Condenaron a prisión perpetua a tres ex marinos

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó hoy a prisión perpetua a los ex marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino por su participación en la Masacre de Trelew. Los jueces consideraron que los hechos ocurridos en agosto de 1972 constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. Por otra parte, el tribunal absolvió a quien fuera jefe de la Base Almirante Zar al momento de los hechos, Rubén Norberto Paccagnini, y al juez militar designado para realizar la investigación, Jorge Bautista.

El tribunal -integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Juan Leopoldo Velázquez y Nora Monella- también ordenó que se solicite la extradición de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y está acusado de haber sido uno de los autores de la masacre. Sin embargo, no se pronunció sobre el pedido de investigación de la responsabilidad penal del médico Lisandro Iván Lois en relación con la falsedad de sus reportes médicos, solicitada por la querella por considerar que podría ser autor del delito de encubrimiento.

En el fallo, los jueces afirmaron que “los sucesos de Trelew fueron dados en un marco de ataque generalizado y sistemático” y concluyeron: “El hecho ocurrido en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972, dentro de ese plan de lucha antisubversiva, no se agotó allí ni fue un suceso aislado, sino que por el contrario venía precedido de otros y también otros lo continuarían como se ha referenciado, sin soslayar por supuesto toda la etapa posterior que vendría después”.

Los alegatos de las defensas, réplicas y dúplicas

Durante dos días, las defensas de los imputados en la causa presentaron los alegatos. El primero en alegar fue Gerardo Ibañez, abogado de Jorge Bautista, quien señaló que su defendido actuó de buena fe y que desde el principio admitió que la versión de la fuga era disparatada, como también lo es que haya habido una orden de fusilamiento. Dijo que los tres sobrevivientes siempre pudieron hablar sobre lo ocurrido, incluso frente a su defendido, y que él hizo lo que estuvo al alcance para llegar a la verdad.

Sergio Oribornes, defensor de Luis Sosa y Emilio Del Real, advirtió por su parte que el juicio nunca se debió realizar porque los imputados ya fueron juzgados y amnistiados por Cámpora. El abogado también afirmó que los delitos están prescriptos ya que no se dieron en un contexto de plan sistemático de exterminio y que por lo tanto no serían de lesa humanidad. Señaló que la actuación de Sosa fue imprudente y desatinada, que no hubo una intención de generar esa “balacera” incontrolable, la cual fue producto más bien del nerviosismo de la guardia.

Los defensores Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre, representantes de Paccagnini, aseguraron que hubo tres sobrevivientes gracias a las gestiones de su cliente y que aún si hubiera habido una orden de Lanusse de fusilar a los detenidos, no se pudo comprobar en el juicio que esta haya sido transmitida al entonces jefe de la base. Los abogados dijeron además que quien tuvo protagonismo en el tratamiento a los detenidos y en la explicación posterior sobre lo ocurrido fue el capitán Sosa.

Por último la defensa del cabo Carlos Marandino pidió la nulidad del juicio ya que consideró que su defendido careció de asistencia técnica durante la primera etapa de la instrucción. Marcos González se adhirió a lo dicho por las otras defensas respecto a que no se comprobó que la masacre se hubiera producido en un contexto de represión sistemática y que por lo tanto no constituye un crimen de lesa humanidad.

Todas las defensas pidieron la absolución de sus defendidos. En la misma audiencia de hoy, por presiones del tribunal, se realizaron las réplicas y las dúplicas. Quedó fijado para el 10 de octubre que los imputados dijeran sus últimas palabras y se prevé que el veredicto se lea el 15 de octubre.

El alegato de la fiscalía

La fiscalía presentó sus alegatos en dos jornadas que tuvieron una suspensión de cinco días de por medio. Quien inició con el relato de los hechos fue el fiscal Gelvez, quien consideró probado que la orden de matar a los presos políticos alojados en la base llegó desde las más altas esferas del gobierno de facto y que el jefe de la base, Paccagnini formó parte de ese plan.

