, pudo amamantarla y  escribir una carta a los abuelos de la niña unas horas antes de ser “trasladada”. Sin embargo, esa misma noche, la beba fue retirada del centro por Carlos Galián, conocido como “Pedro Bolita”, actualmente condenado e imputado también por nuevos hechos en este tramo de la causa. Susana aún permanece desaparecida.

El 7 de noviembre declaró la hija del matrimonio Siver-Reinhold, quien recién en 2011 pudo conocer su verdadera identidad. Florencia Laura Reinhold Siver contó que accedió voluntariamente a realizarse el análisis de ADN y lo que averiguó de sus padres es producto de la reconstrucción que ha efectuado a través de gente que los conoció. Ambos estudiaban abogacía y se conocieron en la facultad, luego de un tiempo su mamá quedó embarazada y “fueron vistos en la ESMA, donde yo nací por cesárea; en realidad nací en el Hospital Naval y de ahí fui trasladada de nuevo a la ESMA con mi mamá, donde estuve 20 días aproximadamente”, describió Florencia. Sabe también que nació el 15 de enero, aunque fue inscripta el 7 de febrero. “Mi mamá  me llamó Laura, me decía ‘Lauchita’”, aclaró, y explicó luego que alguien la entregó a una familia.

Cuando el Tribunal le preguntó si deseaba expresar algo más, fue contundente: “agradezco poder dar mi testimonio por aquellos que no están hoy presentes y poder usar la palabra por aquellos que no tuvieron la posibilidad de defenderse”.

foto4La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto,  junto a Adriana Reinhold, tía de Florencia, sosteniendo la fotografía de su hermana y su cuñado desaparecidos. Foto: Télam

El caso Fontana-Sandoval

La noche del 1 de julio de 1977, Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián Sandoval fueron secuestrados y llevados al centro clandestino de detención “Club Atlético”. Liliana tenía entonces 20 años y se encontraba embarazada de dos meses y medio. El 26 de diciembre de ese año fue llevada a la ESMA, donde nació Pedro Sandoval Fontana quien, (apropiado por el Gendarme Víctor Rei, actualmente condenado por estos hechos), recuperó su identidad en julio de 2006. Liliana y Pedro continúan desaparecidos.

En la audiencia del pasado 28 de noviembre, Pedro dio su testimonio:

Por 2 meses aproximadamente [luego de la condena a su apropiador en 2009] tuve relación con mi apropiadora, porque quería saber realmente mi origen […] Dice que me trajo un 4 de abril de 1978, le pregunté por mi mamá y me dijo ‘vos sabes lo que pasa con ellos’, me enojé y me fui, me quedó la tranquilidad de saber que desde que nací hasta el 4 de abril estuve en los brazos de mi mamá, habré nacido entre el 27 y 28 de diciembre de 1977 […] A veces uno se aferra a mentiras para creer en algo hermoso en ese mundo de locura, entonces me aferré a eso para creer que pasé ese tiempo con mi mamá, pero sólo estas personas que están siendo juzgadas van a poder decirme la verdad.

Recordó también que a través de los compañeros de su padre supo que él tocaba la guitarra y durante su cautiverio en “El Atlético” le gustaba cantarle a su mamá dos canciones como código para avisarle cuando se iba y cuando volvía de las sesiones de tortura: “Mujer niña y amiga” y “Lunita Tucumana”. Por último declaró: “saber que estuvieron juntos esos meses te da un poco de alegría”.

foto5Izquierda: Alejandro Pedro Sandoval (foto: Rafael Yohai) Derecha: Liliana Clelia Fontana y Pedro Fabián Sandoval

El nieto número 102: Ezequiel Rochistein Tauro

También durante el mes de noviembre brindó su testimonio Ezequiel Rochistein Tauro, el nieto número 102 en recuperar su identidad. Ezequiel es hijo de María Graciela Tauro, quien dio a luz en la ESMA entre los meses de septiembre y octubre de 1977, y Jorge Daniel Rochistein, dos militantes de la organización Montoneros que al día de la fecha permanecen desaparecidos.

El 4 de noviembre Ezequiel declaró ante el Tribunal: “Sé quién soy a partir de abril 2010” y agregó: “Estoy tratando de reconstruir mi historia. No sé si mi vieja me puso realmente Ezequiel cuando nací”.

Sin embargo, a través de Juan Gasparini (sobreviviente del centro clandestino) supo que su madre estuvo secuestrada en la ESMA, donde él nació y que ella quería que Gasparini fuera su padrino. Una vez liberado, le dijo a su abuela (la mamá de María Graciela Tauro) que Ezequiel había nacido y estaba vivo.

Finalmente, contó su inicial resistencia a practicarse los análisis de ADN y concluyó su testimonio dirigiendo unas palabras a los imputados: “Si alguien sabe cuándo nací y cuál era mi nombre, les agradezco que me lo digan”.

foto6Ezequiel Rochistein Tauro con su nuevo DNI. Foto: Diario Registrado

“Durante años fui hermano de mi padre e hijo de mi abuelo”

En la audiencia del pasado 7 de noviembre brindó testimonio Norberto Carlos Berner por el secuestro y desaparición de su padre Ernesto Eduardo, en la causa ESMA Unificada que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención.

Ernesto Eduardo Berner, alias “Popo” o “Mariano”, fue secuestrado el 11 de enero de 1977 cuando tenía tan sólo 22 años. En la audiencia, Norberto contó que su padre nació en Castelar, donde transcurrió su infancia, siempre signada por un fuerte compromiso social, el cual reafirmó al comenzar sus estudios de abogacía en la Universidad de Buenos Aires en 1972. En ese contexto, Ernesto se acercó a la Juventud Universitaria Peronista (JUP) donde militó activamente hasta 1976, cuando se incorporó a la estructura de finanzas de la organización Montoneros.

