El CELS junto a un grupo de organizaciones envió una carta al presidente de la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Ángel Gabriel Villegas, en la que manifiesta su preocupación ante el avance del enjuiciamiento al Juez de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari.
Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Mauricio Macri, en la que expresan su preocupación por la firma del Decreto 713/10, que derogó la normativa que regulaba el procedimiento para la propuesta de candidatos a jueces del Tribunal Superior de Justicia, Fiscal General, Defensor General y Asesor General Tutelar.
Este uso arbitrario del procedimiento de remoción de jueces por parte de autoridades de gobierno importa la voluntad de dar un mensaje social sobre el papel de los jueces y es también una acción dirigida a debilitar su independencia.
Organizaciones que trabajan en la promoción de reformas judiciales destacan avances pero también advierten sobre confusiones conceptuales y deficiencias de técnica legislativa en el dictamen de mayoría sobre la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.
El CELS y el Comité contra la Tortura de la CPM, expresaron, a través de una nota al presidente del Bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, su preocupación por el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
Organizaciones de la sociedad civil presentaron, ante la Cámara de Diputados, un documento con propuestas para la reforma del Consejo de la Magistratura.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) preocupado por la designación de Claudio Bonicatto como Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
El CELS, junto a otras organizaciones sociales, impugnaron a la candidata a jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, Daniela Ugolini, propuesta por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri.
El Centro de Estuidios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo para la Diversidad (COPADI) impugnaron la candidatura de Pedro Eugenio Simón, candidato al cargo de Fiscal Federal de la provincia de Santiago del Estero.
Para el CELS, la sentencia de la Corte Suprema, ratificó los aspectos principales sostenidos por el Tribunal Oral Federal Nº 3 en el año 2004 con respecto a la investigación y el encubrimiento por el atentado a la sede de la AMIA.
El CELS participó de una audiencia pública en el marco del proceso de selección de los candidatos y candidatas para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y sus adjuntías, y ratificó que el procedimiento no cumple con la finalidad de debate y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
La impugnación a la candidatura del juez federal salteño Abel Cornejo para el Superior Tribunal de la provincia se debe a que el magistrado no cumple con los requisitos que se requiere para ser designado en un cargo de esas características.
Este capítulo aborda el problema de la satisfacción de los derechos sociales, haciendo hincapié en el armado institucional que se requiere para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas que buscan protección judicial para este tipo de derechos.
En un Estado democrático de derecho, la actuación efectiva del Poder Judicial es esencial para el reconocimiento y tutela de los derechos de las personas.
ADC, ANDHES y el CELS solicitan al gobernador de Tucumán un procedimiento de selección de jueces transparente y abierto a la ciudadanía.
Las organizaciones impulsoras del Foro “Una Corte para la Democracia” realizaron el pedido a través de una carta que le enviaron al gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey.
Las ex juezas de la provincia de San Luis, Adriana Gallo y Ana María Careaga alegaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En este capítulo se analiza la situación de la justicia en las provincias de Misiones y Buenos Aires durante 2006.
Este capítulo analiza principalmente dos de los temas que tuvieron mayor relevancia en relación con la política judicial durante 2006: el proceso de transformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la reforma al Consejo de la Magistratura. Luego realiza un repaso por problemas que aún permanecen sin resolver en materia judicial.
La situación en torno a la independencia judicial es problemática en muchas provincias del país. En este capítulo se analizan en particular graves situaciones de dos de ellas: Neuquén y San Luis.
En este capítulo se analizan las transformaciones producidas durante el año en la Corte Suprema de Justicia y los debates que generaron, se evalúan sus principales líneas sentadas durante el año y se destacan algunas sentencias en temas vinculados con la protección de los derechos humanos y con un funcionamiento más racional y limitado del poder penal estatal.
Esta publicación del CELS propone entablar una discusión sobre la situación del Ministerio Público, que conduzca a definir con claridad sus capacidades de actuación, la asignación de las responsabilidades funcionales y políticas de cada uno de los integrantes -fundamentalmente de sus jefes- y en forma urgente, a establecer un sistema de controles internos y externos, hoy ausente.
En 2004, el sistema de justicia estuvo en el centro del debate público.
En este capítulo se da cuenta de dos temas: la reforma legal pendiente de las leyes nacionales y provinciales que no respetaran los estándares internacionales en materia de derechos humanos de la infancia y la aplicación para una parte de la población infantil (entre 16 y 18 años), del sistema penal de adultos.
Durante 2002 y 2003 la justicia estuvo en el centro de la discusión pública debido por un lado, a la intensificación de los reclamos sociales por una justicia independiente y creíble y, por otro, a que en este período se pusieron en marcha procedimientos de destitución y designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este documento fue publicado en enero de 2003, en momentos en que el país atravesaba una profunda crisis institucional y la Constitución y los procedimientos legales derivados de ella corrían serio riesgo de ser subestimados o socavados. El objetivo del texto fue contribuir con iniciativas de cambio específicas, que prioricen los procedimientos de remoción y designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Este análisis intenta aproximarse a los problemas sufridos por la Argentina desde el punto de vista de sus instituciones y examinar cuánto ayudaron estas instituciones a alentar o desincentivar la crisis finalmente desatada.
Por primera vez, se incluye en el informe anual sobre derechos humanos, un capítulo sobre la administración de justicia, comenzando con algunos de los problemas más importantes en determinadas provincias argentinas.
Durante la crisis argentina post diciembre de 2001, la ciudadanía expresó su rechazo al mal desempeño de las instituciones públicas. Exigió, en particular, un recambio en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este documento es un aporte para que la Corte recupere el lugar fundamental que el sistema democrático constitucional le asigna.
En este articulo del Informe Anual realizamos una reseña de estas actividades, adicionando información general sobre cuestiones conexas con los que fueron objeto de tratamiento.
En este capítulo analizaremos brevemente el estado de las reformas introducidas.
En este apartado nos referimos a la sanción de leyes, por parte del Congreso de la Nación, y a la remisión de proyectos legislativos enviados por el Poder Ejecutivo, directamente vinculados a la protección de alguno de los derechos fundamentales.
En este capítulo se presenta este panorama de la protección judicial de los derechos humanos como una forma de “monitoreo” que permita reconocer las culpas y responsabilidades de todos los partícipes en la violación de derechos.
Estos servicios congregaban en 1990 a cerca de seis mil personas entre abogados y otros profesionales y técnicos. Este desarrollo del derecho alternativo se produjo en contacto con organizaciones sindicales, de pobladores, campesinos, grupos de mujeres, aborígenes, víctimas de derechos humanos, niños.
Con la democracia instaurada en 1983, el nucleamiento y organización de la población villera ha ido en notable aumento. Sin embargo la vulnerabilidad de este sector social continúa siendo preocupante. Ello ha sido el móvil fundamental para la instrumentación en el CELS del Programa de Apoyo Jurídico Popular.