En la jornada siguiente fiscal Horacio Arranz repasó las circunstancias en que se produjeron los hechos destacando que los detenidos se encontraban en una situación de indefensión ya que estaban desarmados y en un ambiente estrecho. Señaló que se dispararon por lo menos dos cargadores de ametralladora, cada uno con 32 balas.

Por su parte el fiscal Dante Vega hizo una exposición pormenorizada de todos los elementos que dan cuenta del carácter de lesa humanidad de los delitos juzgados. Argumentó que para 1972 existía una fuerte legislación represiva, que la tortura había sido institucionalizada y que ya se venían produciendo las primeras desapariciones.

Vega aseguró que el plan represivo para exterminar opositores o “disidentes” ya estaba esbozado y que lo que ocurrió a partir e 1976 fue su masificación. Por último, concluyó diciendo que la masacre tuvo como fin amedrentar y escarmentar a la sociedad civil.

El alegato de la fiscalía finalizó con un pedido de prisión perpetua para Sosa, Paccagnini, Del Real y Marandino y de dos años para Bautista, por encubrimiento.

Alegato de la Secretaría de Derechos Humanos

La Secretaría de Derechos Humanos presentó sus alegatos ante el tribunal. La querella recalcó el carácter imprescriptible de los hechos ocurridos el 22 de agosto y pidió la prisión perpetua de cuatro de los acusados por los 16 homicidios y las tres tentativas. También pidió, al igual que la querella de los familiares, la investigación del médico de la base Lisandro Lois y la extradición de Roberto Guillermo Bravo.

Además hizo dos pedidos adicionales: que se investigue al oficial Jorge Barreto quien al parecer mintió en su declaración y que se realicen exámenes periódicos al almirante Horacio Mayorga, quien estuvo ausente del juicio por razones de salud.

La SDH le imputó a Paccagnini el hecho de haber transmitió la orden de fusilar a los 19 militantes políticos. Además aseguró que el jefe de la base no dispuso el traslado inmediato de los seis heridos a un hospital y que eso provocó la muerte de uno de ellos. El tercero, Bonet, fue rematado con un tiro de gracia.

El Cels pidió perpetua para cuatro marinos acusados por la masacre de Trelew

El CELS culminó su alegato en la ciudad de Rawson en el juicio oral y público por la Masacre de Trelew con el pedido de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para los ex marinos Rubén Norberto Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. Por su parte, para Jorge Bautista se solicitó la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, de acuerdo a la ley vigente al momento de los hechos. Asimismo, se requirió que se investigue la responsabilidad penal del médico Lisandro Iván Lois en relación con la falsedad de sus reportes médicos, ya que podría ser autor del delito de encubrimiento, y la deportación de Roberto Guillermo Bravo, quien reside en los Estados Unidos y pesa sobre él la acusación de haber sido uno de los autores de la masacre.

En el alegato se señaló que “la Masacre de Trelew no fue un hecho aislado, producto de decisiones circunstanciales o de algún descontrol ocasional. Por el contrario, se produce en un marco de pleno desarrollo de un plan general de ataque a un grupo de la población civil, definido en forma genérica como ‘comunistas’, ‘subversivos’, ‘terroristas’, etc”. Y agrega: “de tal suerte, para el momento en que se producen los hechos de la causa, que configuran el delito de homicidio y de tortura, se encontraba en curso ya una persecución contra una parte de la población civil que por su magnitud, características y sistematicidad, debe ser considerada como suficiente a los fines de tener por acreditado el contexto requerido para la existencia de crímenes de lesa humanidad”.

En la primera parte del alegato se expuso el contexto represivo en el que se produjo la masacre. Los abogados del CELS relataron como desde 1966 se empezó a adoptar una legislación y reglamentación represiva que sería empleada posteriormente durante la dictadura de 1976. Ya para ese entonces se habían puesto en marcha todos los dispositivos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Se describió, también, la labor de la Cámara Federal en lo Penal como fuero antisubversivo encargado de darle un halo de legalidad a las detenciones masivas de presos políticos y sociales que se producían en el marco de un ambiente de creciente movilización social.