ErnestoBerner

Ernesto Eduardo Berner

En esos años conoció a Isabel Teresa Cerutti, la mamá de Norberto, con quien comenzó a convivir. El 10 de enero de 1977 fue la última vez que sus padres se vieron, durante el festejo de cumpleaños de Isabel, quien estaba embarazada. Al día siguiente Ernesto fue secuestrado.

La reconstrucción de los hechos

Norberto explicó que logró reconstruir paulatinamente su historia personal y los hechos posteriores al secuestro de su padre a partir de distintos relatos y colaboraciones. Entre ellos, los dichos de Miguel Ángel Lauletta, ex detenido-desaparecido en la ESMA; los comentarios de su madre; las numerosas gestiones realizadas ante organismos de derechos humanos; los aportes del Equipo Argentino de Antropología Forense, en particular por la permanente colaboración de Carlos “Maco” Somigliana; y la sentencia de la causa seguida en España contra Adolfo Francisco Scilingo, donde se probó el secuestro y cautiverio de Ernesto en la ESMA.

Por medio de estas fuentes pudo conocer que el secuestro se produjo en una “cita cantada” en el barrio de Almagro o de Flores, en el contexto de numerosas “caídas” sucesivas de integrantes de la estructura de finanzas de Montoneros. Luego su padre permaneció en cautiverio en la ESMA por un breve período de tiempo y habría sido asesinado en un “vuelo de la muerte”.

A partir de la desaparición de Ernesto, sus compañeros de militancia Lucila Révora y Enrique De Pedro (alias “Quique”) asumieron el cuidado de su madre embarazada, hasta la muerte de “Quique”. Al narrar estos hechos, Norberto resaltó su profundo agradecimiento a ambos.

Luego de permanecer algún tiempo más al cuidado de otros compañeros, Isabel comenzó a vivir en la casa de sus padres, donde también se encontraba su hermano, Juan Carlos Cerruti. Por cuestiones de seguridad, Norberto explicó que su nacimiento tuvo lugar en el domicilio particular de un médico, en el barrio de Parque Chas y agregó: “Yo nací el 23 de agosto de 1977, así que nunca conocí a mi padre fuera de la panza de mi vieja”.

El secuestro de Isabel y Norberto

Isabel intentó mantener el contacto con la familia paterna de su hijo. En julio de 1978, en una de las visitas a la abuela Rebeca Celina Benfield, quien había sido chupada días antes por una patota del centro clandestino conocido como “Atlético-Banco-Olimpo (ABO)”, Isabel y Norberto, con tan sólo 11 meses de edad, fueron secuestrados y trasladados a “Banco”. Norberto permaneció en el centro clandestino por un día, mientras que su abuela y su madre siguieron cautivas hasta enero de 1979.

Norberto fue llevado a la casa de sus abuelos maternos. Sin embargo detalló que el grupo de tareas que lo secuestró junto a su madre y días antes a su abuela, actuaba en el mismo centro clandestino en el que terminaron sus días los padres de Claudia Poblete, apropiada por el Teniente Coronel (r) Ceferino Landa, unos meses antes. Al respecto, reflexionó: “son las dudas que le deben quedar a todos los sobrevivientes, ‘por qué no a mí’”.

Con excepción de dos visitas que los represores le permitieron hacer a Isabel, en un contexto “amenazante”, recién pudo reencontrarse con su madre al cumplir los 17 meses. “En esos años mi abuela Teresa ponía la foto de mi viejo y de mi vieja para que yo los viera y los saludara”, narró conmovido.

Su infancia 

Durante sus primeros años de vida, Norberto fue inscripto legalmente con el apellido de su madre a la espera de conocer el destino de Ernesto, y con esa identidad comenzó el jardín de infantes. Sin embargo, su maestra lo llamaba por sus dos nombres para evitar que se acostumbrara a escuchar un apellido distinto al de su padre.

Mientras cursaba la escuela primaria, y luego de un arduo debate, su abuelo decidió reconocerlo como hijo propio para que pudiera llevar el apellido de su padre: “durante años fui hermano de mi padre e hijo de mi abuelo”, explicó Norberto.
Pero el derrotero no terminó allí. Una vez recuperada la democracia, su madre realizó incontables gestiones para conocer el destino de Ernesto. Por su parte, Norberto se incorporó a la organización H.I.J.O.S. como un signo de resistencia contra la impunidad y para “romper ese cerco de que esto era algo que me había pasado a mi solo”, explicó. En este contexto surgió la necesidad de recuperar su identidad legalmente, para lo cual inició “una tarea titánica desde lo humano, lo personal y lo familiar, para conseguir hacernos el ADN”.

En 1999 se realizaron los análisis correspondientes en el Banco Nacional de Datos Genéticos y en 2001 recibió el resultado. Finalmente, en septiembre de 2003 obtuvo la sentencia que determinó que efectivamente es hijo de Ernesto Eduardo Berner. “El Estado represor me obligó a hacerle un juicio de filiación a mi padre y a mi abuelo para recuperar mi identidad”, concluyó.

