La Secretaría de Comercio adoptó un dictamen del gobierno anterior y archivó la denuncia que hicimos contra Laboratorios Beta por abuso de su posición dominante en la producción y comercialización de misoprostol. Apelamos la medida.
Este capítulo busca caracterizar el entramado político-discursivo que se ha desplegado en la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en torno a tres temas del activismo en derechos humanos: la igualdad de género y la no discriminación, los derechos de les migrantes y las políticas de seguridad.
Una medida cautelar impide la comercialización de “Misop 200” en farmacias. La ANMAT lo había autorizado el año pasado.
La derogación -más allá de las intenciones del gobierno- no afecta la vigencia del derecho a interrumpir un embarazo cuando la ley lo permite. El decreto de Cambiemos aduce la falta de consulta a otras secretarías del Estado. De esta forma ampara en una formalidad lo que es una abierta decisión política contra las mujeres, lesbianas, trans, niñas, y adolescentes.
El miércoles 11 por la mañana, autoridades de la provincia de Neuquén y representantes del CELS firmaron un acuerdo de solución amistosa por la denuncia que tramita ante la CIDH. El compromiso implica implementar políticas públicas para las víctimas de violencia por motivos de género.
El 8 de agosto de 2018, hace un año, comenzó una jornada de debate en el Senado de la Nación sobre la posibilidad de legalizar el aborto temprano en la Argentina. La votación terminó al día siguiente, con la negativa. La decisión repercutió en mortalidad materna por causas evitables y en la criminalización de la práctica. El Congreso tiene la oportunidad de revisar su posición.
La concentración será en el viernes 28 de junio, a las 17 hs, en Plaza de Mayo y desde allí marcharemos hacia el Congreso Nacional.
Las trabajadoras del CELS adherimos al Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries. La herramienta de la huelga permite mostrar desigualdades y violaciones a los derechos humanos por motivos de género, presentes en nuestra agenda de trabajo cotidiano.
El Sistema Provincial de Salud de Tucumán revictimizó y violó los derechos de una niña de once años al obstaculizar la interrupción legal del embarazo que cursaba. La falta de intervención del Estado nacional en este y en anteriores casos muestra su indiferencia ante los derechos de las niñas y adolescentes y la falta de políticas.
El CELS junto con ELA, Amnistía Internacional Argentina, Católicas por el derecho a decidir y Mujeres x Mujeres enviamos una carta dirigida a la gobernadora Vidal y al ministro de Salud provincial, Andrés Scarsi, sobre la publicación del director de Salud de Magdalena, que promovía la contratación de “personal médico pro-vida”, opuesto al acceso al aborto legal.
El grupo autodenominado “Rafaelinos por la vida” presentó un proyecto de ordenanza para impedir que las mujeres puedan acceder a un aborto legal en Rafaela, provincia de Santa Fe. El proyecto será tratado esta noche en el Concejo Municipal. Las organizaciones de derechos humanos y defensa de los derechos y la salud de las mujeres, instamos al Concejo de Rafaela a honrar la Constitución y rechazar este proyecto.
Una medida que intentaba obstaculizar el derecho al acceso al aborto legal fue rechazada por la Justicia de Córdoba.
29 legisladores tucumanos presentaron un proyecto de ley para que en su provincia se creen barreras que obstaculicen el acceso a la interrupción legal del embarazo por las causales habilitadas desde 1921.
La ANMAT autorizó a través de la disposición 946-12/10/18 la venta bajo receta archivada del misoprostol en las farmacias del país. Se trata de un paso importantísimo para la salud de las mujeres y las gestantes.
Un conjunto de organizaciones solicitamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos que suspenda los artículos 95 y 96 del anteproyecto del Código Penal porque resultan regresivos para los derechos de las gestantes.
El protocolo dictado por Jorge Lemus para la atención en la Ciudad endurece el Código Penal al establecer requisitos que la ley no pide. El TSJ no falla sobre ese tema sino que dice que como no llegó ante sí el caso de una mujer en particular, no puede establecer cómo deben garantizarse derechos. Al hacer eso, rechaza también el carácter preventivo de los amparos. El gobierno porteño debe garantizar los servicios consagrados por la ley.
Ante su reciente designación como presidente de la Corte, organizaciones que trabajamos en la promoción de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la erradicación de las violencias por motivos de género, hicimos llegar nuestra valoración y apoyo a estas dos oficinas.
A pesar de que se garantizó el acceso a una interrupción legal del embarazo, la persona que solicitó la práctica fue expuesta a acciones para obstaculizarla. Los centros de salud deben tomar medidas institucionales para evitar que se violen los derechos de las pacientes.
El Comité DESC de la ONU en su última evaluación a la Argentina expresó su preocupación por el elevado porcentaje de mortalidad materna y el impacto del aborto inseguro. Hizo recomendaciones al Estado para garantizar el acceso a los abortos legales y asegurar el acceso a las prestaciones, suministros y tecnologías para disminuir los riesgos pre y post aborto. Presentamos este documento ante una nueva evaluación.
35 organizaciones publicamos una carta abierta para reclamar al Estado nacional y a la provincia de Neuquén el cumplimiento de su compromiso con Ivana Rosales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su hija continúa la demanda de justicia, a un año del fallecimiento de Ivana.
Desde 2016 el CELS, Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto y la Secretaría de Género de Nuevo Encuentro CABA impulsamos cambios en las normativas de la ANMAT para lograr el acceso a este medicamento esencial para la salud sexual y reproductiva.
Luego del rechazo del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, una mujer de 34 años murió luego de realizarse un aborto inseguro en la provincia de Buenos Aires.