Posteriormente se hizo una descripción de los hechos investigados, comenzando por la fuga de la cárcel de Rawson, la toma del aeropuerto y el envío posterior de 19 detenidos a la Base Almirante Zar. Se relató cómo la mañana del 22 de agosto esas 19 personas fueron despertadas, se les ordenó formar frente a las celdas donde se encontraban y luego fueron fusiladas. Los abogados del CELS presentaron un examen detallado de la prueba documental y testimonial que da cuenta de que los 19 detenidos recibieron tiros de gracia y que de los seis sobrevivientes que hubo, dos murieron en la base por falta de atención médica y uno fue ultimado 9 horas después. Por último, la querella mencionó todos los hechos represivos vinculados con la masacre y que incluyen familias diezmadas, abogados asesinados y tres sobrevivientes desaparecidos.

Durante el día 18 y 19 la otra querella conformada por Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hará sus alegatos y el 20 y 21 será el turno de la fiscalía.

La voz de los sobrevivientes

La etapa probatoria del juicio culminó hoy con la voz de los tres sobrevivientes de la masacre. El audio fue aportado por Jorge Kuschnir, quien trabaja con el director de cine Fernando Pino Solanas en una película sobre los hechos de Trelew. Entre junio y julio de 1972, Kuschnir se reunió con Maria Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar en el estudio de Pino. Ahí realizaron una serie de entrevistas que hoy fueron escuchadas por todos los asistentes a la audiencia. En ese audio, los sobrevivientes narran la masacre con los mismos detalles y la misma lucidez de declaraciones anteriores realizadas por ellos en distintos ámbitos.

El segundo testigo de la jornada fue el periodista del diario Clarín Armando Vidal, quien fue enviado especial a Trelew para que informara sobre la fuga. El 16 de agosto de 1972 se encontró con los periodistas locales Héctor Castro y Adolfo Samyn, con el corresponsal de AP Horacio Finoli y con un fotógrafo.

Todo el grupo fue en auto hasta la cárcel de Rawson y estacionaron cerca del lugar para tomar algunas fotografías. De repente unos guardias empezaron a disparar desde el penal. En su huída los periodistas también recibieron disparos de parte de dos policías que se encontraban apostados en la zona. Uno de esos disparos atravesó en la cintura a Horacio Finoli.

Después de dejar al herido en el hospital, Samyn, Castro y Vidal buscaron al general Betti, comandante de la zona de emergencia, para reclamarle por su seguridad. “Le preguntamos si existían garantías para nuestro trabajo. El General Betti respondió que no. Yo le dije que si acaso esto era Vietnam y el General Betti respondió que sí”, contó Vidal.

La ciencia vs. La versión oficial

En la jornada de hoy el doctor en física Rodolfo Pregliasco presentó a los resultados del peritaje que realizó en la zona de los calabozos en la Base Almirante Zar. Hubo dos conclusiones importantes que se sustraen del examen.

En primer lugar, la pared del fondo del pasillo que separaba las dos filas de calabozos fue reparada en una fecha cercana a 1972. Esa reparación se hizo solo en una parte del muro que va desde los hombros hacia abajo, lo que coincidiría con la zona donde habrían impactado las ráfagas de ametralladora.

Sobre el orificio que se encuentra en una de las puertas exteriores y que según los autores de la masacre corresponde al disparo que habría efectuado Pujadas al quitarle el arma al capitán Sosa, el perito señaló que no se puede determinar la fecha en que ese disparo fue realizado y que además la zona en donde este se habría ejecutado está muy alejada de la zona en donde se encontraba Pujadas.

Ambas conclusiones le restan aún mayor credibilidad a la versión oficial de los hechos y además demuestran la intención de la armada por ocultar la verdad de lo ocurrido el 22 de agosto. Posteriormente se hizo una visita a la base en donde el perito les pudo explicar a los asistentes las dimensiones y características de la zona de calabozos, ya que ese lugar fue modificado.