Javier Mignone declaró por el secuestro de su hermana Mónica

En la audiencia del lunes 30 de septiembre en la causa ESMA Unificada (ESMA III), declararon Javier Mignone, hermano de Mónica e hijo de Emilio, uno de los fundadores del CELS, y Rodolfo Ojea Quintana, por la desaparición de su hermano y su cuñada. Es la primera vez que se juzga la responsabilidad de los represores por los hechos que tuvieron por víctima a Mónica Mignone y algunos integrantes del Movimiento Villero Peronista (MVP), su grupo de militancia, en ese centro clandestino.

Monica Mignone                                                        Mónica Mignone

Javier, que en aquel momento tenía 19 años, presenció el operativo que tuvo lugar en el departamento de la familia Mignone el 14 de mayo de 1976. El grupo de tareas estuvo allí durante 30 minutos aproximadamente, hasta que se llevaron a Mónica. Javier recordó que apenas se retiraron él fue hasta el balcón del departamento que quedaba en el tercer piso, sobre la avenida Santa Fe, y desde allí logró ver al menos dos autos:

“Eran Falcon, tirando a oscuro. Veo que la introducen a Mónica al auto, en el asiento de atrás, con dos individuos, uno a cada lado de ella. Había otro vehículo que salió también y después se fueron rápidamente.”

Las gestiones nacionales e internacionales en la búsqueda

La familia realizó numerosas gestiones para ubicar a Mónica, pero nunca pudieron encontrarla. Unos años después obtuvieron información sobre los vuelos de la muerte. Javier agregó:

“Suponemos que Mónica y sus compañeros terminaron en el Océano Atlántico. Nunca tuvimos evidencia de los cuerpos. De hecho, unos años después, mis padres fueron a una playa de la costa atlántica porque habían aparecido unos cadáveres, a ver si era Mónica o sus compañeros. Y aparecieron cadáveres de personas que habían sido detenidos-desaparecidos.”

Pocos días después del secuestro casi simultáneo del grupo de los siete jóvenes al que pertenecía Mónica, otras personas que también realizaban trabajo social en la villa del Bajo Flores fueron detenidas en un nuevo operativo. “Estos hechos permitieron ver la magnitud de lo que estaba sucediendo; había un plan sistemático, aunque en esa instancia aún no era tan claro”, comentó Javier.

Grupo

Emilio Mignone había trabajado durante 5 años en los Estados Unidos y se puso en contacto con algunos conocidos para iniciar denuncias internacionales. Logró obtener apoyo desde Washington por parte de la organización WOLA (Washington Office on Latin America). A nivel local, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que también integraba Emilio, recopiló unos 4000 casos inicialmente. Esa información permitió una articulación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual realizó una visita al país “recién en 1979”, aclaró Javier. Y luego agregó: “mucha de la documentación de la Comisión es gracias a lo que se aporta desde la APDH y otras entidades después. En muchas de ellas estuvieron mis padres muy vinculados, como a Madres de Plaza de Mayo. Mi madre, Chela Mignone, era una madre fundadora”.

Poco tiempo después se creó el CELS, para poder trabajar en concreto con ciertas denuncias y empiezan a prepararse casos para llevar ante la justicia. Además de sus fundadores Augusto Conte, José Westerkamp, Boris Pasik, Alfredo Galleti, Carmen Aguiar de Lapacó, Emilio y Chela Mignone, luego empezaron a participar abogados jóvenes, como Luis Zamora y Marcelo Parrilli.

Por el trabajo y las gestiones para documentar y buscar a los familiares detenidos-desaparecidos sufrieron numerosas intimidaciones. Javier recordó que había mucho temor y presumían que tenían la el teléfono “pinchado”.

Luego de la publicación del documento “Paralelismo Global”, en el que se explica el funcionamiento del sistema represivo, fueron allanadas las oficinas del CELS y detuvieron a la mayoría de sus miembros, entre ellos Emilio Mignone y Marcelo Parrilli. Poco tiempo después, Javier recordó otra amenaza “alrededor de esa época voy a sacar el auto y el freno se hunde. Lo habían cortado y habían puesto arena en el tanque de nafta. En otra oportunidad, el auto estaba a una cuadra del departamento de policía. Entro y veo el vidrio roto, habían revuelto la guantera. Otra intimidación.”

El Paralelismo Global (1981). Haga clic en la imagen para acceder al documento.

Fotoparalelismoglobal
Por último, Javier finalizó su testimonio con las siguientes palabras:

“Quiero agradecer al Estado argentino y al tribunal porque se está haciendo un proceso de justicia limpio. Y es triste que haya un grupo de imputados que actuaron con cobardía y siguen sin dar información de lo que hicieron con los detenidos-desaparecidos. Quiero rendir homenaje a Mónica, mi hermana, Mónica Quinteiros, María Esther Lorusso, Beatriz Carbonell, Horacio Perez Weiss y tantos miles de desaparecidos. Es importante que este tribunal esté dando defensa a los imputados. Ellos no dieron defensa a los detenidos-desaparecidos.”

La inspección ocular en la Iglesia Santa Cruz

El martes 17 de septiembre, el Tribunal Oral Federal nº 5, a cargo de la causa ESMA Unificada, realizó una inspección ocular en la Iglesia Santa Cruz, ubicada en la calle Estados Unidos 3150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ocurrió el secuestro de un grupo de familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura.

Si bien los crímenes cometidos contra el denominado “grupo de la Santa Cruz” ya fueron juzgados en la causa ESMA II, en este juicio se investiga la responsabilidad penal de otros acusados involucrados en los vuelos de la muerte. Por estos hechos están imputados los pilotos Mario Daniel Arru, Alejandro Domingo D’Agostino, Julio Alberto Poch, Enrique José de Saint Georges y Emir Sisul Hess; el entonces mecánico motorista de la Armada, Rubén Ricardo Ormello, y un civil, Gonzalo Torres de Tolosa.