La Cámara de Senadores decidió sostener la clandestinidad del aborto en la Argentina, luego de meses de movilizaciones sociales masivas.
Las pibas hablaron en el Congreso y reclamaron #AbortoLegalYa.
Convocamos a las y los senadores a votar a favor de los derechos y en contra de la clandestinidad, la criminalización y la muerte.
La objeción de conciencia implica que nadie obligue a actuar a otra persona en contra de sus convicciones y tiene un límite: si perjudica a otros. Las instituciones de salud no pueden invocar razones de conciencia para no prestar servicios porque carecen de convicciones íntimas y arraigadas.
Desde que comenzó el debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, distintas mujeres que defienden ese derecho sufrieron ataques de sectores conservadores.
El Congreso debate un proyecto de ley para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país.
Distintas organizaciones enviamos una carta a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, para solicitarle que se transmitan en vivo las sesiones del plenario de comisiones que deben dictaminar sobre el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y que se permita el acceso a los medios de comunicación, como una forma de garantizar la … Continued
La Argentina debe revisar la legislación que resulta discriminatoria, como la penalización del aborto y la falta de acceso a la salud de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. La Comisión también se puso a disposición de los Estados de la región para colaborar en la delimitación clara entre Estado laico y libertad religiosa.
Estudiantes de diversos colegios del país fueron sancionadas por utilizar el pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Centros de estudiantes y coordinadoras de estudiantes de todo el país solicitaron la intervención de las autoridades para frenar estos ataques a la libertad de expresión de la juventud.
El 14 de junio la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) finalizando un largo proceso democrático, deliberativo, informado y participativo. Distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, con experiencia en el campo de la salud y el género, realizamos un documento que aclara inexactitudes en las que se ha incurrido y aporta argumentos construidos desde nuestro trabajo.
Junto a un grupo de organizaciones exigimos a la vicepresidenta Gabriela Michetti un correcto tratamiento en el Senado del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Ante una serie de inexactitudes, distintas organizaciones aclaramos: es falso que se habilite el aborto en caso de “malformaciones”, no es cierto que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo la habilite después de la semana 14, el proyecto no modifica el proceso de interrupción del embarazo en caso de violación.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 19 organizaciones nos pronunciamos sobre el debate legislativo para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina.
Luego de la sanción en la Cámara de Diputados por 129 votos positivos, contra 125 negativos, llamamos a las y los senadores a votar a favor de los derechos humanos y en pos de terminar con la clandestinidad del aborto en la Argentina.
El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer instó al Estado argentino a que apruebe el proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Es el último en una serie de pronunciamientos de organismos de la ONU, fundamentados en los derechos humanos.
Distintas organizaciones presentamos una carta a los y las diputadas que deben votar el miércoles el proyecto de ley de legalización del aborto en la Argentina. Convertir el proyecto en ley significa adecuar nuestro marco jurídico a los compromisos internacionales asumidos por el país sobre los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
El pañuelo verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se convirtió en el uniforme de estudiantes de colegios secundarios. Las adolescentes formaron comisiones de género en cada Centro de Estudiantes y se coordinan para reclamar sus derechos.
La INCLO es una red de trece organizaciones nacionales de derechos humanos de diferentes países, que trabajan juntas para promover los derechos y las libertades fundamentales. Luego de celebrar en Irlanda la victoria por el referéndum sobre aborto, ahora llega el turno de la Argentina.
El reclamo por la interrupción voluntaria del embarazo está en la escena misma del comienzo de la democracia. Celebramos el debate en el Congreso para sacar los abortos de la persecución penal. Advertimos, sin embargo, que en las exposiciones que buscan mantener el encarcelamiento de las mujeres que abortan, se recurrió con frecuencia a argumentos que nada tienen que ver con el derecho, la ética o la religión.
El CELS participó de la última audiencia en el Congreso sobre el aborto legal. Edurne Cárdenas expuso sobre la necesidad de garantizar el acceso a este derecho.
Este documento reúne las herramientas legales, los antecedentes jurisprudenciales y los instrumentos internacionales que sostienen la necesidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Fue elaborado a partir de la experiencia de distintas organizaciones, con el objetivo de que sea tenido en cuenta en los debates legislativos.
Más de medio millón de mujeres se someten a abortos clandestinos cada año en la Argentina y más de tres mil mujeres han pagado con su vida por la criminalización del aborto desde 1983.
Las organizaciones solicitantes de la audiencia expondremos sobre la situación de las mujeres, personas trans, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, especialmente el acceso al aborto.
En este video te contamos la situación del Misoprostol en nuestro país.
¿Qué hace el Estado argentino para impedir que los actores privados pongan obstáculos en el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva? Lamentablemente, poco y nada. En esta nota de opinión se analizan las prácticas monopólicas del único laboratorio que produce y comercializa el misoprostol en el país.
La criminalización del aborto condena a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar a que realicen la práctica en la clandestinidad, estén o no sus embarazos dentro de los permitidos por la ley. En el caso de Ramona, un juzgado de instrucción de Ushuaia la mantuvo imputada por años, en una investigación que terminó declarada nula.
Ayer Gastón Chillier expuso en el plenario de comisiones que deben tratar los ocho proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo que tienen estado parlamentario. Fue en apoyo al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En marzo de 2017 se cumplieron cinco años de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN o la Corte) en el caso conocido como “F., A. L.” y puso fin a las controversias sobre la interpretación del art. 86, inc. 2 del Código Penal referido a la causal de violación.