Un testigo “sublevado” de la Armada II

Julio César Urien declaró el día de hoy. Urien contó al tribunal que ingresó a la Armada en 1968 y que a partir de 1969 –fecha en que se produce el Cordobazo- empezaron a darse cambios en la formación de los marinos. “Se nos pasó la película la Batalla de Argelia, donde se ve cómo el ejército torturaba a los argelinos para obtener información”, contó el testigo.

La instrucción en la lucha contra el “enemigo interno” incluyó cursos de comando donde se dividían a los suboficiales en dos grupos, uno de prisioneros y otro de militares. Los que hacían de militares torturaban a los prisioneros para comprobar hasta qué punto podían resistir sin hablar. También realizaron ejercicios de allanamientos en Puerto Madryn.

Urien contó la impresión que le generó la versión oficial de la masacre de Trelew que le fue leída por un superior. “La impresión nuestra era que había sido un asesinato”, señaló. Posteriormente Urien fue enviado con el resto de la compañía en la que estaba a la ESMA. En noviembre de 1972 se forma desde esa compañía el primer grupo de tareas destinado al secuestro de civiles para posteriormente ser llevados a esa escuela.

“Nosotros nos sentíamos en la obligación de revertir esa situación, queríamos demostrar que había otra armada”, dijo Urien. Para hacerlo, el testigo lideró una sublevación que incluyó a otros oficiales y suboficiales. Los marinos sublevados fueron enviados a Consejos de Guerra y luego fueron encarcelados en distintos lugares del país. “Al día siguiente que gana Campora, me llama un capitán –recordó Urien-. Me preguntó si queríamos hacer la revolución y luego me dijo que la Armada estaba dispuesta a matar un millón de personas pero que la revolución no se iba a hacer”.

El testigo mencionó a los marinos que fueron víctimas de la represión del 76. Mario Galli, quien fue secuestrado con su esposa y su hija, Juan Domingo Tejerina y otro cabo de apellido Lebrón. Urien fue amnistiado con la asunción de Cámpora pero luego fue detenido en 1975 y durante ocho años estuvo pero en distintas cárceles del país.

Después de la declaración de Urien se proyectó un video de una entrevista que la documentalista Mariana Arruti le hizo a Daniel Carreras, quien se refirió a situaciones que no pudo relatar durante el testimonio que dio en instrucción.

Carreras, quien fue el periodista con quien los 19 detenidos hablaron en el aeropuerto, contó que en su casa tenía en un cuadro de terciopelo y abrochada con una chapa de bronce la púa que Mariano Pujadas le regaló luego de la entrevista del 15 de agosto de 1972. Cuando un grupo de tareas allanó su casa encontró ese cuadro y 17 fotografías más de la toma del aeropuerto. Carreras fue secuestrado y permaneció desaparecido durante 23 días.

“Estuve 17 días esposado, tabicado con rollo de papel en los oídos y cinta ancha en la cabeza y me dieron picana de las 10 de la noche a las 8 de la mañana. Baje 17 kilos –contó Carreras-. Pensaban que era un dirigente destacado de las organizaciones”.

Un testigo “sublevado” de la Armada I

El guardiamarina Ricardo Hirsch estaba destinado en el Batallón de Comunicaciones de la base naval de Puerto Belgrano en 1972, cuando participó en la sublevación de marinos que estaban en contra de los planes represivos que ya se habían puesto en marcha en esa época.

“Fui preparado para defender los intereses del país contra un ataque exterior, pero ese objetivo fue cambiado por uno que no nos representaba; nosotros no nos íbamos a involucrar en hechos que no fueran operaciones legales”, dijo el testigo.

Luego de la sublevación, él y otros integrantes de la Armada pasaron a disposición de la justicia militar. Estuvieron presos desde el 17 de noviembre hasta que salió la ley de amnistía, en mayo de 1973.