IMG_2664bEntrada de la Iglesia donde fueron secuestradas las víctimas.
Foto: Mariela Baladron

El secuestro del grupo

En total fueron secuestradas 12 personas en 4 operativos consecutivos. El grupo de la Santa Cruz, integrado por familiares de detenidos desaparecidos que pertenecían al incipiente movimiento de derechos humanos, había sido infiltrado por Alfredo Astiz (alias Gustavo Niño), quien fue condenado a prisión perpetua en el juicio ESMA II. Todas las víctimas secuestradas en la Iglesia Santa Cruz fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fueron sometidas a torturas y condiciones inhumanas.

El 8 de diciembre de 1977, el grupo de tareas de la ESMA secuestró a 7 personas a la salida de la Iglesia, donde se habían reunido para organizar una colecta de dinero con el fin de publicar una solicitada en el diario La Nación con los nombres de sus familiares desaparecidos. Ese día se conmemoraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de María  o día de la Virgen en la Iglesia Santa Cruz, por lo tanto el secuestro ocurrió en un lugar muy concurrido y a la vista de numerosas personas. Ese día fueron secuestrados Esther Ballestrino de Careaga, María Eugenia Ponce de Bianco, Ángela Auad, Alice Domon, Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo.

IMG_2842bInterior de la Iglesia Santa Cruz, homenaje a las víctimas.
Foto: Mariela Baladron

Ese mismo día, el grupo de tareas también secuestró a Remo Berardo en su domicilio y atelier del barrio de La Boca, quien participaba de las reuniones en la Iglesia Santa Cruz. Por la tarde, secuestraron a Horacio Aníbal Elbert y José Julio Fondevila en el bar “Comet”, en la esquina de las avenidas Paseo Colón y Belgrano, cerca del periódico Buenos Aires Herald,  donde solían encontrarse algunos integrantes del grupo.

El plan de secuestro terminó el 10 de diciembre de 1977 con la captura de Azucena Villaflor de Vicenti y Léonie Duquet en sus domicilios, ya que no habían concurrido a ninguno de los lugares donde se ejecutaron los operativos previos.

19771210 SolicitadaLa solicitada fue publicada el 10 de diciembre de 1977 en el diario La Nación, fecha en la cual fue secuestrada la última de las personas de este grupo de 12 víctimas.
Fuente: Archivo institucional del CELS

La identificación de los cuerpos

El 21 de diciembre de 1977 cinco cadáveres fueron descubiertos en una playa de Santa Teresita. Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle, luego de que el mar las arrastrara hacia la costa de esa localidad en la Provincia de Buenos Aires. Los restos recién fueron identificados en 2005 y pertenecían a Ángela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga, Azucena Villaflor de Vicenti y Léonie Duquet, todas ellas integrantes del grupo de la Santa Cruz.

La identificación de estas víctimas completó la evidencia del siniestro circuito por el que pasaron algunos detenidos desaparecidos, desde su secuestro hasta los llamados “vuelos de la muerte”.

IMG_2733bLos restos de Ángela Auad, María Eugenia Ponce de Bianco, Esther Ballestrino de Careaga y Léonie Duquet están sepultados en la Iglesia Santa Cruz.
Foto: Mariela Baladron

Documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos

El documento desclasificado (0000A5AF) del 30 de marzo de 1978, reconoce que una fuente del gobierno argentino le informó a la embajada de los Estados Unidos que se habían encontrado siete cuerpos cerca de Mar del Plata. Dos de esos cuerpos pertenecerían a las monjas francesas y el resto correspondería a cinco personas también secuestradas entre el 8 y 10 de diciembre de 1977.

0000A5AFP10000A5AFP2Fuente: National Security Archive, Estados Unidos

Por otra parte, el documento desclasificado 0000A5E2, del 19 de diciembre de 1977 implica a la Armada en el secuestro de las madres y de las monjas francesas.

0000A5E2P10000A5E2P20000A5E2P3Fuente: National Security Archive, Estados Unidos

Si bien se ha confirmado en años recientes que las víctimas fueron arrojadas vivas al mar luego de una inyección de “pentotal”, el 15 de marzo de 1978, a sólo 3 meses del asesinato de las víctimas, los Estados Unidos ya habían recibido información de lo sucedido.

0000A50DP10000A50DP20000A50DP3Fuente: National Security Archive, Estados Unidos

Los secuestros de Mónica Mignone y María Esther Lorusso

Por primera vez desde la reapertura del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina, llegaron a juicio oral los casos de siete jóvenes que realizaban trabajo social en la villa del Bajo Flores: Mónica María Candelaria Mignone, María Marta Vázquez Ocampo,  César Lugones, Beatriz Carbonell, Horacio Pérez Weiss, Mónica Quinteiros y María Esther Lorusso Lämmle. Todos ellos fueron secuestrados casi en simultáneo el 14 de mayo de 1976. Mónica María Candelaria, integrante del grupo, era hija de Emilio Mignone, uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En la audiencia del lunes 5 de agosto, declararon Mercedes Mignone, hermana de Mónica, y Luis Lorusso Lämmle, hermano de María Esther, en la causa ESMA Unificada (ESMA III), que juzga los hechos de los que fueron víctimas. En su testimonio, Mercedes también relató los inicios de Madres de Plaza de Mayo y del CELS durante la última dictadura cívico militar.

FotoMyE                 Mónica Mignone (izquierda) y María Esther Lorusso (derecha)

Al comienzo de su declaración, Mercedes Mignone exhibió una foto en la que se encontraba su hermana Mónica con María Marta Vázquez Ocampo, César Lugones, Beatriz Carbonell, Horacio Pérez Weiss y Mónica Quinteiros. Todos eran amigos y tenían militancia social y política, como parte del movimiento villero peronista, en la villa del Bajo Flores. También exhibió una foto de María Esther Lorusso Lämmle que había realizado trabajo social con el grupo. Mónica Mignone, María Marta y María Esther habían sido alumnas del colegio Nuestra Señora de la Misericordia, mientras que Mónica Quinteiros había sido profesora de ellas en la misma institución cuando todavía era religiosa de esa orden.

GrupoEl 14 de mayo de 1976 los siete jóvenes fueron secuestrados en distintos operativos.  Mónica Mignone fue llevada de su domicilio, donde se encontraba con su familia. Su hermana Mercedes recordó en la audiencia:

“Esa mañana, a las 5, empezamos a escuchar el timbre, sonaba sin parar, y escuchamos golpes en la puerta. Mis padres se despertaron y fueron hacia la puerta (…) él preguntó qué pasaba y le dijeron que eran de las Fuerzas Armadas a los gritos, violentamente. Mi padre pidió ver una credencial y le mostraron una ametralladora.”

Mercedes relató que ingresaron cuatro personas armadas al departamento y un quinto se quedó en la entrada del edificio, al que irrumpieron luego de forzar la cerradura. También reconoció al jefe del operativo, a quien había visto días antes  cerca del domicilio de la familia y, posteriormente, pudo identificarlo como el imputado Antonio Pernías.

En un primer momento la familia pensó que el grupo de tareas tenía como objetivo secuestrar a Emilio Mignone, quien había sido rector de la Universidad de Luján y como abogado había intercedido por presos políticos. Pero ellos preguntaron por Mónica. Luego de registrar el departamento tomaron una agenda de ella y les dijeron que la llevaban para interrogarla sobre una amiga y que estaría de regreso en dos horas. Mercedes rememoró los últimos momentos con su hermana:

“Entramos al baño juntas, mientras ella se cambiaba. Nos miramos las dos, mirada profunda de pánico, que te queda para toda la vida (…) Nos saludamos con un beso. Ella siempre era cariñosa. Fue un beso muy dulce, pero se notaba que no se quería despedir.”

Nuevos secuestros en la villa del Bajo Flores

Pocos días después del secuestro de los siete jóvenes, otras personas que realizaban trabajo social en la villa del Bajo Flores fueron detenidas en un nuevo operativo.  Mercedes Mignone relató que su familia era amiga del padre Rodolfo Alfredo Ricciardelli, quien vivía en la villa, y les contó que el 23 de mayo,  nueve días después del secuestro de Mónica y el grupo,  se llevaron a los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics y a otros jóvenes que trabajaban con ellos. Luego de recibir esta información, Mercedes detalló las gestiones de la familia:

“Mi papá enseguida lo va a ver al sacerdote (Gabriel) Bossini, quien oficiaba la misa ese día. Le dice que los sacerdotes Jalics y Yorio están en la ESMA, entonces Bossini le lleva la comunión a ellos. Cuando liberan a Yorio, él cuenta que efectivamente recibió la comunión de parte del padre Bossini.”

Los sacerdotes fueron liberados seis meses después. Orlando Yorio contó que durante su cautiverio fue interrogado sobre Mónica Quinteros, María Marta Vásquez Ocampo y otra Mónica, que pensó que era Mónica Mignone. María Elena Funes, una de las catequistas secuestradas con Yorio y Jalics, declaró en una audiencia previa que le habían preguntado por Mónica Mignone y María Marta Vásquez mientras estuvo en la ESMA.

Las familias de Mónica Mignone y María Esther Lorusso Lämmle realizaron numerosas gestiones para encontrar el paradero de ambas.  Mercedes Mignone detalló algunas de las reuniones que realizaron tanto con los altos mandos de la Armada como con las autoridades eclesiásticas:

“Con (Emilio) Massera mi papá estuvo en tres oportunidades. Una de ellas creo que estuvo con mi mamá (Angélica Paula Sosa de Mignone) Massera le negó que los chicos estuvieran en la Armada. Pero que sí había presos en la ESMA. Mi papá supo también,  por un amigo de él, que Massera iba muy seguido a la ESMA a ver a los presos.”  

Emilio Mignone y José María Vázquez, padre de María Marta, también se entrevistaron con el almirante Oscar Montes, quién negó que los siete jóvenes estuvieran en la ESMA, pero admitió que los sacerdotes Jalics y Yorio estaban detenidos allí.  Otras gestiones incluyeron reuniones con integrantes del Ministerio del Interior y numerosas presentaciones de habeas corpus, sin ningún resultado positivo. En relación a otros intentos de obtener información sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos ante integrantes de la iglesia, Mercedes Mignone contó en su testimonio que su padre se contactó con los religiosos Juan Carlos Aramburu, Jorge Bergoglio y Pío Laghi; este último fue el único que mostró interés.

El surgimiento de Madres de Plaza de Mayo y del CELS

En la audiencia también se relataron los inicios de los organismos de derechos humanos que se crearon durante la última dictadura militar y continúan su trabajo hasta el presente. Las primeras reuniones tuvieron lugar en el departamento de Emilio Mignone y su esposa, donde recibían a familiares de detenidos desaparecidos. Mercedes declaró en la audiencia que su padre los orientaba y les informaba dónde hacer averiguaciones. Mostró una fotografía de una pintada intimidatoria que les hicieron en la puerta del edificio donde vivían y recordó que eran muy controlados y vigilados.

pintadamignoneMercedes también contó que su mamá comenzó a reunirse con otras madres de detenidos desaparecidos que luego formarían parte de Madres de Plaza de Mayo en 1977, con el impulso de Azucena Villaflor. Emilio les sugirió que formaran la organización y las asesoró al respecto. A su vez, las impulsó a que viajaran al exterior para dar a conocer la situación que se vivía en el país.