Si bien Hirsch era testigo de la defensa y el propósito de su intervención era demostrar que había marinos que habían sido beneficiados con la ley de amnistía, el testigo se separó del grupo que ejecutó la masacre con un razonamiento muy concreto y acertado: “nosotros éramos perseguidos políticos por el régimen militar de ese momento”.

Hirsch denunció que entre agosto y noviembre se hicieron ejercicios de allanamientos en Puerto Madryn con el fin de buscar militantes políticos y que esos ejercicios iban encaminados hacia una escalada aún mayor de la represión, que incluía persecuciones, arrestos y desapariciones. “Se empezaron a formar grupos de tareas cuyo fin era iniciar ataques contra los trabajadores que luchaban por sus derechos –dijo el testigo-. Los militantes y los trabajadores eran el enemigo”.

Un poco de historia

El día de hoy dio su declaración Vera Carnovale, historiadora e investigadora del Conicet, quien ha trabajado sobre la violencia política del periodo 66-73. “La dictadura que comenzó Onganía fue un régimen particularmente represivo –dijo Vera- . Fue, además, la primera dictadura que no se planteó un plazo delimitado para permanecer en el poder”.

La historiadora señaló otros elementos característicos de ese periodo: el rol de defensa interna que se atribuyó a las fuerzas armadas, la legislación fuertemente represiva, el autoritarismo, el rechazo a la protesta social. Todo esto se condensó en una serie de sublevaciones que alcanzó como ejemplo paradigmático el Cordobazo.

“Al calor de esa protesta social surgen diversas organizaciones revolucionarias”, señaló la testigo. Como respuesta a ese fenómeno, la dictadura creo en 1971 la Cámara Federal en lo Penal, más conocida como Camarón, que fue impugnada desde el inicio por los abogados de presos políticos. “Era un tribunal ad hoc de única instancia”.

La legislación represiva viene acompañada por un uso cada vez más institucional de la tortura a presos políticos. La picana eléctrica, que ya se empleaba con cierta irregularidad contra los detenidos regulares, se fue incorporando masivamente en los interrogatorios realizados a los perseguidos políticos.

También se empezaron a producir las primeras desapariciones. Dijo la historiadora que entre 1970 y 1973 se contaron entre 10 y 12 desapariciones que, a diferencia de lo que ocurriría posteriormente en la dictadura de 1976, no eran ejecutadas premeditadamente sino que eran fruto de la tortura. Se eliminaba la evidencia de la muerte de los detenidos.

Vera considera que la Masacre de Trelew y la represión que se produjo durante los velatorios de las víctimas trajeron como primera consecuencia una fuerte indignación pública. “Luego de este acontecimiento mucha gente se incorporó a la militancia política revolucionaria”, dijo la historiadora.

A continuación dio su testimonio Horacio Ballester, quien habló sobre la doctrina de seguridad nacional que fue la base de la organización y acción militar de toda Latinoamérica a partir de la Segunda Guerra Mundial.

“La junta interamericana de defensa, con sede en Washington empieza a hacer recomendaciones que en realidad son órdenes. Nos señalaron quién es nuestro enemigo”, dijo Ballester.

En 1951, Estados Unidos dicta la Ley de ayuda mutua que le permite a ese país mediante actos bilaterales prestar armamento a las fuerzas militares de los países de América Latina. Esos préstamos implican aceptar la presencia de jefes militares estadounidenses en los cuarteles nacionales.

“A fines de los 60 se adopta la doctrina militar francesa de lucha contrainsurgente. La propia junta interamericana de defensa se recomendó su adopción”, señaló el testigo. En esa doctrina, la definición del enemigo subversivo era determinante. “A fines de la década de los 60 ya estaba todo listo: los reglamentos desarrollados, los cursos realizados. En ese momento comenzó la aplicación práctica”.

Esa aplicación práctica se materializó en torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias. El que se opusiera a ello era juzgado, tal como le ocurrió al testigo, quien fue enviado al consejo de guerra por sublevarse durante la dictadura de Lanusse.