Por su parte, Emilio comenzó a formar parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) desde abril de 1976, poco antes de la desaparición de su hija Mónica. Luego, junto a otros abogados, decidieron fundar otra organización para investigar y llevar a juicio los casos. En la audiencia, Mercedes precisó:

“Ahí en el departamento se gesta lo que fue después, y existe actualmente, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Sus fundadores fueron Augusto Conte, José Westerkamp, Boris Pasik, Alfredo Galleti, Carmen Aguiar de Lapacó, mi papá y mi mamá. Cuando se gesta, más o menos coincide con la llegada  de la OEA (1979) y presentan el caso de Mónica.”

Tanto la APDH como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tenían registros donde los familiares hacían sus denuncias, lo que luego conformó un listado de detenidos desaparecidos. Hacia 1981, dos años después de la visita de la Comisión a la Argentina, Emilio Mignone y Augusto Conte presentaron un documento sobre la desaparición forzada en el país. Una vez que ese documento se hizo público, allanaron las oficinas del CELS y secuestraron a todos sus integrantes. Como resultado de la presión internacional por esas detenciones, fueron liberados.

A su vez, Luis Lorusso también relató las gestiones que realizaron a partir de la desaparición de su hermana María Esther, que incluyeron viajes a varios países, entre ellos Paraguay, donde figura entre las víctimas de los archivos del terror de ese país:

“Durante varios años, (estuvo) la presunción de que nuestra hermana podía estar vivía… Yo quiero expresar que hace 37 años que desapareció, la sigo buscando y la voy a seguir buscando.”

 

El Silencio terminó

Inspección ocular al centro clandestino del Delta

La isla fue propiedad del Arzobispado de Buenos Aires. En 1979 el grupo de tareas 3.3 la utilizó para ocultar a los detenidos-desaparecidos en la ESMA ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Más o menos a principio de septiembre nos llega la noticia de que íbamos a ser trasladados porque venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una noche nos cargan por tandas en dos camiones. Pensé que nos iban a pegar un tiro en la cabeza y a tirar al rio. Después de un trayecto muy duro, de tres o cuatro horas en una lancha chica, llegamos a la isla”. Así describió Víctor Basterra en su declaración ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 5 el primer viaje que realizó en 1979 a la isla El Silencio, el lugar en donde permaneció encerrado durante casi un mes en condiciones de detención deplorables.

BasterraFoto: Daiana Fusca. Victor Basterra durante la visita a El Silencio

Treinta y cuatro años después, Basterra recorrió ese mismo trayecto con el propósito de revelar la verdad sobre lo ocurrido. Junto a él se encontraban otros sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): Carlos Lorkipanidse, Enrique Fukman, Roberto Barreiro, Leonardo “Bichi” Martínez y Ángel Strazzeri. La existencia de la isla como centro clandestino de detención vinculado a la ESMA fue denunciada judicialmente en 1984. Sin embargo, recién en 2013 y gracias al impulso de las víctimas, se realizó la primera inspección ocular en el lugar, cuya ubicación no se hallaba corroborada judicialmente hasta entonces.
La visita se realizó a pedido de los sobrevivientes el pasado 13 de junio. En ella participaron, además de los testigos ya mencionados, representantes de las querellas –incluida la del CELS-, fiscales de la causa ESMA Unificada, periodistas y funcionarios del juzgado de instrucción a cargo de Sergio Torres. La inspección ocular tiene una gran importancia probatoria. No solo ratificó lo dicho por las víctimas respecto al trato cruel que recibieron durante su secuestro, sino que también fundamentó las denuncias sobre la complicidad de ciertos sectores de la iglesia católica con la dictadura.

sobrevivientesFoto: Daiana Fusca. Sobrevivientes durante el día de la inspección ocular en El Silencio

Las huellas

En 1979 la CIDH anunció su inminente visita a la Argentina. Para borrar cualquier rastro de las víctimas y de los centros clandestinos de detención en los que aún permanecían secuestradas, la Armada realizó modificaciones al casino de oficiales de la ESMA de tal modo que su estructura no coincidiera con la descripción de ese lugar que habían hecho algunos sobrevivientes ante distintos organismos de derechos humanos. Por otra parte, los marinos decidieron trasladar a los prisioneros a un lugar en donde no pudieran ser encontrados. Fue así como en los primeros días de septiembre de ese año, alrededor de 40 detenidos-desaparecidos fueron llevados por tandas, a golpes y de forma clandestina, a la isla El Silencio, ubicada en el Delta del Tigre.

Al llegar al lugar, los prisioneros que se encontraban en Capucha fueron recluidos en la parte inferior de una de las casas, un lugar en donde solo podían permanecer agachados, en medio del barro y  sin agua potable. Basterra describió: “El lugar era muy húmedo. Era una casa elevada y en la parte de abajo, donde estaban los pilotes, la habían segado con mampostería. Había una pequeña puerta y una ventana (…) No había agua potable. Una sola vez me llevaron a bañar. En algún momento hizo mucho calor y era insoportable. Entonces hubo algunos compañeros con descompostura, incluso una compañera se desmayó. Los guardias nos sacaron 15 o 20 minutos a cada prisionero para respirar un poco de aire. Era una experiencia muy difícil. Así fue durante un mes”.

capuchasFoto: Daiana Fusca. Parte baja de la casa donde estuvieron secuestrados los “Capuchas”

Al grupo de “destabicados” lo ubicaron en la casa grande y fueron usados como mano de obra esclava. Sus tareas consistían en cortar álamos y formia. Las mujeres –Thelma Jara de Cabezas y Blanca Alonso-  por su parte, fueron obligadas a cocinar para todo el grupo de personas, prisioneros y militares, que se encontraban en la isla. “Nos obligaban a cortar troncos.  Teníamos que trabajar en una zona pantanosa, que producía gases tóxicos”, recordó Lorkipanidse en su testimonio ante el Tribunal Oral Federal n° 5. Strazzeri, por su parte, dijo en su declaración: “Dormíamos en camas sobrepuestas. Éramos unos 20. Nuestra tarea era el trabajo esclavo. Cortar leña y cargar troncos grandes. Las mujeres creo que cocinaban. A 150 metros de nuestra casa estaba la gente de Capucha”.

Muchos episodios que los sobrevivientes logran rescatar de su memoria son muestra de la perversidad de los victimarios. Basterra contó que en una oportunidad los guardias que dormían en la parte de arriba de la casa estaban viendo la final del mundial juvenil de fútbol, mientras abajo los detenidos se asfixiaban  por el calor y la humedad. “Cuando Argentina ganó el partido, los guardias estuvieron saltando toda la noche y el polvo caía sobre nosotros. Era irrespirable”.

A pesar del abandono y del paso del tiempo, los sobrevivientes pudieron reconocer las dos casas en las que estuvieron prisioneros durante todo el mes de septiembre. Observaron que el pequeño muelle al que llegaron se encontraba destruido y encontraron también algunas pruebas de su paso por la isla: una enorme roca en la que afilaban los machetes para cortar los árboles, la cocina económica que utilizaron las mujeres y un buggy que era usado para vigilar el lugar.

muelleFoto: Daiana Fusca. Imagen del muelle durante la inspección ocular.

Carcelero o pastor

Una de las mayores revelaciones que surgen del traslado de los detenidos a la isla El Silencio tiene que ver con quién era hasta enero de 1979 su antiguo propietario: monseñor Emilio Grasselli. Desde 1955 Grasselli fue un estrecho colaborador del ex arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Antonio Caggiano, quien se caracterizó por su activismo a favor de la llamada “guerra contrarrevolucionaria”. Grasselli fue durante más de dos décadas su secretario familiar. A principios de los setenta lo nombraron secretario de la vicaría castrense. En ese lugar desempeñaría una misión por la que se haría tristemente célebre: atender a los familiares de las víctimas de la dictadura que acudían a la Iglesia en busca de información.

Grasselli conocía bien los crímenes que se cometían en la ESMA. Así lo reconoció en diversas oportunidades, incluso en un testimonio que brindó ante la Cámara Federal durante el Juicio a las Juntas. Tenía un estrecho vínculo con los integrantes del grupo de tareas de la ESMA hasta al punto de poder decir casi con certeza ante la consulta de un familiar si la víctima se encontraba viva o si había sido trasladada. También “colaboró” para que muchos detenidos fueran liberados y llevados al exterior. Su conocimiento excedía la simple intermediación; tal como lo explica Verbitsky en su libro El Silencio: Grasselli “se había mimetizado de tal modo con los integrantes de los grupos de tareas que debajo de la sotana calzaba un arma”.

Durante muchos años, El Silencio fue propiedad de Antonio Arbelaiz, administrador de la curia de Buenos Aires. La isla funcionó como sitio de excursión para sacerdotes y seminaristas de la Arquidiócesis de la Capital. En ese lugar fue visto en distintas oportunidades el arzobispo Juan Carlos Aramburu. En 1975, Grasselli compró la propiedad en asociación con tres personas más. Cuando fue cuestionado sobre la venta, redujo su propia participación en la operación a la de un mero gestor de buenos oficios. Sin embargo, las pruebas documentales que constan en el expediente iniciado en 1984 muestran, por el contrario, que formó parte de la sociedad compradora.

En 1979, Grasselli le vendió la isla al grupo de tareas 3.3.2. En la escritura figura como comprador Marcelo Camilo Hernández, un ex detenido-desaparecido que había sido liberado en enero de ese año. Tanto Grasselli como sus socios alegaron en instancias judiciales que en nombre de Hernández realizó la operación “un señor Ríos”, es decir, Jorge Radice, el responsable de los negocios inmobiliarios de la ESMA.
En una oportunidad, Verbitsky le preguntó a Grasselli si sabía que en la isla fueron llevados prisioneros de la ESMA a lo que él respondió: “No creo que sea posible, porque eran pisos de madera elevados. La casa era chiquita, muy incómoda, cómo van a tener gente ahí, que se puede escapar cualquiera. Además, no hay ninguna garantía de seguridad, ¿cómo los custodian? Y frente a la casa pasa la lancha colectiva, está muy a la vista”. Sobre eso concluyó Verbitsky: “Parece la reflexión de un carcelero, no la de un pastor”.


Los delitos de violencia sexual cometidos en la ESMA

En las últimas audiencias del juicio  ESMA III declararon sobrevivientes sobre los delitos de violencia de género de los que fueron víctimas las personas secuestradas en ese centro clandestino.

“Las torturas al principio aparentemente eran seguidas, supongo que sería a diario […] eran de noche, después fueron más espaciadas. Son imposibles de describir. […] esto era espantosamente humillante. También las violaciones eran humillantes: ellos me pusieron en una cama limpia, me esposaron a la cama y cuando les quedaba cómodo me violaban”

“Me salve de una violación porque estaba indispuesta, se burlaban y me obligaban a masturbarme con un palo de goma”

“Cuando me pasaron al camarote del frente, donde estaba Inés Cobos, ella me contó que había sido abusada reiteradamente por Acosta. Pernías intentó aproximarse y yo pude pararlo. Hasta que una noche me bajan, es la primera vez que veo la oficina de Acosta. Estaba con una remera náutica y una luz baja, no se le veía bien la cara. Me ofreció un pedazo de torta que en ese entonces era algo raro. Mañana te voy a sacar, me dijo. Yo entendía a qué se refería. Al día siguiente me lleva al departamento de Olleros y Libertador. Iba con una valijita de cuero repujado donde lleva las sábanas. […] Me llevó dos veces, creo. Cuando volvía nuevamente para la ESMA volvían también los grilletes, las esposas, el tabique y el balde para hacer las necesidades […]”

Los delitos de violencia sexual son crímenes de lesa humanidad

Las violaciones sexuales, los abusos y vejaciones fueron perpetrados en forma sistemática, tal como el resto de los delitos que están siendo investigados (tortura o privación ilegítima de la liberad, entre otros) y configuraron una práctica extendida y diferenciada. El juzgamiento autónomo de estos delitos en los últimos años representa un avance fundamental al reconocer que la violencia sexual en los centros clandestinos formó parte del plan general de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las personas y, por lo tanto, no se trató de situaciones aisladas. De esta forma se entiende que los delitos de violación sexual perpetrados son crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles. Este reconocimiento deviene del desarrollo de conceptos y estándares de tribunales internacionales en justicia de género, como los Tribunales Internacionales Penales para Ruanda (TPIR) y Yugoslavia (TPIY); el Tribunal Especial para Sierra Leona; las Salas Especiales de los tribunales de Camboya y la Corte Penal Internacional (CPI), que en sus estatutos incluyeron la violación sexual como crimen de lesa humanidad. Por su parte, también el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, ha establecido una definición de violación estipulada como crimen de lesa humanidad.

La violencia sexual fue invisibilizada en los testimonios de la década de 1980 en la Argentina, ya que el relato se construyó en torno a la búsqueda de prueba a través del reconocimiento e identificación de personas que continúan desaparecidas por parte de los sobrevivientes con los que compartieron cautiverio. Así pues, si bien técnicamente la posibilidad de juzgamiento de los delitos de violencia de género continuó vigente en épocas de impunidad, recién en los Juicios por la Verdad, iniciados a mediados de la década de 1990, las declaraciones de los sobrevivientes hicieron foco en el caso propio y empezaron a exponer con mayor frecuencia las violaciones y abusos sexuales.

Obstáculos a la judicialización

La judicialización de la violencia sexual perpetrada en el marco del plan clandestino de represión encuentra muchos y variados obstáculos. Los mismos van desde cuestiones que son comunes a la investigación de delitos contra la integridad sexual cometidos en la actualidad – el carácter sexista y discriminatorio en términos de género que el poder judicial reproduce y la falta de sensibilización por parte de los operadores del sistema– hasta cuestiones particulares vinculadas a la prueba, al carácter de delito de lesa humanidad y a la concepción que se adopte respecto a la autoría y la participación criminal.

Sin dudas la principal dificultad es la negativa de los jueces de instrucción a imputar penalmente a los señalados como responsables por delitos de violación sexual  y la falta de sensibilización de los operadores judiciales respecto a estos temas. Si la experiencia demuestra que resulta complejo para cualquier persona relatar los abusos y violaciones sexuales a los que fue sometida, sin dudas aumenta esa dificultad el hecho de que los funcionarios se muestran muchas veces renuentes a escuchar este tipo de relatos y no generan el marco adecuado para que las víctimas puedan expresarse. En el caso de estos delitos cometidos dentro de un centro clandestino de detención, en general al prestar declaración testimonial no se les pregunta particularmente si fueron víctimas de violencia sexual durante su detención y sí se les consulta respecto de otros delitos (robos, torturas, ingresos violentos a sus domicilios, etc.)

Avances y perspectivas

En los últimos años han aumentado los testimonios en los que los sobrevivientes denuncian la violencia sexual padecida en los centros clandestinos. Esto se ha visto reflejado en sentencias y resoluciones de distintas partes del país:  la condena a Gregorio Molina en Mar del Plata como autor directo de violaciones sexuales en 2010; el procesamiento de Jorge Rafael Videla –ya fallecido- y de otros 9 imputados como partícipes necesarios de crímenes sexuales en el marco del Operativo Independencia. En este caso hay dos aspectos a resaltar: se trata de hechos anteriores a 1976 y perpetrados tanto en el centro clandestino de detención como en las casas de los pobladores de la zona, en donde las mujeres fueron sometidas a modalidades de esclavitud y servidumbre sexual. Otros ejemplos son la condena en 2012 de Musa Azar y otros tres imputados como autores mediatos de los delitos de abuso deshonesto y violación sexual; el juicio Megacausa Jefatura II y Arsenales II, actualmente en curso en la provincia de Tucumán, en el que se encuentran procesados los jefes militares Ernesto Alais, Luis Orlando Varela y Adolfo Ernesto Moore, como autores mediatos de los delitos de violación sexual y abuso deshonesto de seis víctimas.